Tras las mejoras que se habían alcanzado en el mercado de trabajo durante los primeros años de gobierno kirchnerista, luego de la crisis de 2002, la última década estuvo marcada por una alta precariedad laboral, un aumento del subempleo inestable y un incremento de las brechas de desigualdad. Y la peor noticia es que esta situación, devenida en estructural para la Argentina, se verá agravada por las medidas que debieron ser adoptadas en el marco de la pandemia.
Así lo refleja un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) al que accedió en exclusiva Infobae, que analiza lo sucedido entre 2010 y 2019 en el mercado de trabajo en los principales centros urbanos de todo el país y que se titula “Fragmentación y precariedad laboral en los trabajadores urbanos”. Los datos surgen de la misma encuesta que la institución realiza desde 2004 y que abarca a 5.700 hogares.
El informe afirma que en la última década casi se estancó la generación de empleo de calidad, lo que generó pequeñas variaciones de la desocupación y un incremento del subempleo inestable en la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas.
Durante esos años, disminuyó la proporción de trabajadores con pleno empleo de derechos (pasó del 43,8% a 41,8% del total de activos) y la desocupación cayó del 11,4% al 10,6%. Pero lo que, según los investigadores, es el dato más relevante de la década es el aumento del subempleo inestable, al realizar changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación, que trepó del 9,7% en 2010 al 20,7% en 2019.
“El mayor problema es la precariedad laboral, el subempleo inestable. Lo que esto reafirma es que la situación en la Argentina con respecto al mercado de trabajo es estructural. Algunas políticas económicas pueden agravar o aliviar un poco la situación, pero hay cuestiones estructurales de las cuales no pudimos salir durante décadas”, afirmó el investigador Eduardo Donza.
Con respecto a lo que puede ocurrir tras el Covid-19, el informe hace una mención a que en la actual coyuntura, “se agrava la situación de precariedad laboral experimentada por un número importante de trabajadores. A esto se suma la obligada suspensión de actividades de gran parte del sector productivo formal de la economía y de innumerables trabajadores por cuenta propia profesionales y no profesionales, generándose una significativa pérdida de ingresos propios y del sistema de recaudación”.
El ODSA realizó una encuesta en los hogares del Conurbano y Capital Federal exclusivamente sobre el impacto del coronavirus en los trabajadores y los resultados se darán a conocer la semana próxima. Sin embargo, el director del instituto, Agustín Salvia, adelantó a este medio algunas cifras preliminares.
Entre ellas, la encuesta refleja que un 25% de las personas sigue trabajando normalmente; un 27% lo hace pero menos horas; un 41% de los trabajadores está suspendido o con licencia por pertenecer al grupo de riesgo; y un 6% perdió el empleo. Al analizar los datos por región, mientras que en el conurbano 7% perdió el trabajo, en CABA el porcentaje se reduce a 3%.
En los hogares de obreros o cuentapropistas formales, el 62% está suspendido o perdió el empleo (8% ya no tiene trabajo), mientras que en los sectores informales, ese porcentaje asciende al 90%, de los cuales el 8% perdió el trabajo. En materia de ingresos, el 5% registra más que antes de la cuarentena; 29% respondió que sus ingresos no cambiaron; el 47%, que se redujeron; y un 17% dijo que directamente no tuvo ingresos. Pero el porcentaje que no cobró nada en CABA es del 10%, contra el 19,5% en el conurbano.
“Creo que si bien estos datos son el efecto de la cuarentena, lo que más me preocupa es cuánto de este efecto se constituye en estructural en el corto y mediano plazo. Y eso es muy fácil que ocurra en segmentos de trabajadores informales o que están precarizados de la pequeña y mediana firma informal, o los cuentapropistas independientes no calificados, sobre todo residentes en el Conurbano”, manifestó Salvia, al agregar que la situación es grave porque implica un empobrecimiento general y un aumento de la brecha de desigualdad.
De acuerdo con el informe del ODSA, las brechas de desigualdad se observan en todo el período considerado (2010-2019); a mayor vulnerabilidad social, económica y del área de residencia, aumenta marcadamente el subempleo inestable y la desocupación. Al mismo tiempo, dice el documento, disminuye el empleo de calidad y, en menor medida, la incidencia del empleo precario. En relación con las características individuales, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, las personas de bajo nivel educativo y los ocupados en el sector microinformal presentan situaciones desfavorables con respecto a la calidad del empleo.
Respecto al porcentaje de trabajadores en riesgo de desempleo, que declararon haber estado desocupados por lo menos una vez en el último año, inicia la década con 24,6% y fluctúa con una tendencia en alta para culminar, en 2019, en el 28,3%.
La pérdida en la capacidad de compra de los ingresos laborales y la disminución de la cantidad de horas trabajadas son los factores que supuestamente incidieron en un incremento casi sistemático del porcentaje de trabajadores que demandan trabajar más horas. Entre 2010 y 2019, ese número escaló del 23,8% al 32,8% de los ocupados. A su vez, en toda la década se mantuvo en valores elevados el deseo de los trabajadores de cambiar de trabajo: paso de 25,2% a 23%, precisó el documento del Observatorio.
Otro de los datos sobresalientes de la encuesta es la proporción de ocupados en el sector micro informal de la estructura productiva (actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal). Es un indicador indirecto de la heterogeneidad en la estructura productiva, y pasó del 45,9% de los ocupados en 2010 al 49,1% en 2019.
Por otra parte, entre 2010 y 2019 aumentó levemente el porcentaje de trabajadores sin aportes al Sistema de Seguridad Social, al pasar de 47,7% a 50,1%. Según el informe, las brechas de mayor carencia de aportes se observan, para todos los grupos de trabajadores, en los estratos socio-ocupacionales y niveles socioeconómicos más bajos; los residentes de ciudades que no son Buenos Aires; las mujeres; los jóvenes; los que poseen el secundario incompleto y los trabajadores del sector microinformal. Además, en 2010 el 33,7% de los trabajadores no contaban con cobertura de salud nominativa y solo disponían del hospital público ante un problema de salud, porcentaje que se elevó al 35,5% en 2019.
Por otra parte, la media de ingresos laborales mensuales disminuyó en los últimos diez años de $30.635 a $25.693 (pesos constantes del tercer trimestre de 2019), y la capacidad de compra de estos ingresos disminuyó en un 16,1 por ciento, reflejó el ODSA.
Al explicar los resultados del informe y las conclusiones a las que llegaron, Donza manifestó que la macroeconomía incide directamente en la estructura productiva y, por ende, en la calidad del empleo. A partir de 2001, las mejoras económicas y del mercado laboral fueron muy importantes, pero se estancaron hacia fines de esa década. Y luego llegaron las sucesivas devaluaciones, de 2014, 2016, 2018 y 2019, años en los que se resintió la producción y también el mercado de trabajo. “Los argentinos tenemos los viejos problemas que nunca hemos podido resolver, problemas que son independientes de los gobiernos, y que pueden agravarse o mejorarse, pero siempre dentro de ciertos límites. El techo lo da la estructura productiva focalizada en el mercado interno”, precisó el investigador.
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