El criterio sanitario no tiene por qué estar, ni lo está en general, divorciado del criterio económico. Ambos enfoques no son antagónicos. Por el contrario, bajo una interpretación razonable, comparten múltiples aspectos en común.
En términos económicos, la minimización del costo de controlar la pandemia, con intervenciones que permitan aplanar la curva de contagios según sea la oferta de atención médica adecuada disponible (incluyendo su expansión) se logra combinando el uso de instrumentos de control ex-ante (es decir, antes de saber si una persona está contagiada) y ex-post (es decir, aislando a las personas que efectivamente se hubieran contagiado y examinando a sus contactos cercanos recientes).
En definitiva, el objetivo de la respuesta sanitaria no es minimizar las muertes por coronavirus sino evitar en todo lo posible que las haya por no haber podido prestar la asistencia médica adecuada, coincidiendo así con las perspectivas económicas en este criterio fundamental.
El objetivo de la respuesta sanitaria no es minimizar las muertes por coronavirus sino evitar en todo lo posible que las haya por no haber podido prestar la asistencia médica adecuada, coincidiendo así las perspectivas económica
Naturalmente, cada contexto tiene sus particularidades y por lo tanto admite y aconseja distintas formas de implementar este principio sanitario y económico general. Así, por ejemplo, avanzar desde la Fase I, de cuarentena amplia y un control ex-ante a la Fase II de control ex-post muy selectiva puede ser inevitable debido a la imposibilidad práctica de sostener un aislamiento pleno de personas informales y sin ingresos, hacinadas, etc.
La salida de la Fase I
Luego de más de un mes de cuarentena en todo el país, en el cual efectivamente se logró evitar que aumenten los contagios y ganar tiempo para adecuar los instrumentos disponibles que permitan avanzar hacia la Fase II, la necesidad impostergable de dicho avance es evidente: pese a la asistencia económica y social desde los distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil, la crisis económica, social y humanitaria post-pandemia será mayúscula. En todo caso, es obvio que ya se está ingresando en esta segunda fase, la pregunta es cómo y hasta dónde hacerlo.
La división de responsabilidades entre la Nación y las provincias definida por el Poder Ejecutivo Nacional desde el viernes 13 pasado provee la base correcta para la mejor toma de decisiones. Esto seguramente significa que la perspectiva es peor cuanto mayor es la densidad poblacional (ciudades grandes – GBA, Rosario, Córdoba, etc.) y más exigida esté la oferta del sistema de salud ante la cantidad de casos nuevos emergentes (seguramente el caso de la provincia de Chaco), pero ello no hará otra cosa que reflejar las diferencias que efectivamente existen a lo largo y ancho del país.
Hay un trade-off evidente: la capacidad insuficiente de testeo (no sólo PCR –Reacción en Cadena de la Polimerasa, que informa la presencia del virus en muestras respiratorias, dirigidos a casos potenciales identificados– sino también de análisis de sangre -que determinan la presencia de anticuerpos, esto es la existencia pasada del virus y eventualmente de inmunidad, realizados a la población en general- y la ampliación insuficiente de capacidad de oferta médica en respuesta a un pico del contagio, ambos instrumentos que deben desarrollarse durante la Fase I, reducen la posibilidad de eliminar restricciones más exigentes del aislamiento social en cada provincia y en todo el país en la Fase II.
¿Cuánto espacio hay para entrar en Fase II más flexible?
Los datos diarios publicados por la Secretaría de Salud de la Nación permiten verificar que durante las últimas 4 semanas el número de contagios diarios registrados ha sido –dejando de lados días atípicos– bastante estable, promediando 100, incluso frente a un aumento en la cantidad de testeos de PCR diarios desde la primera semana de abril (que igualmente recién ahora llegan a rondar los 500 por cada millón de habitantes, un nivel bajo en la comparación internacional aunque igualmente poco relevante hasta tanto no se inicie una Fase II suficientemente ambiciosa, en la cual sería muy importante realizar un testeo mucho más amplio en la población general).
Recién ahora llegan a rondar los 500 contagios por cada millón de habitantes, un nivel bajo en la comparación internacional aunque igualmente poco relevante hasta tanto no se inicie una Fase II suficientemente ambiciosa, en la cual sería muy importante realizar un testeo mucho más amplio
Así, aunque el avance hacia la Fase II bien puede ser diferenciado a lo largo del país, y sin dudas será parcial con reaseguros generales hasta que aparezca una cura definitiva, algunos datos agregados permiten concluir que en términos generales hay un espacio muy importante para avanzar reduciendo el aislamiento social, acelerando el paso. De hecho, el crecimiento de contagios observados en los últimos días, con un aumento de casi el 50% en el número de casos promedio previo a nivel país observado en la figura, puede señalar una incipiente tendencia creciente o no, pero en todo caso representa un llamado de atención sobre la situación en GBA, pero no en el resto del país.
Un ejercicio agregado al nivel de todo el país, considerando 5.000 camas en Unidades de Terapias Intensivas (con respirador artificial) disponibles para la atención de pacientes emergentes del coronavirus COVID-19 (cuya internación promedio fuera de 12 días), suponiendo que el 5% de los casos detectados requieren tal tipo de tratamiento, y omitiendo eventuales desbalances locales/regionales y faltantes de personal técnico/médico (así como diferentes frecuencias o picos fuera de tendencias suavizadas), es posible calcular distintos niveles de contagios que, según la velocidad de duplicación verificada, permitan mantener un margen de maniobra para eventualmente restablecer restricciones y un aislamiento social más estricto con 15 días de anticipación.
