
El Gobierno analizará las propuestas de los bonistas que le llegaron esta noche con un delicado equilibrio, porque una resulta más compatible con sus principios, pero la otra, de BlackRock, es importante para llegar a un acuerdo con alta aceptación.
Al parecer, hay unos 10 dólares de diferencia entre las dos propuestas: la de BlackRock estaría entre 60 y 65 y la del resto en 52 dólares, con una tasa de salida del 10 por ciento.
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“¿Una solución salomónica?: que la tasa de salida se tome al 9 por ciento y se arregle con todos", expresó un banquero optimista.
Pero podría suceder que, en una primera etapa, el fondo más importante de Wall Street quede como holdout si el Ministerio de Economía cierra con los demás.
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Fuentes involucradas en la negociación indicaron a Infobae desde Nueva York que quedó abierta una grieta entre BlackRock –el mayor fondo inversor de Wall Street– y, por el otro, el grupo de Greylock, con Hans Humes a la cabeza, y los agrupados en torno a Monarch, que ya participaron en los canjes de 2005 y 2010.

La valuación de la primera propuesta ronda los 65 dólares y la segunda está en torno de los 52 dólares.
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Estos últimos señalan a BlackRock por su posición supuestamente más dura. La negociación con este fondo estaría más complicada por los cruces verbales entre su negociador, Gerardo Rodríguez, y los funcionarios de Economía. Y luego se tensó más cuando Economía filtró la propuesta que presentaron a principios de abril.
En cambio, los otros dos comités trabajan en forma coordinada con el asesoramiento del banco UBS, indicó la fuente.
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La idea sería acortar el período de gracia de 2023 a 2022 y, a los tenedores de los bonos de los canjes 2005 y 2010, no aplicarles una quita de capital. Cabe recordar que la oferta original tenía un haircut del 5,5% en promedio, que no se la aplicaría a quienes ya pasaron por ese recorte en el pasado, tal como lo pidieron esta semana en un comunicado.
Habrá que ver qué ocurre finalmente con los cupones, que arrancaban en el 0,5% y subirían al menos medio punto porcentual y, además, con los intereses devengados, que no se iban a pagar. En la propuesta de Humes, se planteó que estos intereses se paguen con un bono a cinco años, según fuentes de ese grupo.
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Si no se llegara a un acuerdo con todas las partes, el Gobierno podría hacer un canje con los acreedores más moderados, aunque no alcance el umbral mínimo en todas las series, tal como se planteó en la oferta presentada ante la comisión de valores de los Estados Unidos.
Así, quedarían holdouts que, o podrían esperar a que se mejore la oferta, o iniciar el camino de una demanda, como es el caso de BlackRock con el estudio que lo representa, White & Case. La preparación de esta potencial demanda está en manos de los abogados Brian Pfeiffer y Tomas MacWright, que reemplazaron al veterano Ian Clark y tienen una postura “agresiva” según indicaron las fuentes de Nueva York.
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El Gobierno sabe que, si este fuera el camino elegido, puede comenzar, en el mediano plazo, a sufrir fallos en contra, pero no cree que se aplique una decisión tan dura como la que adoptó el juez Thomas Griesa cuando le impidió al Gobierno pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes hasta tanto no acordara con los holdouts, según fuentes oficiales.
Desde el sábado pasado, luego de que Alberto Fernández le ordenara negociar al ministro, se sucedieron los contactos y las contraofertas llegaron anoche. Los hombres del sistema financiero más cercanos a Presidente le han subrayado que, con ligeras concesiones, puede llegar a un acuerdo y recuperar la iniciativa en temas más proactivos.
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En el equipo económico juran que no hay ningún obstáculo para acordar por parte de los sectores más duros de la coalición gobernante, liderados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocupada por su agenda judicial.
Lo que no se sabe es qué ocurrirá con el ministro Martín Guzmán. Claro que su suerte dependerá de cómo cierra el acuerdo, pero algunos sectores del peronismo ya están impulsando su reemplazo por Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro en la segunda presidencia de Cristina, para la “agenda que se viene”, por su pragmatismo y su capacidad de comunicar, dentro y fuera del Gobierno.
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