El detalle de los paquetes de beneficios impositivos que las provincias también lanzaron para contener a las pymes

La caída de la actividad económica, agravada por la pandemia del coronavirus, impactó de lleno en las cuentas del sector público nacional, que cerraron el primer trimestre del año con un déficit financiero de $216.624 millones el cuádruple de la marca conseguida en el mismo período de 2019, de acuerdo con lo informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El resultado fiscal del primer trimestre tuvo un significativo deterioro adicional en marzo, un mes signado por el inicio de la cuarentena por el coronavirus de la COVID-19, menor recaudación por la suspensión de actividades y mayor gasto para la atención de la urgencia sanitaria. Esto que se le sucedió a las arcas nacionales se trasladó en espejo a las provincias donde no sólo vieron caer sus ingresos por la menor recaudación de lo impuestos sino que también cayeron vía una merma en la coparticipación.

“La situación es compleja. La recaudación está cayendo fuerte por lo que no tenemos ingresos para cubrir salarios. A esto se le suma que las empresas están pidiendo beneficios fiscales para poder afrontar la crisis y no despedir trabajadores. El problema es doble, no tenemos ingresos y tenemos que ceder futuros ingresos”, reconoció a Infobae un ministro de economía provincial.

Cuando se miran los números de los giros de la Tesorería tampoco es alentador. En marzo pasado, la coparticipación cayó ocho puntos en términos reales. Y abril no parece ser mejor. El Gobierno hizo un primer envío de $20 millones del paquete de $136 millones que prometió a las provincias. Y este jueves, al término de la escueta presentación del ministro de Economía Martín Guzmán sobre la propuesta de reestructuración de la deuda pública, el presidente Alberto Fernández escuchó el pedido de varios gobernadores para que se aceleren los envíos de fondos.

“La opción que en algunos distritos se manejaba era la de las cuasimonedas, pero el mensaje del Gobierno fue claro: al que emite se le corta la ayuda. Lo que vamos a ver si esto sigue es que se van a incrementar los bonos para proveedores”, explicaron desde el Palacio de Hacienda de otra provincia.

En el medio de todo esto las empresas le siguen reclamando ayuda a los gobernadores que se suben a las medidas nacionales y, al igual que contó la semana pasada este medio respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lanzaron sus propios paquetes.

Córdoba, por ejemplo, otorgará avales de hasta $4.000 millones a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no pueden recurrir a los bancos, para que paguen salarios.

Según un cable de la agencia Telam, Tucumán estableció la postergación del pago de las facturas de luz, agua, telefonía móvil y fija e internet, tanto para usuarios particulares como a las pymes que desarrollan actividades productivas, de salud y alimentos, y a las cooperativas de trabajo.

La Pampa prorrogó hasta noviembre el vencimiento de abril de los impuestos a los automotores, Inmobiliario y de Ingresos Brutos, mientras que el Banco de La Pampa aumentó automáticamente al doble el giro en descubierto permitido.

El gobierno de Santa Fe, lanzó líneas de financiamiento con una tasa de interés fija, destinadas a micros y pequeñas empresas. A esta medida le sumó el diferimiento del pago de impuestos y la suspensión de la interrupción de servicios públicos como paliativo económico.

En Corrientes también se frenaron los cortes de energía por falta de pago y Mendoza además de recortar salarios de los funcionarios prorrogó el plan Cero Deudas y el impuesto Inmobiliario.

En La Rioja se postergaron pagos e impuestos locales de empresas, autónomos y monotributistas de todas las categorías; y se determinó la creación de una línea de emergencia económica para brindar asistencia al momento de pagar sueldos, alquileres y proveedores por un monto de hasta $100.000 a una tasa de 0% de interés, en un plazo de 48 meses.

Algo similar dispuso San Juan, donde el banco provincial lanzó una línea de créditos sin interés. Por otra parte, la provincia dispuso una rebaja de hasta 50% de de impuestos para contribuyentes de categorías A y B del monotributo y entregará $25 millones del Fondo de Emergencia Municipal.

Mientras el gobernador de Jujuy Gerardo Morales se mantiene en aislado y en cuarentena, la administración provincial decidió extender los plazos de vencimiento de tributos provinciales y del plan de regularización de deudas.

En la tierra de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner también se tomaron medidas. En Santa Cruz se declaró la emergencia económica y comercial por 90 días y se suspendieron los cortes de luz y agua a “los grandes usuarios, comerciales y residenciales” y el monto será prorrateado en 12 meses a partir de julio.

Por último, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció un paquete de medidas sociales y económicas donde prorrogó vencimientos impositivos y una línea del Banco Provincia Neuquén por $2.300 millones para el financiamiento del comercio y servicios, turismo, ganadería, empresas de la industria hidrocarburífera que operan en Vaca Muerta y eficiencia energética.

El conflicto que tienen que resolver las provincias es que si se rompe el entramado de las pymes la situación económica y social seguramente empeorará.

El Observatorio PyME (FOP) realizó una encuesta sobre la situación de las mipyme para indagar sobre el estado de operatividad, las posibilidades de autofinanciamiento para sostener los salarios y demás gastos operativos de abril y el grado de conocimiento y previsión de uso que tienen esas unidades de producción y comercio de los instrumentos puestos a disposición por el Gobierno para enfrentar las crisis del coronavirus, así como la utilidad que le encuentran a los mismos.

La investigación también estimó el costo de la inactividad de estas empresas que deriva de la cuarentena obligatoria oportunamente impuesta por el Gobierno y que se espera pueda flexibilizarse a partir de la última semana de abril. Del trabajo surge que sólo el 10% de las mipyme están completamente operativas, sólo el 16% de ellas podrá afrontar los costos de salarios y gastos operativos del mes de abril sin la ayuda del Gobierno, y el 6% de las empresas está considerando cerrar sus puertas.

El costo de la inactividad de este segmento empresarial se estima en USD 115 millones diarios, y la pérdida de empleo a causa de potenciales cierres de empresas en 190 mil puestos de trabajo.

Se estima que se podrían perder 415 mil puestos adicionales si parte de las empresas que no logran afrontar los salarios y gastos fijos de abril (aún con ayuda del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales) se achican o directamente cierran.

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