Tras la falta de pago de tres bonos bajo ley extranjera el viernes por USD 503 millones y el feriado tanto en Estados Unidos como en Argentina, se inicia hoy un folclore asociado al default cargado de tecnicismos legales y financieros pero también ya muy conocido. En las próximas horas, el International Swaps and Derivatives Association (ISDA) deberá reunir a su directorio para determinar si el país incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los CDS, es decir, los seguros contra default (credit default swaps, según las siglas en inglés)
El trámite podría ocurrir mañana mismo si es que hoy algún inversor presenta una solicitud para gatillar los CDS. Por el momento, eso se considera poco probable ya que el nivel actual de precios de los bonos argentinos no deja margen de ganancia, a menos que caigan precisamente por la declaración de default. De todos modos, el ISDA deberá determinar si la Argentina incumplió un pago y, por ende, está en default, aun cuando no exista ningún pedido de activación. En ese escenario, la decisión podría demorar hasta 30 días, lo que se superpone las negociaciones con los bonistas por la reestructuración y, eventualmente, con el acuerdo, ahora para salir de la cesación de pagos, si es que no se vuelven a estirar los plazos del proceso.
Claramente, no es la primera vez que el ISDA, la organización que agrupa a más de 900 bancos, fondos de inversión y otras entidades del mercado de derivados de todo el mundo cuya misión es definir el marco de referencia a través de la estandarización de los contratos, debe pronunciarse sobre el caso argentino.
La última vez fue en 2014, cuando no se logró un acuerdo con los fondos buitres que tenían sentencia judicial a favor, por lo que el Tribunal de Nueva York a cargo del fallecido juez Thomas Griesa, bloqueó los pagos del país, que cayó así en cesación de pagos.
No es la primera vez que el ISDA, la organización que agrupa a más de 900 bancos, fondos de inversión y otras entidades del mercado de derivados de todo el mundo cuya misión es definir el marco de referencia a través de la estandarización de los contratos, debe pronunciarse sobre el caso argentino.
Se produjo en aquella ocasión una situación inédita: en un primer momento, a las veinticuatro horas del incumplimento, los miembros del comité de determinación para América sentenciaron el default, lo que activó los seguros. Pero esa decisión que fue revocada a los pocos días por ese mismo comité, tras analizar las particularidades del caso.
En esa oportunidad, las variables eran más confusas. Si bien los acreedores que habían aceptado el canje de 2005 y 2010 no recibieron el 30 de julio de 2014 el pago de intereses correspondiente a los bonos Discount, tampoco se podía acreditar la existencia de una “moratoria” o “repudio” de la deuda por parte de la Argentina ya que sí se habían depositado los fondos correspondientes en la cuenta del Bank of New York (BoNY), que fueron luego bloqueados. De todos modos, la institución explicó en ese momento que “la falla que activa el pago de un evento de crédito” seguía existiendo, lo que habilitaba el cobro de los CDS por un total de USD 2.400 millones.
La situación actual es mucho más clara que en 2014. La falla que activaría ahora el pago es lisa y llanamente la falta de pago por parte de la Argentina. De acuerdo con un informe privado de la asociación de operadores Emerging Markets Trade Association (EMTA), a mayo de 2018 el volumen de CDS contra un default argentino sumaban más de USD 14.500 millones pero lo que cabe resaltar es que esos instrumentos son contratos entre privados, que no tienen ninguna injerencia sobre el proceso de reestructuración ni tampoco sobre las cuentas públicas del Estado argentino.
La decisión del ISDA respecto del caso argentino de los próximos días tiene algunas aristas particulares. Si bien en la organización están todos representados, desde los bancos que venden los seguros hasta los acreedores que los toman, pasando por supuesto por los grandes colocadores de deuda soberana, en la cúpula de la organismo sobresale un nombre: el de uno de los principales acreedores de la Argentina, al que el ministro de Economía eligió como interlocutor principal para confrontar en la negociación, Blackrock.
El presidente del ISDA es Eric Litvack, Managing Director del Société Générale mientras que el vicepresidente es Axel van Nederveen, Managing Director del European Bank for Reconstruction and Development. Tercero en la jerarquía, con el cargo de secretario de la entidad, se ubica Jack Hattem, managing director de Blackrock para el departamento de renta fija a nivel global.
En el resto del directorio está integrado por otros 25 altos ejecutivos de grandes bancos y fondos como Pimco, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deustche Bank o RBC Market Capital. Entre los miembros, en tanto, se destaca otro de los nombres célebres entre los acreedores de la Argentina, el de Elliot Management, el fondo buitre de Paul Singer que litigó durante años contra el país hasta que acordó, en 2016, el pago que determinó la salida del default de 2014.
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