La negociación de la deuda está más cerca de cerrarse luego de las propuestas que les transmitieron los acreedores privados al Gobierno, en un contexto de lógico hermetismo de ambas partes.
El equipo económico quiere cerrar este capítulo en forma prolija, pero rápida, para poder esbozar a fines de este mes cuál será la agenda de políticas públicas más allá de la deuda, según fuentes oficiales.
El día elegido para dar a conocer esa estrategia de mediano plazo, si se cerrara este acuerdo de la deuda, sería el 25 de mayo, fecha patria y de importante significado en la historia del oficialismo, ya que ese día, hace 17 años, Néstor Kirchner asumía la presidencia.
En este sentido, algunas señales las brindará hoy el ministro Martín Guzmán, cuando hable en forma virtual ante el Council on Foreign Relations, un poderoso think tank liderado por Richard Haass y que reúne a inversores, diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos y analistas.
Es posible, arriesgaron fuentes privadas, que el funcionario tenga un discurso menos combativo que el que desarrolló la semana pasada en el seminario virtual de la Universidad de Columbia, cuando todavía el canje no había fracasado.
En tanto, fuentes de los grupos de bonistas indicaron a Infobae desde Nueva York que “se está cerrando un acuerdo”, aunque no quisieron brindar precisiones de los nuevos términos de la oferta ni de los plazos del acuerdo, luego del fuerte rechazo que cosechó el primer canje, superior al 80 por ciento.
Algunas cosas sí dejaron en claro:
-La contraoferta debe ser manejada con absoluta confidencialidad por el Gobierno, luego de que el Ministerio de Economía filtrara la semana pasada la propuesta preliminar de BlackRock, el principal fondo inversor de Wall Street. Debe haber un compromiso por escrito en este sentido.
-Este es el momento de negociación entre los diferentes grupos de acreedores -los que tienen bonos 2005 y 2010 y los que tienen títulos del 2010- para compatibilizar una sola oferta, tal como lo reclamaran el presidente Alberto Fernández y el ministro. Los primeros ya reclamaron no sufrir una doble quita.
-El punto más relevante en el que el Gobierno debe ceder es en el no pago de intereses durante 3 años. Al menos, debe otorgarles un cupón por estos intereses devengados y, de máxima, algún pago en efectivo, más difícil de imaginar.
-Nadie quiere hablar de cifras, pero en el sistema financiero juran que la diferencia entre ambas partes no supera los 10 dólares.
-El acuerdo de extensión de plazos (standstill), es difícil de acordar en poco tiempo, pero aparece como la mejor solución para negociar “con un paraguas”, es decir, sin amenazas de juicios, durante algunos meses.
Hay dos discusiones centrales: cómo se compatibiliza la propuesta para los bonistas que ya sufrieron una quita en 2005 y 2010 con la de los que tienen bonos del 2016; y cuáles serán las concesiones finales que hará el Gobierno, más allá de su discurso de barricada, para no mostrar un acuerdo como si fuera una derrota política.
Desde el sábado pasado, luego de que el Presidente le ordenara negociar al ministro, se sucedieron los contactos y las contraofertas llegaron en forma desordenada, pero llegaron. No está claro si se cerrará un trato antes del 22 de mayo, cuando el Gobierno debe pagar unos 500 millones de dólares en bonos globales.
Algunos banqueros afirman que la diferencia entre ambas partes es escasa: los bonistas piden 55 dólares de valor presente neto y el Gobierno ofrece 47, con una tasa de salida del 10 por ciento.
“Estoy mucho más positivo que hace una semana porque al Gobierno le cayó la ficha luego del canje y el Presidente entendió que tiene que negociar y acordar. El lenguaje verbal y corporal de ambas partes es en favor de un acuerdo, no de una pelea”, expresó el ejecutivo de un banco internacional.
No resulta fácil, acotó, que los bonistas se pongan de acuerdo entre sí, porque en todas las negociaciones soberanas, el deudor negocia antes de hacer un canje, no después, ni deja a sus acreedores la responsabilidad de que formulen una propuesta. Que los abogados y asesores financieros de tres comités de bonistas se pongan de acuerdo, obviamente, tampoco es sencillo.
Los bonistas y el Gobierno prefieren seguir jugando en las esquinas y asegurar que la distancia es mayor a los 10 dólares, aunque sin dar otras precisiones.
Pero el clima que predomina en el exterior sigue siendo constructivo, aunque la provincia de Buenos Aires haya caído en default ayer y que varios fondos tengan bonos de ambas jurisdicciones.
Hay dos cuestiones que se discuten en forma simultánea: cómo se compatibiliza la propuesta para los bonistas que ya sufrieron una quita en 2005 y 2010 con la de los que tienen bonos del 2016; y cuáles serán las concesiones finales que hará el Gobierno, más allá de su discurso de barricada, para no mostrar un acuerdo como si fuera una derrota política.
Los negociadores más experimentados esbozan una sonrisa cuando escuchan estas posturas extremas y afirman que la decisión de no acordar en este contexto solo podría basarse en una cuestión ideológica o en cálculos políticos, pero no en las diferencias técnicas.
Los hombres del sistema financiero más cercanos a Presidente le han subrayado que, con ligeras concesiones, puede llegar a un acuerdo y recuperar la iniciativa en temas más proactivos.
A la vez, un acuerdo le permitiría al Gobierno suavizar la actual suba del tipo de cambio paralelo, que cada día agranda más su brecha con el oficial, con un efecto todavía imprevisible sobre la estabilidad del sistema financiero local.
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