
Mediante una Decisión Administrativa el Gobierno anticipó anoche que habrá nuevas modificaciones al Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para “morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia de coronavirus sobre los procesos productivos y el empleo”. Lo hace siguiendo dos actas del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP y que integran los titulares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En el Anexo I el Comité de Evaluación del Programa pasa revista a los análisis realizados hasta ahora por los grupos de trabajo en materia de Educación y Jardines Maternales y de los sectores Salud, Seguros y Transporte y la marcha de los créditos a tasa cero para Monotributistas y Autónomos y el Salario Complementario para empleados de empresas, centrándose las tareas de implementación del ATP en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Anexo 2 da cuenta de la profundidad de la contracción económica local y busca enmarcarla en un contexto global. Al respecto cita que el propio FMI señaló que la caída del PBI global será este año la mayor desde la crisis de 1929, inicio de “la Gran Depresión”.
Pero mientras el Fondo dijo que el PBI global caería el 3%, el documento oficial lista la variación interanual en 18 sectores de actividad en la Argentina que en todos los casos sufrieron variaciones reales (descontada la inflación) negativas. En 12 de los 18 se verifican caídas incluso en la facturación nominal y en 9 la caída nominal (a la que debe sumarse el factor inflación) es de dos dígitos, superando en algunos sectores el 50 por ciento.

El documento sirve de trasfondo a la decisión oficial de empezar a “flexibilizar” la cuarentena, al punto que reconoce –como si fuera algo sorprendente– que “incluso sectores que están en condiciones operativas de producir han disminuido su actividad como consecuencia de una retracción de la demanda”.
Otro pasaje lo dice aún más claramente: “en muchas ramas hasta ahora no incluidas entre las elegibles por la ATP, debido a que o están exceptuadas de la cuarentena o tienen alto porcentaje de teletrabajo, un porcentaje notorio de las empresas está sufriendo bajas nominales en la facturación”.
También se avanza sobre la necesidad de ampliar el alcance de los créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos.
Salud en Terapia Intensiva
El Anexo 5, elaborado por la Superintendencia de Salud, que controla 297 Obras Sociales y 726 entidades de medicina prepaga describe la “crisis sin precedentes” que atraviesa el sector y su “desfinanciación”, al precisar que los aportes y contribuciones de las obras sociales crecieron entre marzo de 2019 y 2020 un 29% (a $30.672 millones el mes pasado) “muy por debajo” de la inflación y del costo de la salud.
El Anexo 6, elaborado por el ministerio de Desarrollo Productivo, es tal vez el más descriptivo del colapso económico derivado de las políticas sanitarias para contener la propagación del coronavirus.
Así, el último anexo lista unas 238 actividades de fabricación, reparación, ventas, servicios y otros, de rubros variados y amplios, que ahora estarán alcanzadas por el ATP, según se recomienda.
“Lo que los primeros datos de facturación muestran es que el estar exceptuado de la cuarentena o el tener un elevado potencial de teletrabajo no garantizan que las firmas puedan operar con relativa normalidad”, reconoce un pasaje, con evidente rezago respecto de varios informes sectoriales del sector privado. “Muchas empresas de este tipo de ramas –prosigue– han experimentado caídas notorias en su facturación. Todo ello incrementa las probabilidades de que las firmas cierren y, con ello, que los trabajadores formales pierdan sus puestos de trabajo”.
Por eso, la cartera que conduce Matías Kulfas “recomienda ampliar el listado de sectores potencialmente beneficiarios del ATP”. A similar conclusión llega en el caso de los trabajadores independientes formales al precisar que “el 75% de los autónomos han visto recortada sus ventas y/o sus compras”. Y si bien acota que se trata de una población “menos vulnerable que los trabajadores independientes informales”, tampoco se puede considerar “blindada” ante la pandemia.
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