Edenor y Edesur deberán pagarles $8.000 a casi 13.000 usuarios por no haberles dado respuesta a sus reclamos

Las empresas concesionarias de electricidad abonarán $108 millones en concepto de multa que serán acreditados en las cuentas de los clientes involucrados

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La multa es por reclamos
La multa es por reclamos que no se respondieron entre 2015 y 2019

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, con una multa de $108 millones “por su falta de respuesta a una serie de reclamos pendientes de resolución" por falta de servicio. De ese monto, $101 millones corresponderán a Edesur y $7 millones a Edenor.

Mediante las resoluciones 30, 31 y 32, el ENRE resolvió que esas empresas concesionarias “deberán acreditar las multas en las cuentas de los usuarios y usuarias involucrados”. Según informó Télam, estas resoluciones tienen como fin brindar respuesta a más de 12.700 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior y que abarcan el período desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2019.

Los usuarios recibirán $8.000 en
Los usuarios recibirán $8.000 en sus cuentas

Con esta multa que se tiene que depositar en sus cuentas, los clientes de cada una de las compañías recibirán un promedio de 8.000 pesos.

Asimismo, según se informó, el organismo regulador “se propone restablecer las instancias de participación”, para lo cual fortalecerá su relación institucional con la Comisión de Usuarios del Ente, con organismos del Estado y de la sociedad civil y la ciudadanía.

Las resoluciones “se enmarcan en un conjunto de medidas que promueve la Intervención del ENRE con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica y los derechos de los usuarios y usuarias del servicio”, se informó en un comunicado.

Por la pandemia cambiaron la
Por la pandemia cambiaron la forma de medir el consumo

Aunque estas multas se refieren a acciones de las compañías en los cuatro años de la gestión Cambiemos, se está analizando también el último corte de servicio de magnitud que registraron las dos concesionarias ocurrido en febrero pasado.

En medio de la ola de calor que azotaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi 41.000 usuarios de Capital y el área metropolitana quedaron sin servicio eléctrico. Según informó en aquella oportunidad el ENRE, dentro del área de concesión de Edesur, que presta servicios de distribución de energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y doce partidos de la provincia de Buenos Aires, las áreas más afectadas fueron Villa Luro, Lanús Oeste, Temperley, Parque Patricios, Caballito, Balvanera, Gerli y José Mármol, hubo alrededor de 38.339 usuarios afectados. A su vez, la zona que corresponde a Edenor, que abarca 20 partidos del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Ciudad, el ENRE dio cuenta de la presencia de 2.416 usuarios afectados.

Tarifas

Días atrás el ENRE modificó la fórmula para la estimación del consumo de usuarios residenciales, por lo que las distribuidoras Edenor y Edesur deberán realizarla teniendo en cuenta el menor registro de los últimos tres años correspondiente al mismo período.

El organismo señaló que, en el marco de la cuarentena determinada por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia de coronavirus, el objetivo es “brindar certeza ante los problemas generados por errores de facturación de Edenor y Edesur”. Así, mediante la Resolución 27/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el ENRE instruyó a esas empresas distribuidoras a que “realicen la estimación del consumo de usuarios y usuarias residenciales utilizando el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de estimación de los últimos tres años”.

Aunque ahora las tarifas están
Aunque ahora las tarifas están congeladas, la Justicia ya dijo que eso no es justificación para una caída del servicio

A su vez, el artículo 2º de la medida aclaró que “tendrá vigencia hasta que se normalicen las tareas de lectura de medidores”.

Por otra parte, la normativa dispuso que “las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos y posibilidades de los usuarios y usuarias”.

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