Martín Guzmán ya había señalado que las conversaciones con los bonistas venían siendo “productivas” y que el Gobierno sería “flexible” para poder llegar a un acuerdo. Pero también del lado de los bonistas aparecieron señales concretas que apuntan a la misma dirección. Sin ir más lejos, el fondo más grande del mundo, BlackRock, tomó la posta ayer al dejar trascender que estaba dispuesto a bajar las pretensiones y facilitar el diálogo con el Gobierno.
La propuesta original presentada por Martín Guzmán tiene un valor de USD 40 por cada 100 nominales que se están estructurando. Pero en promedio las tres ofertas presentadas por los grupos de bonistas representan una exigencia de entre USD 58 y 60. Todo eso suponiendo un rendimiento futuro de los bonos argentinos (la denominada “exit yield”) del orden del 10%.
Existe apuro por llegar a un acuerdo de ambas partes. El principal motivo es que en caso de alargarse demasiado las conversaciones, podría dar lugar a la aparición de fondos “buitre”. Si esto sucede, ya no sería una negociación “técnica” sino que pasaría al plano “legal”. Para el Gobierno sería mucho más difícil cerrar un acuerdo y muchos acreedores tendrían que salir a malvender sus bonos.
De ambas posturas extremas no es muy difícil llegar a la conclusión que un acuerdo razonable podría estar en el medio de ambas, es decir en torno a USD 50. Y de hecho fue el valor que dejaron trascender desde BlackRock a través de la agencia Reuters. Allí hablaron que buscarán convencer a los fondos que integran el grupo de acreedores (denominado “Ad hoc”) para que acepten rebajar la propuesta a USD 50 o 55.
La Argentina precisa el acuerdo para salir de la crisis económica, lo cual sería imposible si se alarga el default. Y los bonistas prefieren recibir un bono que valorice sus tenencias antes que vendérselos a fondos “buitre” para que litiguen por largos años.
Detrás de esta jugada está Larry Fink, el CEO de BlackRock y uno de los hombres más respetados de Wall Street, con un patrimonio bajo administración de 6,2 billones de dólares (15 veces más grande que el PBI de la Argentina). Algunos consideran que se trata de una jugada “políticamente correcta” de alguien que incluso fue mencionado para ocupar el cargo del secretario del Tesoro estadounidense.
Lo cierto es que desde ambas partes precisan un acuerdo y que sea rápido. El Presidente Alberto Fernández dejó en claro cuál es su postura la semana pasada, cuando señaló: “No somos necios, no queremos un default”. Y ayer fue el propio Guzmán quien reconoció que recuperar el acceso a los mercados financieros será clave para que la Argentina pueda “volver a ponerse de pie”. Además, se mostró a favor de acelerar todo lo posible las negociaciones: “Lo antes que lleguemos a un acuerdo, mejor”.
El default podría incluso ser funcional en otro plano, al dejar contento al ala dura kirchnerista. No se pagarían los USD 503 millones que vencen el viernes ni se aceptarían los pedidos excesivos de los acreedores. Pero de ninguna manera eso significa que no se pueda llegar a un acuerdo días, semanas o meses más tarde.
Los bonistas tampoco apuestan a un default. Al contrario, siempre se manifestaron a favor de lo que comenzó a ocurrir luego del 8 de mayo: una verdadera negociación en vez de una oferta unilateral del Gobierno.
Prácticamente todos los fondos que participan de los tres grupos que negocian con la Argentina son de “dinero real”, es decir no realizan transacciones altamente especulativas ni están pensando el litigar. Pero sí buscan hacer valer las cláusulas de los títulos emitidos por la Argentina bajo ley internacional, que claramente les dan más protección que aquellos títulos colocados bajo ley local.
Pero el objetivo de los acreedores, a diferencia de lo que muchos pensaban hace algunas semanas, está lejos de recurrir a los tribunales para exigir que le paguen sus deudas. Sencillamente no es su negocio.
El pedido es recibir un bono que tenga la menor quita nominal posible, algo que Guzmán concedió en la primera oferta, que incluía una reducción de sólo 5,4%. Sin embargo, no aceptaron el resto de las condiciones: una rebaja del cupón de intereses del 7% al 2,3%, tres años de gracia para empezar a cobrar y que hasta 2023 no hubiera pago ni reconocimiento de intereses.
No será fácil, sin embargo, congeniar con todos los grupos de bonistas en simultáneo. Es posible, incluso, que se vaya dando un acuerdo por etapas. Según Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas, un canje exitoso no debería finalizar con una aceptación menor al 90%.
La existencia de dos especies de bonos totalmente distintas también vuelve más compleja la negociación. Quienes poseen bonos Par y Discount, del canje 2005, son más duros porque el Gobierno precisa una aceptación del 85% para meter a todos en la renegociación. En cambio, aquellos bonos “Macri”, emitidos a partir de 2016, tienen menor capacidad de litigar. Economía podría meter a todos en la renegociación si consigue sólo el 66% de aceptación.
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