
El Gobierno decidió no pagar hoy un vencimiento en bonos Global por USD 503 millones y prorrogar hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas para reestructurar una deuda de por USD 66.000 millones de dólares.
“No se va a pagar; porque este vencimiento se incluye dentro de los acuerdos de reestructuración que están en marcha. Por lo tanto, no sería un default declarado, sino algo suave y conversado entre las partes”, señalaron fuentes oficiales a Infobae.
Pero, ¿qué implica para Argentina entrar en default? Según Sebastián Maril, director de Research for Traders y especialista en deuda, “está de moda el concepto de default y su mal uso”. En ese sentido, identificó cinco tipos de cesación de pagos:
- Default Selectivo: implica no pagar algunas series de bonos emitidos por el Gobierno.
- Default Técnico: ocurre cuando hay un incumplimiento no financiero pero los pagos continúan.
- Default Estratégico: sucede cuando un emisor que puede pagar pero opta por no hacerlo.
- Default Duro: es la cesación de pago unilateral sin una negociación productiva con acreedores. Este caso implica falta de buena fe.
- Default Controlado: Reestructuración anticipada y negociada con buena fe para evitar la cesación de pagos. Este es el caso, según el especialista, en el que incurrirá Argentina a partir de este viernes.
No está escrito en piedra exactamente cómo debe seguir la negociación. Lo que está haciendo el Gobierno es mantener la oferta original que se presentó el 21 de abril. Ahora postergó la fecha para el 2 de junio. En ese marco, hoy vence el plazo para que los bonistas acepten o no la oferta y hay también un vencimiento de 503 millones de dólares. "Asumiendo que Argentina no paga este monto, lo que va a ocurrir es que automáticamente entre en default”, sostuvo Maril en declaraciones a Infobae.
Esto implica, según el especialista, que los tenedores de los bonos Globales emitidos por el gobierno de Mauricio Macri cuentan legalmente con el derecho a litigar en los tribunales de Nueva York. “Si quieren los acreedores, en caso de sumar un 25% de consenso, pueden activar las cláusulas de aceleración y demandar que se adelanten todos los pagos posteriores que incluyen los vencimientos, las tasas de intereses y las tasas de capital”, advirtió.
Aunque aclaró que no hay garantías que los acreedores lo hagan ya que no se descarta que el Gobierno ya tenga el guiño de ojos de los acreedores para no pagar pero sin que los bonistas litiguen, mientras continúa la negociación.
En ese sentido, el Gobierno tiene que asegurarse que no exista un grupo suficientemente grande de acreedores que quiera litigar. El ministro de Economía, Martín Guzmán, está negociando con tres grupos de acreedores que no se sabe cuánto representan del total de la deuda pero que forman un gran porcentaje. “Hay que ver hasta qué punto el gobierno tiene esa garantía de que no van a litigar”, planteó Maril.
Agregó que “la provincia de Buenos Aires ya tuvo un default y por ahora no ha habido ningún tipo de aceleración de pagos”, motivo por el cual no descartó que en caso de que Argentina no pague hoy, ocurra lo mismo y “en buena fe, ambas partes sigan negociando con tal de llegar a un acuerdo en los próximos treinta o sesenta días”.
Sin embargo, insistió al afirmar que a partir del lunes los acreedores tienen el derecho de acelerar los pagos. “Las negociaciones siguen muy lejos. Tarde o temprano las partes se van acercando. La pregunta es cuánto están dispuestos a ceder cada uno. Si no aceptan la segunda oferta, puede no haber voluntad para que se logre una tercera oferta”, señaló.

En tanto, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx dijo a Infobae que no pagar los USD 503 millones que vencen hoy, desde el punto de vista de la negociación no cambia tanto la situación en el corto plazo. “Es decir, el diálogo continuará y verán la forma de llegar a un acuerdo. En base a eso armarán o no una nueva propuesta. O ajustarán la vigente”, sostuvo.
Aclaró que si la negociación se prolonga demasiado en el tiempo puede generar algunos imprevistos, pero destacó que en el corto plazo “no debería haber alteraciones mayores”.
En línea con la mirada de Maril, Marx afirmó que los acreedores pueden llegar a considerar el default y llamar a una asamblea de bonistas para acelerar el pago de la deuda y, a partir de ahí, presentarse en tribunales y tomar medidas de protección. “Yo creo que la negociación continuará y hay razones para pensar que un acuerdo le conviene a todos”, aseguró.
A su turno, el economista de FIEL, Daniel Artana, también alertó que si algún inversor tuviera el 25% de una serie de bonos, que es lo que se necesita para acelerar el pago, “hay un riesgo importante” para el Gobierno.
“Argentina va a estar en default pero si llega la negociación a buen puerto va a haber un daño temporario. El default genera daños, pero si salís a las dos semanas no lo notas”, remarcó Artana en declaraciones a Infobae.
No hay que perder de vista que los tres comités de bonistas (Ad Hoc; el Comité de Acreedores, y el Argentina Exchange Bondholders) presentaron sus propuestas el viernes pasado a última hora y, en líneas generales, todas representan un valor presente neto de la oferta de entre 58 y 60 centavos por dólar nominal. La más agresiva fue la del primer grupo, que comanda el gigante Blackrock, pero en las últimas horas trascendió que estaría bajando las pretensiones y buscando adhesiones entre el resto de los fondos para aceptar una reducción del valor a 50 a 55 centavos por dólar.
En ese marco, Hans Humes, de Greylock Capital, un miembro prominente de un grupo de acreedores de Argentina, señaló que sería “muy difícil” para el país evitar una cesación de pagos. Sin embargo, consideró que el impago puede ser “curado” muy rápidamente.
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