Hackers y expedientes en papel: continúa la polémica por cómo el Estado compra alimentos y firma sus decretos

“Es lo que nos quedó en suerte”, aseguró el presidente Alberto Fernández cuando le preguntaron, ayer en una entrevista en Telefe, por la eficacia del Estado y medidas que se anuncian en medio de la crisis por el coronavirus, como créditos a Pymes y el Bono Anses, para los más necesitados, y luego tardan mucho en concretarse. El dardo fue para el gobierno anterior que encabezó Mauricio Macri.

“A veces veo que muchas cosas que estamos proyectando en decretos de repente aparecen en la prensa cuando están en trámite. ¿Quién lo hace? Es gente que quedó de la administración anterior y juega en contra. Tuve que sacar una resolución que decide que cuando el sistema electrónico de firma no funciona podemos firmar en papel los decretos, porque en muchas ocasiones nos hackean el sistema y no nos dejan avanzar. Nos frenan decretos centrales", expresó.

“No sé si es gente de la oposición, lo que digo es que algo está pasando ahí. Es el sistema que puso el gobierno de Macri. Estamos intentando encontrar a los responsables”, agregó Fernández. La digitalización de procesos fue una de las banderas de Macri –quizás una de las pocas que pudo mostrar a fines de su mandato–, llevada adelante por el ministerio de Modernización que comandó Andrés Ibarra.

Así, el Presidente agregó misteriosos hackers, que estarían dentro del Estado, a la polémica que se instaló hace unos días cuando se hizo pública una licitación con sobreprecios para comprar alimentos para los más necesitados.

El escándalo de la compras no sólo dejó en el camino a 15 funcionarios sospechados, también avanza en la Justicia. Según publicó hoy Infobae, el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, impulsa una investigación para definir si realiza una denuncia penal por la millonaria compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Daniel Arroyo. En las últimas horas, el fiscal le tomó declaración testimonial a un productor que le vendió aceite “Indigo” a la empresa Copacabana en un valor cercano a los $96. muy lejos de los $159 que iba a pagar el Estado en la polémica compra.

“Nosotros le vendimos a Copacabana a casi 96 pesos, con impuestos incluidos, la botella de 1,5 litros de aceite mezcla de la marca Indigo”, reveló el viernes pasado a este medio Martín Tanoni, gerente comercial de Tanoni Hermano.

“Yo creo que el Presidente está confundido con cosas que le llegan. Una tema es la firma digital, algo que no es hackaeble. Tiene un token y un certificado especial. Sólo los funcionarios que firman lo tienen. Hablar de hackers es no entender nada”, le dijo hoy Ibarra a Infobae. Un token es un dispositivo único y encriptado que se conecta a la computadora y permite firmar de manera digital.

“Luego está el tema de las compras y licitaciones. Y ahí, el mejor sistema para hacer las cosas rápido y de manera efectiva, con control, es el digital. Dejamos un sistema maduro de casi 20 millones de expedientes electrónicos. No era algo improvisado: en la Ciudad de Buenos Aires se usa desde hace 11 años”, explicó Ibarra.

“Volver al papel es de un gran error. Ofrecimos y ofrecemos ayudar en lo que sea. No hay motivos para volver al papel. Es una señal malísima para la sociedad, es regresar a la cosa oscura a manipular documentos. Ni esta emergencia lo justifica”, aseguró el ex ministro.

La versión del Gobierno

En el Gobierno no desmienten al Presidente, pero reconocen por lo bajo que no hubo hackeo alguno. Sí hacen foco en que el sistema digital que dejó Cambiemos es muy inestable y tiene cortes y microcortes que provocan muchas demoras, incluso de hasta varias horas. “Eso es inaceptable cuando se está en una emergencia”, aseguró una de las fuentes con las que habló a este medio. Reconocen, además, que muchas fake news son producto de manipulación de documentos que, en general, algún funcionario de alto rango –los que acceden primero a los decretos para firmarlos digitalmente con sus token– puede filtrar.

Cerca de Fernández hacen foco en un informe de la Auditoria General de la Nación, de mediados del año pasado, en el que se asegura que el Sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE) “tiene frecuente o muy frecuentemente indisponibilidad y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”. “Ellos mimos dijeron que el GDE era un desastre y poco fiable. Le preguntaron a la gente y el 97% dijo que no funciona bien”, argumentaron en Casa Rosada, desde donde insisten con que el sistema informático se seguirá usando y que solo ante urgencias se utilizará el papel. “Es sólo para backup. Se podría haber hecho sin sacar una resolución y para darle más claridad se hizo de esa manera”, explicaron.

“Si es tan inestable, ¿cómo hicimos para generar 17 millones de expedientes electrónicos con 200 millones de documentos que usan 200.000 usuarios?”, se pregunta Ibarra.

Sobre el tema de las compras con precios muy por encima de los el propio Gobierno fijó con los Precios Máximos, Ibarra se pregunta quién define la extrema necesidad y los casos en los que la urgencia puede llevar al uso del papel y no de los expedientes electrónicos. “Ellos mismos hoy están usando el certificado para circular y ese es un Trámite a Distancia, del GDE. Puede ser que tengan problemas de manejo del sistema en algunas áreas, pero también es cierto que dejaron ir a la mitad de la gente. Muchos eran muy valiosos. Y si hay un boicot o un hacker, encontralo y echalo; denunciá”, pidió.

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