El Gobierno seguirá negociando la deuda después del viernes para evitar un default total

A esta altura ya luce como algo inexorable: la Argentina caería en default el viernes. Salvo que Martín Guzmán dé un giro de 180 grados y decida pagar los intereses por USD 503 millones. Aún existe una probabilidad de que esto suceda, pero es mínima.

En caso de entrar en cesación de pagos no debería tratarse de una noticia dramática: las negociaciones del Gobierno con los acreedores continúan y se van acercando las posiciones. El propio Martín Guzmán resaltó el viernes que “hay un diálogo positivo” con los distintos grupos de bonistas. Un lenguaje que no existió en la etapa previa.

Pero a pesar de estos buenos augurios por lo que se viene, llegar antes del 22 a un acuerdo mayoritario sería un verdadero milagro. Los bancos piden por lo menos 48 o 72 horas de antelación para que los clientes indiquen si aceptan o rechazan la propuesta, por lo que en la práctica no hay tiempo para divulgar una nueva propuesta y que los bonistas elijan en sólo un par de días hábiles.

Básicamente, las contrapropuestas presentadas por los acreedores distinguen dos tipos de bonos emitidos por la Argentina. Por un lado los colocados durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de 2016 (están en manos de los grandes fondos, como BlackRock y Fidelity), y por otra parte los emitidos en el canje 2005 (allí aparecen jugadores como Gramercy y Fintech Advisory). Todo esto representa una complicación adicional en las negociaciones, ya que se supone que estos últimos brindan mayor protección a sus tenedores y por ende estarían en condiciones de exigir una mejor oferta que el resto. Sin embargo, esa diferenciación no estuvo presente en la oferta original, que vencía el 8 de mayo y luego se extendió.

En Wall Street piensan que las negociaciones tranquilamente podrían extenderse hasta el tercer trimestre o incluso podrían alargarse durante lo que resta de 2020.

El default tan temido podría no tener consecuencias graves y en buena medida ya se encuentra incluso descontado. Por ahora no hay peligro de que los acreedores decidan medidas extremas, como acelerar la deuda o aplicar las cláusulas de “cross default”. Si no toman ese camino, sólo entrarían formalmente en default los tres bonos que quedarían impagos el viernes, pero sin efecto sobre el resto de la deuda. Recién el 30 de junio el gobierno tiene que enfrentar otro pago de intereses: el de los bonos Par y Discount. Pero en este caso también habría 30 días adicionales de gracia para llegar a un acuerdo, o sea hasta el 30 de julio.

Todas las miradas de los inversores estarán puestas en la respuesta de Guzmán. ¿Mejorará lo suficiente la oferta original luego del masivo rechazo que recibió? Es inevitable que se trata de una propuesta superadora, que mejore el “valor presente” de los nuevos bonos. El tema es hasta qué punto estarían dispuestos a estirarse.

Durante toda la semana, tanto el ministro como el Presidente dieron muestras de estar dispuestos a negociar. “No somos necios, no queremos el default”, declaró Alberto Fernández. Y Guzmán aseguró que está dispuesto a analizar todas las combinaciones de quita de capital, período de gracia y cupones de interés que sugieran los bonistas. Siempre y cuando no peligre la “sostenibilidad” de la deuda a futuro.

El FMI será un actor clave en este proceso, aunque por ahora tuvo poca injerencia. Sin embargo, desde el organismo ya le dejaron claro al Gobierno que apoyan una reestructuración, pero no ven con buenos ojos un nuevo default de la Argentina.

El escenario de un default total, pero con negociaciones serias en marcha, es a esta altura el más deseado. La opción de defaultear y al mismo tiempo “patear el tablero” de las conversaciones con acreedores sería obviamente mucho más complejo.

La crisis económica generada por la cuarentena le jugó a la Argentina a favor y en contra a la hora de negociar. Por un lado, suena más razonable el pedido de un período de gracia para el pago de capital e intereses. La economía precisará tiempo y sacarle la mochila de la deuda para recuperarse. Pero al mismo tiempo los efectos devastadores de la pandemia en la actividad comprometen mucho más al Gobierno, que arriesgaría demasiado con un “default duro”, o sea dejar de pagar y pelearse con los bonistas al mismo tiempo.

Ya el precio de la incertidumbre ha sido elevadísimo. El dólar libre subió más de 60% en dos meses, pasando de $80 a más de $130. La brecha cambiaria ya está en el 100% y el Banco Central sigue perdiendo reservas a pesar de que se está atravesando la temporada alta en materia de liquidación de la cosecha gruesa. En el medio, el BCRA acelera la emisión de pesos para salir a cubrir a personas y empresas que entraron en profunda crisis por la paralización de la economía.

Además, la economía está en caída libre. En Estados Unidos, las ventas minoristas disminuyeron 17% en abril y fue un descalabro. Pero en Argentina la merma superó el 60%, es decir magnitudes difíciles de encontrar en otros lugares del mundo. Las últimas estimaciones de consultoras y bancos estiman que el PBI podría caer dos dígitos, o sea alrededor de 10%. Una caída similar a la del 2002.

Ir a un default liso y llano representaría un alto riesgo para Alberto Fernández y los largos tres años y medio de su presidencia. Sin arreglo a la vista, el Central continuaría perdiendo dólares, mientras se verá obligado a emitir una montaña de pesos en medio de la crisis. La peor combinación. El peligro de un desborde inflacionario estaría a la vuelta de la esquina, junto con un aumento aún mayor de la pobreza y desocupación.

En Casa Rosada son conscientes de estos grandes desafíos y así lo demostraron en las últimas declaraciones públicas. El peligro es quedar en un limbo: ir a un default pero seguir negociando sin demasiada convicción. Esto alargaría por mucho tiempo la agonía y el costo de la gran incertidumbre generaría nuevos estragos en la economía.