Coronavirus en la Argentina: cómo se aceleró e intensificó el gasto del Gobierno en ayuda social y asistencia a la industria

Los datos de ejecución del Presupuesto provisorio del corriente año al cierre de abril, cuando se transitó el primer tercio del año (33,3%), revelaron que la partida de gastos efectivizados, aunque no todos pagados, ascendieron a 35,2% del total de $5,1 billones, aunque se elevó a 39,24% si se excluyen los pagos de intereses de la deuda pública; y trepa a poco más de 41,2% en el caso de las partidas específicas para servicios sociales.

En esos últimos casos se trató de las proporciones más altas de la serie histórica, según las serie comparada del Ministerio de Economía de la Nación, con un aumento de 10 puntos porcentuales en el caso del gasto total sin intereses y de unos 8 pp en las partidas para asistencia social, siempre respecto del total previsto para el total de cada año.

Si bien los anuncios de políticas asistenciales para atender las necesidades derivadas de la inactividad que generó la extensión de la cuarentena obligatoria en prevención de la COVID-19 dominaron la atención de los funcionarios, con un programa que se estima ascenderá al equivalente a casi 6% del PBI, en términos de ejecución presupuestaria respecto del total programado para el corriente año, el primer puesto lo ocupó al cierre del cuatrimestre los "servicios económicos -subsidios- a la industria con 86,43%, sobre una partida global que originalmente era de $8.771 millones y con Decisiones Administrativas de los ministros Santiago Cafiero y Martín Guzmán, se elevó a $38.826 millones, de los cuales ya se utilizaron $33.559 millones.

El segundo puesto en grado de ejecución del Presupuesto 2020, aún sin tratamiento legislativo, le correspondió a “Agua Potable y Alcantarillado” 58,1% y $14.408 millones; seguido por “Relaciones Interiores” 50,1% y $76.274 millones, a cargo de la Administración Gubernamental; 44,5% y $63.083 millones de “Promoción y Asistencia Social”, y Seguridad Social, el más significativo del total con 42,4% y $971.935 millones.

Por el contrario, entre las áreas más austeras se destacó “Relaciones Exteriores” con apenas 20,2% del total asignado para el año y $6.870 millones, pese a que la pandemia dejó aún varados en diversas partes del mundo a más de 24.000 residentes, de los cuales sólo unos 5.000 recibieron ayuda del Estado para poder sustentarse.

Mientras que, en el caso de los recursos totales percibidos por la Administración Central, pese al severo debilitamiento de la recaudación tributaria por parte de la AFIP desde el 20 de marzo, ascendieron a poco más de 38,9% del total esperado de $4 billones.

De ahí surgió que, no obstante la aparición de gastos nos previstos vinculados con las necesidades asistenciales a los sectores más vulnerables y también a las ramas de la industria y del comercio que disparó la llegada a la Argentina de la COVID-19, el déficit financiero fue de sólo 21,1% del total presupuestado para el año, aunque si se excluye la partida de intereses de la deuda, el rojo del cuatrimestre ascendió a 53,2% del proyectado.

Sin duda se está frente a un proceso de aceleración del ritmo de ejecución e intensificación del gasto público que continuará en los próximos meses, al punto que los economistas Marcelo Capello y Agustín Cugno estimaron en el último informe semanal de Ieral de Fundación Mediterránea que el déficit fiscal primario podría ubicarse en el acumulado del año en el equivalente a un rango de 4,7% a 6,2% del PBI, según se trate de un escenario moderado o pesimista, respectivamente.

Proyección de las necesidades de pesos

Para estimar el costo fiscal del paquete económico de ayuda y compensación a familias y empresas, el informe privado asumió dos supuestos: 1) El ingreso familiar de emergencia (IFE) se paga dos veces (abril y mayo), al igual que la asignación complementaria al salario (que forma parte del programa ATP); y 2) El IFE se paga 3 meses, al igual que la asignación complementaria al salario.

En lo que respecta a los Adelantos del Tesoro Nacional a provincias Capello y Cugno agregan una transferencia extra de $20.000 millones. De este modo, bajo los nuevos escenarios el paquete fiscal contra la COVID-19 podría tener un costo fiscal de entre 2,5% y 3,2% del PBI.

Por otro lado, existen anuncios del Gobierno que implican montos importantes de préstamos a empresas y cuentapropistas, que pueden momentáneamente estimarse por el equivalente a 2,3% del PBI, pero se tratan mayormente de asistencias financieras con reducido efecto presupuestario.

“Si se supone que todo el déficit primario de 2020 se monetiza, la emisión de dinero del BCRA para asistir al Tesoro Nacional podría ubicarse entre 1.300.000 y 1.780.000 millones de pesos, según el escenario, equivalentes a 4,7% y 6,4% del PBI, respectivamente. En 2014 se registró un nivel de transferencias equivalentes a 3,2% del PBI”, estimaron Marcelo Capello y Agustín Cugno en el informe semanal de marras.

A partir de lo que viene ocurriendo con las transferencias automáticas de recursos impositivos a las provincias hasta el 29 de abril, los economistas estimaron: “la recaudación nacional en abril 2020 habría registrado una caída nominal del 13% respecto a marzo, explicado seguramente por la caída en la actividad económica y la pérdida de alrededor de $46.000 millones por la posibilidad de evitar el pago del 95% de las contribuciones patronales”.

Si bien se trata de cifras fiscales y monetarias de magnitud, el consenso de los economistas del sector público y privado remarcan: “se trata de una situación de emergencia e inédita, y que los ojos deben estar puestos especialmente en la situación post-pandemia, para que los gastos transitorios extraordinarios vuelvan a fojas cero, y se retome el camino al equilibrio fiscal, primero, y al superávit fiscal no más allá de 2022”.

Sobre todo porque si se suma al gasto de la administración pública nacional el correspondiente al total de las empresas públicas, organismos descentralizados, Anses, PAMI, y los correspondientes a gobernaciones y municipios se llega a un total equivalente a más de 45% del PBI, unos 10 puntos porcentuales más que el promedio histórico hasta 2007, que ha llevado no sólo a saturar la capacidad de pago de impuestos de los contribuyentes del sector privado, sino que se ha constituido en el principal incentivo a la evasión y la fuga de capitales.

De ahí que una de las asignaturas pendientes, pos pandemia, serán la vuelta a un Presupuesto aprobado por el Congreso, orientado a recuperar no sólo a equilibrio entre gastos e ingresos totales, sino también reducir la presión tributaria sobre las empresas: impositiva, previsional y aduanera, de modo de revertir la consuetudinaria fuga de capitales, aún con control de cambios, y fomentar el ahorro e inversión en el sector productivo, clave para generar empleo y reducir los insoportables índices de pobreza.

Seguí leyendo: