Tres diputados de oposición, los patagónicos Francisco Sánchez (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) y el marplatense Juan Aicega, presentaron un proyecto de Reslución para que el Ejecutivo informe varias cuestiones relativas a la pesca ilegal. Son nueve puntos:
1- Cantidad de buques capturados pescando en infracción en el corriente año, por nacionalidad y por autoridad que efectuó la captura.
2- Cantidad de procesos administrativos y causas judiciales iniciadas por las infracciones.
3- Cantidad de procesos administrativos y causas judiciales concluidas.
4- Monto total percibido por el Estado en concepto de multas por infracciones.
5- Producto total de la venta de producción extraída, artes de pesca y buques decomisados.
6- Estrategia llevada adelante por la Argentina para prevenir infracciones.
7- Costo estimado para las FFAA y de Seguridad por la captura y escolta de un buque detectado en infracción en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
8- Cantidad de buques y aeronaves desplegados en aguas nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento del Régimen Federal de Pesca.
9- Composición prevista para 2020 del Fondo Nacional Pesquero y porcentaje destinado a financiar equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera.
Entre los fundamentos, los legisladores invocan recientes informaciones y denuncias sobre “más de 100 ingresos ilegales de buques pesqueros a la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina” a los que adjudican “daños biológicos y económicos calculados en 2500 millones de dólares” y “pérdidas por mercadería no declarada que pueden representar alrededor de US$ 14.000 millones anuales en la comercialización final de esos productos”, amén de “pérdidas de puestos de trabajo ya que las capturas ilegales se distribuyen en los mismos mercados donde comercializa legalmente la Argentina” e implica “competencia desleal”.
Esos daños, prosiguen, “contrastan con las insignificantes sanciones que enfrentan los buques capturados en infracción al Régimen Federal Pesquero”. La resolución también apunta a la “explotación no reglamentada de los recursos pesqueros en las áreas adyacentes” (la llamada “Milla 201”) a la ZEE de los estados ribereños de la región” y señala que “la incursión de flotas extranjeras ha excedido todo límite concebible e implica un riesgo real e inminente de depredación de las especies y el colapso de la biodiversidad en el área”.
El pedido de informe de los legisladores contrasta el alto costo que tiene para la Argentina la pesca ilegal de buques extranjeros con las insignificantes sanciones que enfrentan los que son capturados en infracción al Régimen Federal Pesquero
Además, en línea con comunicados de Prefectura sobre episodios de detección (y eventual captura o fuga) de infractores, los legisladores señalan que “los barcos que realizan estos ingresos ilegales tienen sus sistemas de identificación automática (AIS) apagados, lo cual atenta contra la seguridad nacional”.
El pedido de informes seña que según la ley de Pesca, el 20% del “Fondo Nacional Pesquero” debe asignarse a equipamiento y tareas de patrullaje y control policial de la actividad”, apunta que las sanciones quedaron desactualizadas y destaca “el coraje y dedicación con el que las FFAA y de seguridad se dedican a proteger los intereses vitales” que piden respaldar con “una adecuada coordinación interinstitucional, sumada a una política clara de protección de nuestros recursos”.
De poteros a tangoneros
El subsector más afectado por la pesca ilegal es de la pesca de calamar (los llamados “poteros”), pero ahora a las denuncias se sumó el de los “tangoneros”, dedicados a la pesca y procesamiento del langostino, el principal producto de exportación de la pesca argentina.
Dos Cámaras del sector enviaron una nota a los ministros de Producción, Matías Kulfas, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Trabajo, Claudio Moroni, a los gobernadores de Santa Cruz (Alicia Kirchner) y de Chubut (Mariano Arcioni) y a los secretarios de los gremios pesqueros, en la que describen la virtual quiebra del rubro y piden medidas (eliminación de Derechos de Exportación, suspensión de Anticipo de Ganancias y reducción de costos portuarios, del gasoil y salariales, entre otras) que permitan su subsistencia.
La nota explica que el sector de langostinos, que en 2005 exportaba apenas USD 74 millones, en los últimos 5 años exportó por casi USD 3.500 millones y en 2018 orilló los USD 800 millones, es de alto valor agregado (se vende en cajas de 2 kilos) e "hizo del producto langostino austral patagónico una marca mundialmente conocida”. Una suerte de “cordero patagónico” marino y ya internacionalizado.
El crecimiento del sector, dicen las Cámaras, se debió al aumento de los volúmenes de pesca y ventas externas (el langostino aporta cerca del 50% de las exportaciones pesqueras totales), que pasó de 20.000 a 220.000 toneladas entre 2005 y 2019. La mayor facturación, alegan, resultó en más empleo, ingresos de proveedores y del fisco, vía retenciones y otros impuestos, pero la rentabilidad se volvió negativa, al punto que los gastos representan hoy el 126% de la facturación (Gráfico).
Peor aún, dice, la nota, “más del 85% de la facturación de una marea se destina, y se paga antes de exportar, a los siguientes rubros: Derechos de Exportación, Salarios y Cargas Sociales, Combustibles, Estiba, Víveres, Ropa de Trabajo, Artes de Pesca, etc”.
El texto, firmado por Eduardo Boiero, titular de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y Damián Santos de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIA), dice que la flota “tangonera” está en riesgo (se han vendido buques para soportar pérdidas) y es crítica para realizar la “zafra” del sector, cuyos precios internacionales se redujeron de un pico de USD 12.000 la tonelada a 6.500 en los últimos años y a menos de 5.000 en la actualidad, debido a la crisis mundial por la pandemia de coronavirus.
En particular, la nota pide derogar las retenciones a la exportación (ya no tienen sentido, dice) y suspender el “Anticipo de Ganancias” que no hay y reducir el precio del gasoil (los buques españoles pagan 25% menos en dólares, precisa), costos portuarios y salarios negociados cuando el precio mundial del langostino estaba en su pico.
Además, dicen las Cámaras, “la mayoría de las empresas armadoras de buques pesqueros tienen en concepto de crédito fiscal proveniente de Recupero de IVA y de Reintegro a las Exportaciones cifras que superan ampliamente los importes adeudados al fisco, provocando una situación financiera sin salida”.
Si la flota “tangonera” y “congeladora” dedicada al langostino no opera, advierten CAPeCA y CAPIA y las pesqueras Conarpesa y Argenova, que adhirieron al texto enviado a ministros, gobernadores y sindicatos, habrá fuerte impacto en los puertos patagónicos, en especial en Puerto Madryn ( Chubut) y Puerto Deseado ( Santa Cruz).
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