Después de pasar el sábado de videoconferencia en videoconferencia con representantes de los comités de bonistas buscando posiciones para evitar que el “default controlado” de deuda externa en que la Argentina incurrió este viernes se transforme en un evento definitivo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, seguirá hoy y el lunes feriado del 25 de mayo conversando con los principales acreedores.
La misión que le encomendó el presidente Alberto Fernández es resolver la cuestión antes del 2 de junio, plazo de negociación fijado al anunciar la extensión de plazos respecto del deadline inicial del 8 de mayo.
Según información a la que accedió Infobae, Guzmán ofreció al comité liderado por BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo, una oferta de un “Valor Presente” de 45 centavos por dólar y del otro lado habrían rebajado su pretensión de los 60 centavos que habían pedido en su contrapropuesta del 16 de mayo a un valor que estaría entre 53 y 55 centavos.
Esas valuaciones, sin embargo, dependen mucho de la estructura de la oferta, que cada comité analiza a la luz de qué tipo de bonos tiene en su poder y de la “tasa de salida” on que evalúe la operación. La lógica financiera indica que cuanto mayor sea el alivio de deuda (y por ende, mayores los márgenes del deudor para cumplir con su nueva oferta) menor debería ser esa tasa de descuento intertemporal del valor de la oferta, pero los comités se mantienen firmes en su posición de evaluar las alternativas con una tasa de 10% teniendo en cuenta los “antecedentes” de la Argentina, que registra un historial de 8 defaults en los últimos 200 años.
En rigor, los Fondos cuentan ya 9 defaults, pues así califican la situación que se abrió el viernes, cuando el gobierno incumplió con el pago de un vencimiento de USD 503 millones de bonos globales al cabo de los 30 días de gracia corridos desde el vencimiento inicial, el 22 de abril.
Según Moody’s y The Economist, es default
Precisamente ayer, mientras Guzmán mantenía sus pulseadas digitales, Gabriel Torres, vicepresidente regional de la calificadora de riesgo Moody’s decía por FM Millenium que “la Argentina está en default”.
“Veo mucho que se menciona que es un default técnico. No lo es; Argentina tiene una historia en este tema y muchos piensan que no va a ser la última. Hay muchas razones por la que sucede. Sabemos que va a suceder este default desde mitad del año pasado, el primer paso fue del gobierno anterior cuando hicieron el default de corto plazo: un reperfilamiento para nosotros es un default, porque cambió las condiciones originales de la deuda”, dijo Torres.
En exacta sintonía, también ayer, The Economist recordó en un artículo que antes de asumir la presidencia Alberto Fernández había dicho que el país estaba en “default virtual”. Pues bien, según la influyente revista británica, el impago argentino de ayer “marcó el noveno default de la Argentina desde su Independencia en 1816: lo virtual devino real”.
La revista citó a su vez a “una fuente de Washington” según la cual “tomará algunas semanas, pero (el presidente, Alberto) Fernández reconoce que tiene que conceder y poner dinero sobre la mesa; la verdadera negociación comienza ahora, cuando la palabra default entró en juego"
Así, evaluadores, publicaciones especializadas y los propios bonistas definen la presente situación como default, aunque paradójicamente en los últimos días aumentó la “sensación de acuerdo” y se dio la paradoja de un aumento del valor de acciones y bonos argentinos justo cuando el país entraba en default.
Sin embargo, los bonistas no dan puntada sin hilo y son de tomar precauciones. Mientras conversan con Guzmán y ratifican –como este sábado lo hizo el Exchange Bondholders Group, al confirmar la existencia de un acuerdo de confidencialidad con el gobierno- su voluntad de acordar, también velan sus armas legales por si la negociación no llega a buen puerto.
Fondos de Inversión como BlackRock, Fidelity, Ashmore y los 18 fondos agrupados en el “Exchange Bondholders Group, que tiene como asesor legal a Dennis Hranitzky, el mismo que asesoró al inversor buitre Paul Singer, quien extrajo USD 2.400 millones tras litigar durante más de una década con la Argentina- tienen el asesoramiento de grandes estudios, como el neoyorquino White & Case.
El asesoramiento legal suele ir de la mano de movidas prácticas. Fidelity lo demostró a principios de año, cuando le torció la muñeca al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuyo gobierno, después de alardear que no lo haría, terminó pagando la segunda cuota del BP 21, un bono que había emitido el primer gobierno de Daniel Scioli.
Ashmore, en tanto –precisó el 12 de mayo pasado el influyente diario Financial Times- reforzó fuertemente sus posiciones en un eurobono que El Líbano defolteó a mediados de enero, para tener poder de veto sobre la eventual propuesta de restructuración que presenten las autoridades libanesas. Y BlackRock es el acreedor más exigente de los que enfrenta la Argentina. En suma, el gobierno no tiene enfrente nenes de pecho.
En las negociaciones de este fin de semana Guzmán tuvo como laderos al secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y al director por la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, de larga experiencia en estudios de abogados especializados en cuestiones financieras.
Uno de los puntos de fuerza que Guzmán y Chodos esgrimen cada vez que los fondos sugieren fórmulas que aumenten el valor de la oferta argentina,es el estudio de “sustentabilidad” del FMI, según la cual la Argentina no puede comprometerse a arreglos que signifiquen en algún punto un superávit fiscal –fuente última con la que adquirir los eventuales superávits de divisas necesarios para pagar la deuda- superior al 3% del PBI.
La propia directora-gerente del Fondo, la búlgara Kristalina Georgieva, ha dado varias señales de apoyo a la Argentina. Apoyo que, en todo caso, sería puesto a prueba en caso de que la Argentina no alcance un acuerdo con los acreedores.
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