Los fondos de inversión BlackRock y Monarch, entre otros, preparan sendas demandas contra la Argentina en los Estados Unidos por si fracasan las negociaciones con el Gobierno para renegociar la deuda del país.
Mientras esperan con pocas expectativas si mejora el diálogo con el Ministerio de Economía, ambas firmas ya preparan sus respectivos escritos para ser presentados en los tribunales de Nueva York.
Tres fuentes relacionadas al tema confirmaron a Infobae esta estrategia, ya que consideran que el Gobierno no exhibe voluntad para acercar posiciones.
“La mayoría de los fondos están pensando en un juicio, aunque sigan escuchando al ministro. De todos modos, no todos los fondos se prestarán a este falso diálogo o, si lo hacen, pondrán en las videconferencias a ejecutivos de segunda o tercera línea”, expresó, con enojo, una de las fuentes.
En este sentido, creen que los contactos por videoconferencia que comenzó ayer el ministro Martín Guzmán y su equipo, “no tienen demasiado sentido”.
En los encuentros virtuales, el funcionario no expresa, hasta ahora, actitud para alejarse ni un ápice de los términos que el Gobierno exhibió la semana pasada para renegociar unos USD 67.000 millones.
Observadores indicaron que los acreedores se equivocan si pretenden discutir el marco macroeconómico que plantea el ministro en esos diálogos y que deberían limitarse a discutir las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros que forman parte de la propuesta oficial.
Curiosamente, las fuentes del sector privado destacan que la negociación con la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof fluye mucho mejor y confían en llegar a un término medio, entre los 45 dólares de valor presente que le adjudican a la oferta bonaerense y los 52 que pretenden obtener.
“Es increíble que Kicillof esté mostrando más flexibilidad que Guzmán”, expresó un ejecutivo que tuvo que lidiar con el ahora gobernador cuando se desempeñó como ministro de Economía y llevó a la Argentina a otro default en 2014.
Si bien el prospecto presentado ante la comisión de valores en Estados Unidos habilita a Guzmán y a su equipo a reformular algunos de los términos de la oferta sin abandonar los “principios sustentabilidad” que la guían, el Gobierno parece dispuesto a ir hacia el default.
Guzmán cree que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque varios miembros de los países del G7 en el directorio ya dejaron en claro que no avalarán esta jugada.
Los inversores están aturdidos por la falta de respuesta de Guzmán y señalan al representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, ex secretario de Finanzas, como el estratega de esta intransigencia.
El razonamiento del Gobierno es que los grandes fondos tendrán que aceptar esta oferta porque, de lo contrario, en unos meses deberían tomar una peor.
En cambio, los fondos comenzaron a preparar una contraoferta y, en paralelo, esperan el momento adecuado para tocar la puerta de los tribunales de Nueva York. Posiblemente la contrapropuesta no llegue a ver la luz si notan que el Gobierno no se mueve de su rincón.
Y, a diferencia de las demandas que siguieron al default del 2001, se trata de fondos de inversión tradicionales, no los denominados “fondos buitre” que, todavía, no entraron en el juego.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos preliminares de estas presentaciones?: los abogados entienden que los términos de la oferta presentada por la Argentina representan un “repudio” a la deuda que está en manos de sus clientes, ya que dejarán de pagarse los bonos viejos.
Es una idea similar a la que se utilizó en los juicios que culminaron en 2016, cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri salió del default.
En particular, saben que los tenedores de los bonos surgidos de los canjes 2005 y 2010 tienen más herramientas para litigar con éxito que aquellos con los títulos emitidos por el equipo económico de Macri, liderado por el ministro Alfonso Prat Gay.
La intención de los letrados es, apenas la Argentina incumpla con sus contratos, pedir una medida cautelar y resucitar la cláusula “pari passu”, para defender la necesidad un tratamiento igualitario entre los acreedores.
En cambio, en el Gobierno entienden que los bonistas pueden estar de acuerdo o no con el valor de la propuesta, pero no pueden aducir que la misma viole los contratos vigentes. De todos modos, los más moderados aconsejan no llegar a la instancia judicial, por los antecedentes que enfrentó el país entre 2011 y 2015 y porque admiten que las reestructuraciones no se resuelven en los tribunales.
La demanda de BlackRock está en manos de los abogados Brian Pfeiffer y Tomas MacWright, del estudio White & Case, que reemplazaron al veterano Ian Clark y tienen una postura “agresiva” según indicaron las fuentes de Nueva York.
Según la página web del estudio, la experiencia de Pfeiffer “se extiende a todos los aspectos de las reestructuraciones judiciales y extrajudiciales de negocios con dificultades financieras, incluidas las representaciones de deudores corporativos, comités oficiales y no oficiales de acreedores y de capital, comités de tenedores de bonos, prestamistas y compradores y vendedores de activos y negocios en dificultades”.
Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y tiene títulos de las universidades de Hofstra y de la Estatal de Nueva York en Albany.
En tanto, MacWright, según su estudio, “representa regularmente a deudores, tenedores de bonos, bancos e inversores estratégicos y financieros en relación con asuntos de bancarrota corporativa y entrenamientos”. Representó a varias empresas con inversiones en mercados emergentes de América latina y Europa del este. Además, lideró la reestructuración de bancos de Azerbaijan y Kazajstán.
Por su parte, Monarch y otros fondos están representados por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que, poco tiempo atrás, reclutó al ex abogado de Paul Singer, líder del fondo buitre Elliot.
Se trata de Dennis Hranitzky, quien cobró fama en los juicios contra la Argentina cuando logró el embargo de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana.
Lo curioso es que, a diferencia de abismo que había en aquel entonces, la diferencia actual entre el Gobierno y sus acreedores ronda los 10 dólares entre el valor de la oferta oficial y la pretensión de los bonistas para llegar a un acuerdo.
Por lo tanto, a priori, sería una muy exigua diferencia para dejar caer al país en otro default. Por esta razón, algunos de los participantes afirman que, por ahora, ambas partes están sobreactuando sus diferencias y que, tarde o temprano, se llegará a un acuerdo.
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