Por un lado, bajo tales condiciones la capacidad de atención de pacientes críticos infectados con el coronavirus por parte del sistema hospitalario en mayo-junio 2020 (esto es, la oferta) alcanzará para incorporar 410 enfermos críticos por día. Por otro lado, considerando un desfase temporal de 15 días entre la contracción de la enfermedad y la posterior demanda de asistencia hospitalaria crítica de una porción de dichos infectados, el nivel de contagio relevado que iguala la demanda con la oferta depende centralmente de la velocidad de propagación de la enfermedad. Midiendo tal velocidad en función de la cantidad de días necesarios para la duplicación del número de contagios diarios, la siguiente tabla muestra distintas alternativas posibles.
Así, si la cantidad de nuevos contagios se duplica cada 2 días, cuando hay sólo 45 contagios sintomáticos diarios la demanda potencial de camas UTI con respirador a los 15 días crece al tope de la oferta, pero cuando la velocidad de penetración o contagio es menor, las medidas más drásticas pueden tomarse con un mayor número de contagios detectados: si la duplicación de los contagios se produce cada 3 días, la cantidad crítica de contagios diarios que gatillaría la reversión a la Fase I serían 256; y si la duplicación llevara 5 días, este número sube hasta 1.021 personas.
Actualmente, como se observa de la figura anterior, la velocidad de duplicación es mínima o incluso nula (si los datos del 23 y 24 de abril no iniciaran un cambio de tendencia –y aún en tal caso, ello sólo de aplicaría a CABA y provincia de Buenos Aires, donde se concentró la mayor parte de tal aumento). Según sea el período considerado, y salvo que los datos del 25 y 26 de abril confirmen una nueva tendencia creciente junto a los datos de los dos días previos, la duplicación del número de casos tomando el país en su conjunto –manteniendo las restricciones actuales– requiere un mínimo de 15 días.
Pero es importante notar que la velocidad de duplicación es endógena a la política sanitaria, cayendo cuanto más efectivo es el aislamiento social u otras medidas preventivas o de minimización de contagios. Por ello, si dicha velocidad antes de la cuarentena estaba en rango entre 2 y 3 días para la duplicación, la misma difícilmente puede ser menor que 4 ó 5 días manteniendo algunas medidas de aislamiento menos drásticas (mantener cerradas las fronteras, fortalecer la higiene, prohibir aglomeraciones de cierto tamaño, aislar población de riesgo, suavizar la demanda pico en el transporte público, etc.).
Es importante notar que la velocidad de duplicación es endógena a la política sanitaria, cayendo cuanto más efectivo es el aislamiento social u otras medidas preventivas o de minimización de contagios
En tal sentido, promediando durante abril unos 100 nuevos casos diarios durante las últimas semanas, con –según información periodística– unos 120 pacientes en UTI que utilizan respirador artificial en todo el país (esto es, el 6% de la oferta total disponible específicamente para atender casos de coronavirus), parece claro que hay espacio para entrar en una Fase II más flexible que la prevista a la fecha.
Naturalmente, como los parámetros (supuestos previos en la construcción de la tabla) van cambiando en el tiempo, incluyendo la aleatoriedad en las evoluciones diarias y las fricciones y shocks en la demanda y la oferta de atención crítica a nivel local y provincial, la prudencia en la interpretación de este ejercicio agregado es crucial.
Sujeto a ello, el mismo aporta una primera conclusión general en cuanto a que el Gobierno nacional debería (globalmente) ser en principio receptivo a las solicitudes de flexibilización de las provincias (que, en términos generales, deberían también ser relativamente ambiciosas), acumulando y manteniendo capacidad de atención médica móvil / trasladable para atender “emergencias” puntuales (no previstas ex-ante por cada provincia), focalizándose en asistir en la realización de testeos del virus y en la aislación y/o seguimiento de los nuevos contagiados y sus contactos cercanos recientes.
De manera consistente con el enfoque epidemiológico (en principio) estándar, la combinación de control ex-ante, aislamiento generalizado por falta de información, y ex-post, testeo y seguimiento de enfermos y contactos, con la cual se vinculan las Fases I y II de la estrategia general para reaccionar frente al coronavirus, debe ser consistente con el mínimo costo económico y social que permita aplanar, no eliminar, la curva de contagios: a menor capacidad de control ex-post (testeo, tracking) y menor flexibilidad para adaptar la oferta sanitaria a picos de demanda, mayor será la necesidad de mantener o volver al control ex-ante (cuarentena y aislamiento pleno), y mayores serán los costos económicos y sociales de la COVID-19.
Al parecer, se está en condiciones de avanzar más decididamente hacia una Fase II, y seguramente no se podrá siquiera demorar mucho tal decisión, para lo cual se deberá entender cuál es el objetivo perseguido –evitar muertes por falta de tratamiento adecuado, no evitar muertes a cualquier costo– y cuáles son las restricciones a la vista. En ese sentido, el combate contra esta pandemia debería dar la bienvenida a la participación cooperativa de ambos enfoques –sanitarista y económico– cuanto antes.
El autor es Economista Jefe de FIEL. Una versión más amplia de esta nota será publicada en la revista mensual de FIEL, Indicadores de Coyuntura de mayo que elabora la Fundación FIEL
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