Desde el 23 de marzo se anunciaron distintos programas de asistencia social y empresarial para contener las consecuencias negativas de la cuarentena, a saber:
- Pago extraordinario de $10.000 para los trabajadores entre 18 y 65 años que no cuenten con otros ingresos. Recibieron 12 millones de solicitudes, de las cuales aprobaron 6 millones, rechazaron 2,5 millones y tienen aún bajo análisis 3,5 millones (Erogación estimada: $70.000 millones).
- Bono extraordinario de $3.000 para adultos mayores. Se pagó en abril y alcanzó a jubilados y pensionados, así como a beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). Según información brindada por la Anses alcanzó a 1.874.352 personas. Asimismo, se pagó un bono extraordinario a los beneficiarios de AUH, alcanzando a 4.357.227 niños y adolescente (Erogación: $8.739 millones).
- Pago extraordinario a las provincias en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial (Erogación: $120.000 millones).
- Reducción de las cargas sociales hasta 95% para empresas en situación de emergencia financiera. En forma alternativa se puede optar por solicitar el pago del 50% de los salarios de los trabajadores, hasta un tope de $33.750 por empleado y posponer el pago de contribuciones patronales. Lo solicitaron 420.000 de las 600.000 empresas registradas en el país, al momento solo se ha aprobado el 40% de los trámites (Erogación estimada: $650.000 millones).
- Además, se anunciaron créditos para empresas, monotributistas y trabajadores autónomos a tasa cero.
El Presupuesto 2020 preveía una inversión en gastos sociales del 59,1% y hasta el momento se lleva invertido el 67,9% del presupuesto total del país. Una parte importante de estas medidas afecta directamente las finanzas de la Anses
Según la información que surge de Presupuesto Abierto, en 2020 se preveía una inversión en gastos sociales del 59,1% y hasta el momento se lleva invertido el 67,9% del presupuesto total del país. Una parte importante de estas medidas afecta directamente las finanzas de la Anses.
El organismo previsional se financia de aportes y contribuciones de los trabajadores, así como del ingreso de diversos impuestos generales. El presupuesto para este año proyectaba ingresos por $856.590.576.256 millones en tributos, 1.511.807.731.467 en aportes y contribuciones y $418.005.940.816 por otros conceptos. Debido a la caída del consumo, la recaudación impositiva también sufrirá un deterioro significativo, además de la brusca caída que habrá en la recaudación de aportes de trabajadores debido a los planes en marcha.
Como contrapartida, en relación a los egresos, ANSES preveía el pago de $83.605.456.985 millones en salud, $2.798.822.024 en pago de prestaciones y $256.209.563.279 en otros gastos. Esta proyección se verá afectada por los mayores gastos que implica el pago de bonos para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.
La tormenta perfecta
Este escenario sería la tormenta perfecta para la cual se pensó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado en el año 2007. El artículo 1 del Decreto 897/2007 establece entre sus finalidades
a - atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de las variables económicas y
b - atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones.
Es decir, la situación económica imperante amerita la utilización de este fondo especial.
Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra el FGS? En diciembre de 2013 contaba con $244.799 millones, invertidos en títulos y obligaciones no negociables (65,1%), programas de infraestructura (13%), acciones (6,5%), depósitos a plazo fijo (6,1%) y de libre disponibilidad (9,2%). En 2015 el fondo contaba con $664.029 millones, invertidos en proporción similar. En septiembre de 2019 (última información disponible) el fondo contaba con $1.950.000 millones invertidos sin variaciones significativas. Si se observan los compromisos en pagos de a beneficiarios, en 2013 el FGS virtualmente podía enfrentar aún sin ingresos el pago de 13,8 meses de prestaciones, en 2015 16,3 meses y en 2019 cerca de 13,8 meses. Es decir, el fondo históricamente tiene reservas para cubrir similar cantidad de tiempo de pago de prestaciones.
La realidad del fondo es que el 63,6% de su cartera está invertida en bonos del Estado que están en virtual default, con un valor actual que ronda el 40% de su valor nominal. Es decir, la decisión de los sucesivos gobiernos de invertir principalmente en bonos del propio Estado contradice el artículo 4 del Decreto que permite “la inversión en títulos públicos o valores de reconocida solvencia”. Es el segundo default en menos de dos décadas. Solamente es realizable la disponibilidad en efectivo y eventualmente las acciones en empresas, cuyo valor en muchos casos también ha caído. El fondo de los jubilados estaba responder ante una circunstancia financieramente catastrófica como la presente, pero su valor se encuentra prácticamente pulverizado.
En conclusión, la Anses se enfrenta a mayores erogaciones, con menores recursos y sin un fondo que le permita navegar la crisis. La pandemia deja al descubierto situaciones que permanecían escondidas debajo de la alfombra. Considerando la suspensión de la ley de movilidad para jubilados y pensionados, se espera que el aumento que se otorgue por decreto para junio no sufra un nuevo recorte frente a este escenario desolador.
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