El Gobierno endurece más el cepo y le pone un candado al dólar libre

El lunes a las 2 de la tarde tendrá lugar un “webcast” entre un grupo de acreedores de la Argentina, que concentran alrededor del 15% del total de la deuda que planea reestructurar el Gobierno. En ese encuentro buscarán evacuar dudas de otros inversores, incluyendo minoristas, sobre los detalles de la propuesta tanto desde el punto de vista técnico como legal. Pero el mensaje que transmitirán ya fue consensuado. “Este grupo cree que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual”.

Si bien hay tiempo hasta el próximo miércoles para definir si los tenedores de títulos aceptan o no la agresiva propuesta de canje de Martín Guzmán, en la práctica habría tiempo para seguir negociando hasta el 22 de mayo, que es cuando vencen USD 500 millones de intereses de los bonos que no se pagaron el 22 de abril.

Es muy posible que todo quede en un “limbo”: si bien una parte de los bonistas concurrirá al canje, una proporción importante no lo aceptará. Con lo cual la nueva deuda comenzaría a cotizar en forma normal, pero una gran proporción de bonos terminará en default. En el canje de 2005 el grado de aceptación de la propuesta (también agresiva) de la Argentina había llegado a 76,15%. Hoy esa vara luce demasiado alta.

En Wall Street descuentan que las negociaciones continuarán varios meses luego de cerrada la transacción hasta llegar a un acuerdo final. Sería una locura, interpretan, que ante la gigantesca caída que sufrirá la Argentina en medio de la cuarentena -como sucede en tantos países- se apueste a una recuperación sin acceso a los mercados.

Mientras el Gobierno camina por la cornisa y asume grandes riesgos, la decisión es tratar de “blindarse” ante el impacto negativo que significaría un nuevo default. Y todas las miradas apuntan al dólar.

Aún cuando abril es “temporada alta” para el ingreso de divisas proveniente de la cosecha de soja, igual el Central tuvo que vender alrededor de USD 50 millones diarios en la última semana. Quiere decir que las liquidaciones de los sojeros son las mínimas indispensables y que en el mercado sigue la presión por acceder al dólar oficial.

Por eso el titular de la entidad, Miguel Pesce, decidió el viernes restringir el acceso al mercado cambiario (es decir no podrán atesorar divisas) a todas las empresas que hayan accedido a alguna línea con subsidio del Estado nacional, como la que salió a tasa del 24% para pago de sueldos. Y este grupo sólo podrá comprar importar si se trata de bienes destinados a insumos necesarios para la producción.

También se limitó a bancos y casas de cambio para operar en el negocio de cambio, impidiendo que las sociedades de Bolsa ofrezcan a sus clientes esta opción. Algunas tendrán que adecuarse comprando patentes cambiarias para ofrecerlo.

La balanza turística no es un problema en medio de la cuarentena y posiblemente termine casi equilibrada el 2020. Nadie viaja pero nadie entra. Lo que originalmente se buscaba con el impuesto PAIS (recargo de 30% para todas las compras en dólares) lo “consiguió” la pandemia.

Resumiendo: el Central ya no destinará reservas al pago de la deuda, tampoco saldrán dólares por turismo y sólo habrá divisas para importadores a cuentagotas. El objetivo es blindar los USD 43.500 millones de reservas que quedan en el Central, que es el último refugio para evitar un escenario de estallido inflacionario. El objetivo es que el tipo de cambio oficial se siga deslizando suavemente. En el año la suba fue del 11,5%, incluso menos que en la mayoría de los países de la región, generando nuevamente un escenario de atraso cambiario.

Pero el esfuerzo oficial no se agota ni mucho menos en tratar de “blindar” las reservas. La mirada está puesta ahora en el tipo de cambio “libre”, tanto en su versión “dólar Bolsa” como en el “contado con liquidación”. Allí radica el “éxito” de un eventual default: aguantar la tormenta todo lo posible, evitando que se produzca una estampida cambiaria que podría generar un clima de gran desconfianza.

En las últimas jornadas se sucedieron una serie de medidas que apuntan a reducir las operaciones que apuntan a una cobertura cambiaria en los mercados bursátiles. Primero fue la Unidad de Información Financiera quien advirtió a las sociedades de Bolsa que detrás de estas transacciones se esconden posibles operaciones de “lavado de activos”. Y las hizo cómplices en caso de que esto se compruebe.

Luego fue directamente la Comisión Nacional de Valores la que pidió información a los agentes de Bolsa sobre los clientes que operan montos grandes en este mercado. También obligó a fondos comunes a pesificarse: deberán vender el 75% de sus tenencias en activos dolarizados antes del 15 de mayo, lo que implicaría salir a desprenderse de unos USD 1.000 millones en bonos soberanos, títulos provinciales y deuda corporativa.

Las empresas que se hayan endeudado con créditos subsidiados tampoco podrán participar en el merado de “contado con liqui” de ahora en más.

De esta forma, el único mercado libre que quedaba para operar obtener cobertura cambiaria ya también dejó de serlo. Se supone que será creciente la búsqueda de refugio a través del mercado informal, es decir en el dólar “blue”. Justamente lo que el Gobierno debería evitar.

El objetivo de estas medidas es claro: evitar que no se siga disparando la brecha cambiaria, entre el oficial y los tipos de cambio “libres”. Si bien es más fácil cerrar el cero sobre las reservas y mantener estable el dólar oficial, es mucho más complicado también controlar a las operaciones cambiarias que van por fuera de ese circuito.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, esa brecha durante el cepo cambiario tardó más de un año y medio en superar el 50%. Ahora lo hizo en seis meses, contando desde el día después de la elección presidencial, que fue cuando se impusieron las restricciones más fuertes.

Pero este tipo de limitaciones tiene patas cortas. En medio de la brutal caída de la actividad, incertidumbre por la deuda y sin claridad sobre el futuro plan económico, no será fácil mantener bajo control al dólar o peor aún que se deje de operar. La “desdolarización” de la economía que ahora pregona Guzmán ya se intentó varias veces en la Argentina, especialmente en los años que él transcurrió como académico en Nueva York. Tal vez no se enteró.

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