
El desayuno de trabajo del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la residencia de Olivos fue el inicio formal de un proceso de diez días cruciales en los que el gobierno prorrogará el período de negociación de la deuda e intentará aumentar sustancialmente los niveles de aceptación de los acreedores.
El nuevo período incluirá la necesaria comunicación oficial del gobierno a la SEC, el regulador de los mercados bursátiles de EEUU, sobre la prórroga del período de respuesta a la oferta, amén de su necesario retoque, lo que a su vez demandará un intenso trabajo técnico, financiero y legal para conseguir porcentajes de consentimiento sustancialmente mayores a los que tuvo la propuesta inicial que -aunque el gobierno no comunicó oficialmente los resultados- hasta el cierre de ayer estuvo muy lejos de los mínimos requeridos para poder modificar las cláusulas de los distintos tipos de bonos y evitar lo que el mercado ha dado en llamar "un default duro”.
El Gobierno insistirá en su posición de negociador de “buena fe”, que busca evitar el default y en que los acreedores muestren sus cartas y presenten contraofertas con “sentido común” y que atiendan el criterio la “sustentabilidad” de la deuda a largo plazo.
Para que se activen las cláusulas de acción colectiva (CACs) y evitar así tener holdouts, el Gobierno debería lograr, en el caso de los bonos K (emitidos durante el kirchnerismo), el 85% del total y el 66,6% de cada título; y el 66,6% del total de los bonos M (emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri) y el 50% de cada uno.
El Gobierno insistió en las últimas horas en que ayer se cerró una etapa, pero que sigue abierto el diálogo. En este sentido, el presidente Alberto Fernández recibirá al ministro Guzmán por la mañana en la residencia de Olivos y allí discutirán la casi segura prórroga de la negociación.
Lo lógico, dicen los analistas, sería que no se avance en el cierre de la operación y que se postergue ese plazo hasta lograr mayor aceptación. ¿Qué sentido tendría efectuar un canje de títulos la semana próxima, si en poco tiempo la oferta podría ser mejorada y el Gobierno debería, entonces, volver a cambiarle los títulos a esos bonistas?
¿Qué sucederá a partir de hoy entonces? El equipo económico seguirá negociando con los acreedores, de quienes espera que presenten contrapropuestas, y el mercado descuenta que si se quiere evitar el default, habrá una mejora en el corto plazo. Hay tiempo hasta el 22 de mayo, día en el cual vencen los 30 días de gracia del vencimiento por USD 503 millones de los cupones de los bonos globales.

Las opciones son: a) llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas, b) llegar al 22 sin acuerdo y cerrarlo luego de esa fecha, aún teniendo un evento de default -que los analistas aseguran que podrían enmendarse si luego hay arreglo- o c) firmar un standstill para seguir negociando durante los próximos meses sin que la Argentina caiga técnicamente en cesación de pagos.
“Ahora van a ir a negociar para ver si llegan a las mayorías dispuestas en las CACs. La apuesta es salir a sumar más gente, y ahí dependerá un poco de capacidad negociadora que quede. Se abre un signo de interrogación en ese sentido”, dijo un economista cercano al Gobierno.
Consultado sobre la etapa que viene, Javier Timerman, managing partner de AdCap, señaló a Infobae que “el Gobierno debería ser más agresivo y hablar con diferentes acreedores, en lugar de concentrarse únicamente en los tres comités. Si consiguen un acuerdo más o menos razonable con una masa de acreedores que tienen influencia en Wall Street, ellos pueden luego convencer y meter presión a los fondos más grandes (real money)”. Además, consideró que las autoridades deberían explicar cuál es el plan para los próximos dos años, luego de la cuarentena y que si bien el tiempo es corto, es suficiente para llegar a un arreglo.
Por su parte, Diego Ferro, CEO del hedge fund M2M Capital, remarcó que es muy difícil dar una imagen de firmeza cuando se plantea todo el tiempo desde el Gobierno que se quiere evitar a toda costa el default. “Los inversores creen que pidiendo más de lo que Argentina ofrece, la que se va a mover es la Argentina, y ésa es la crítica que tengo desde hace rato de cómo está siendo vendido el canje”, remarcó Ferro.
Para él, el problema de la deuda se va a solucionar, si el Gobierno mejora la oferta. “Una de las cosas que tendría que hacer es usar documentación más favorable a los acreedores; pretender tener términos legales agresivos no tiene lógica. Por otra parte, no pagar intereses acumulados parece bastante de mal gusto. También se puede incorporar algún producto que refleje que si las cosas están bien, en el futuro vas a poder pagar un poco más. Eso demostraría buena voluntad”, dijo el titular del fondo.
Los próximos días serán clave para determinar cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno de cara a lograr un acuerdo y evitar el default. Las cartas están echadas y los fondos comenzarán a actuar una vez que Guzmán formalice los resultados de este primer intento de canje.
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