Martín Guzmán tiene derecho a modificar las características del canje de deuda incluso luego de finalizada la operación. El ministro de Economía podría utilizar esta herramienta para retocar el resultado de la renegociación que está en marcha con un objetivo: forzar el ingreso a la misma de aquellos que decidieron no participar. Esto podría ser un argumento de peso para inclinar la balanza a su favor, sobre todo si se decide extender el plazo de negociación hasta el 22 de mayo, última fecha que tendría el Gobierno para evitar el default.
El tema ya despertó fuertes polémicas entre las asociaciones de bonistas. Los acreedores consideran que esta cláusula que aparece en el prospecto es forzada y finalmente ilegal, por lo que podrían recurrir a los tribunales para que la se deje sin efecto.
¿De qué se trata la facultad que tiene Guzmán para avanzar con un “re-diseño” de la operación, tal como aparece en el prospecto? Básicamente consiste en la posibilidad de borrar del canje algunos bonos que tuvieron poca aceptación de los bonistas y dejar a los que consiguieron una adhesión mayor. De esta forma, eliminando a los papeles que consiguieron un resultado más flojo, el grado de aceptación final del canje podría subir significativamente respecto a los valores logrados originalmente.
El nivel de participación en el canje no es una cuestión trivial o anecdótica. Conseguir determinadas mayorías permite incluir en el canje a los “holdouts”, es decir aquellos que originalmente decidieron quedarse afuera. Es, de hecho, el mayor peligro que tiene esta operación para los bonistas que no acepten participar: que el Gobierno logre sumarlos contra su voluntad y que, encima, reciban un bono mucho más largo respecto a los que ingresaron originalmente. Por ejemplo, si un inversor posee un Global 2021 podría optar por un nuevo papel al 2030. Pero si no lo hizo originalmente, Economía podría asignarle el nuevo título que se emitirá al 2047.
Guzmán se reservó el derecho de definir qué bonos incluye y cuáles no en el canje, incluso una vez que finalice la transacción. Los acreedores consideran que este “re-diseño” permite la manipulación de los resultados y por lo tanto es ilegal
Según las presentaciones realizadas por los consorcios de acreedores, este “artilugio” que se reservó Guzmán es una estrategia para terminar manipulando el resultado del canje. Al dejar fuera algunos bonos, la aceptación podría trepar al 66,6% en el caso de los “bonos Macri”, es decir aquellos emitidos a partir de 2016. Las Cláusulas de Acción Colectiva de estos títulos permiten justamente frenar la acción de posibles fondos “buitre”, que aún con una tenencia escasa de títulos pueden litigar contra el país y avanzar con embargos, como ha sucedió en el pasado.
En el caso de los bonos Discount y Par, que fueron emitidos en el canje del 2005, las cláusulas protegen más a los acreedores, ya que requieren de mayorías que van del 75% al 85%. Es decir que resultaría mucho más difícil hacer entrar por la “ventana” a aquellos que decidan no participar de esta transacción. Esto es lo que explica por qué durante todo el proceso previo estos bonos cotizaron siempre varios dólares por encima del resto de la deuda argentina. Se supone que será más difícil que el Gobierno consiga las mayorías que requiere y además sus tenedores conservan más derechos que con los bonos emitidos a partir del 2016.
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