El Gobierno advirtió hoy que si los bonistas no aceptan la oferta que propuso para renegociar su deuda no estará en condiciones de seguir pagando en forma regular su deuda y que enfrenta un significativo riesgo de default.
Además, aclaró que, quienes no acepten esta propuesta, podrían recibir una peor.
Así lo expresó en la enmienda al documento 18-K publicado en la página web de la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés), con la firma del secretario de Finanzas, Diego Bastourre. El documento requiere que el país explique en forma explícita todos los riesgos y condiciones que enfrentan los acreedores soberanos.
“Si la República no alcanza un acuerdo con sus tenedores de bonos, se enfrenta a un alto riesgo de refinanciación”, explicó en el filing.
“La República ha anunciado que tiene la intención de invitar a los tenedores de sus títulos de deuda pendientes a cambiar sus bonos por nuevos bonos con términos y condiciones compatibles con el análisis de sostenibilidad de la deuda realizado por el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional”, indicó al subrayar el desafío pendiente en las próximas semanas.
De inmediato reconoció que “si la invitación no se consuma o si se consuma, pero cualquier alivio de la deuda obtenido no es suficiente para que la República recupere la sostenibilidad de su deuda, entonces la República no podrá continuar con los pagos regulares de una parte o la totalidad de su deuda y enfrenta un riesgo significativo de default, lo que perjudicaría aún más el valor y la liquidez comercial de los títulos de deuda pendientes”.
Si la aceptación del canje resultara insuficiente, el Gobierno advirtió que enfrenta un riesgo significativo de default
Esto es, les advierte a los bonistas que un incumplimiento total también los perjudicaría al depreciar más el valor de sus títulos.
“La imposibilidad de colocar la deuda de la República en un camino sostenible puede resultar en una falta continua de acceso a los mercados internacionales de capital por parte de la República en el futuro previsible y puede limitar aún más el acceso al financiamiento oficial del sector”, se indicó. En este párrafo reconoce que necesita renegociar y salir al mercado nuevamente, ante la imposibilidad de financiarse de otro modo.
Al respecto, recordó que el 5 de abril “la República aplazó todos los pagos de capital e intereses adeudados por la deuda denominada en dólares de los Estados Unidos de América emitida por la República hasta el 31 de diciembre de 2020 o la fecha anterior que determine el Ministerio de Economía”.
“La República también puede recurrir a cualquier período de gracia con respecto a los pagos de sus títulos de deuda vencidos mientras la invitación de la República al canje esté pendiente”, aclaró, dejando en claro que tratará de evitar a toda costa un pago con reservas mientras no alcance un acuerdo.
Si el canje no llega a buen puerto, advirtió, “la República no puede predecir si, o cuándo, podrá implementar un programa exitoso de gestión de la deuda que afecte sus títulos de deuda pendientes”.
Más aún, indicó que si este canje no resultara suficiente, “y la República busca opciones alternativas de gestión de la deuda con respecto a sus obligaciones, los términos de dicho programa alternativo de gestión de responsabilidad ofrecido a los tenedores de sus valores podrían ser menos favorables que los ofrecidos en la invitación”. Esto es, habría condiciones menos favorables para los que no ingresen en esta oferta.
Se advirtió que si no se llegara a un acuerdo en este canje, el Gobierno podría ofrecer peores condiciones para aquellos que no lo acepten
“No puede garantizarse que la República podrá obtener financiamiento en términos satisfactorios en el futuro, lo que podría tener un efecto material adverso en la capacidad de la República de realizar pagos de su deuda pública pendiente”, se aclaró.
Al respecto, detalló que “los ingresos fiscales y los resultados fiscales futuros de la República pueden ser insuficientes para cumplir con sus obligaciones de servicio de la deuda y la República puede tener que depender en parte de financiamiento adicional de los mercados de capitales nacionales e internacionales para cumplir con las obligaciones futuras del servicio de la deuda”.
Además, detalló, “después del anuncio el 5 de abril de 2020 de que la República diferiría el pago según su ley local que regulaba la deuda denominada en dólares estadounidenses, ciertas agencias de calificación crediticia colocaron los valores de deuda de Argentina en incumplimiento selectivo”.
“En el futuro, es posible que la República no pueda o no quiera acceder a los mercados de capitales nacionales o internacionales, y la capacidad de la República de pagar su deuda pública pendiente podría verse afectada negativamente”, aclaró.
Por lo tanto, “no hay garantías de que la calificación crediticia de la República mejorará”.
Los detalles de la oferta
Luego de señalar el desarrollo reciente de la economía argentina, los riesgos endógenos y los relacionados con el hecho de ser un país emergente, se detalló la oferta que ya se conoció el viernes por la noche.
Allí se indica que la quita de capital, como indicó el ministro, es del 5,5% en promedio, pero llega al 18 por ciento en determinados instrumentos, como los globales.
Los intereses empezarán a devengarse en noviembre de 2022 y a pagarse en 2023 en los nuevos títulos, según la propuesta que también será presentada ante las autoridades regulatorias de Europa continental y de Gran Bretaña.
Como ocurre habitualmente, los títulos en dólares pagarán en forma semestral (mayo y noviembre) y los denominados en euros en forma anual, en noviembre. Por lo tanto, el primer pago de los nuevos bonos será en mayo de 2023.
Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta que presentó el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
El bono nuevo más corto vence en 2030 y, en dólares, comienza a devengar intereses en 2022 por 0,5%, pasa a 1% en 2025 y al 1,75% en 2027. En euros la tasa va del 0,5 al 0,75 por ciento.
El que le sigue es un bono que vence en 2036 y, en dólares, empieza a devengar 0,5% en 2022; 1,5% en 2023; 2,75% en 2025; y 3,87% en 2027. En euros la tasa va del 0,5% al 2,5 por ciento.
En el bono que vence en 2039 en dólares los intereses comienzan a devengar en 2022 con un 0,6%; 1,75% en 2023; 4% en 2025; y y a partir de 2027 el 4,5 por ciento. En euros va del 0,6 al 3,25 por ciento.
En el que termina en 2043 en dólares empieza a devengar intereses en 2022 del 0,6%; 3% en 2023; 3,6% en 2025; y el 4,8% anual desde 2029. En euros la tasa va del 0,6% al 3,87 por ciento.
Finalmente, el que vence en 2047 en dólares devenga el 0,5% desde 2022; 1% en 2023; 2,75% en 2025; y 3,5% desde 2027. En euros, la tasa va del 0,5 al 3,5 por ciento.
De este modo, se dejó la idea, en principio, de sumarle un “endulzante” como pretendían los acreedores (un cupón que recapitalizara los intereses hasta 2022 o uno ligado al PBI o a la recaudación). Sin embargo, el Gobierno podría sumarle este aditivo en las próximas semanas si eso le permitiera alcanzar el piso que necesita en cada serie de bonos para evitar el default. Este piso está definido por las cláusulas de acción colectiva (CACs) que hay en cada serie de títulos.
Los tres comités de acreedores que se formaron en los últimos meses ya expresaron su rechazo a esta propuesta y pidieron que siga abierto el canal para un intercambio que derive en un acuerdo de “buena fe”.
A la vez, algunos fondos de inversión ya hicieron explícita su contrapropuesta, con un período de gracia más corto, un cupón alto más alto y una menor quita de capital.
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