El Presidente pidió un mayor alivio impositivo para las pymes y dijo que no quiere un tributo a quienes ingresaron al blanqueo

El presidente Alberto Fernández aseguró que quiere que las pequeñas y medianas empresas tengan más beneficios impositivos y aclaró que no impulsa un tributo para quienes ingresaron al blanqueo.

Al destacar las medidas que adoptó para proteger el trabajo y a las empresas, Fernández destacó anoche la importancia de la moratoria impositiva que incluye una quita de capital e intereses, para los impuestos vencidos hasta fines de noviembre último.

Sin embargo, destacó que, dado que este régimen se extendió hasta mayo, le pidió a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que incluyera a los impuestos que vencen hasta este mes inclusive.

“Estoy viendo de incorporar los meses de marzo y abril, porque ahora se prolongó hasta mayo. Es muy ventajosa para las pymes”, dijo Fernández en una entrevista que concedió anoche al programa Desde el Llano de Todo Noticias.

Un minuto más tarde, indicó que, aunque no está estudiado la prórroga de los vencimientos de IVA y Ganancias, como pidieron los colegios que agrupan a los contadores. Le pidió a Marcó del Pont que ampliara la extensión de los impuestos vencidos para que ingresen a la moratoria.

Hasta ahora, la moratoria permite ingresar los impuestos vencidos hasta el 30 de noviembre pasado, según la ley de emergencia votada por el Congreso. Por lo tanto, si se extendiera este plazo, como lo sugirió el Presidente, el permiso debería venir o de otra ley o, en una situación más discutible, a través de un decreto.

En este sentido, el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto en materia impositiva, pero si se tratara de un beneficio como éste, seguramente no habrá reparos en la Justicia, indicaron varios tributaristas. De todos modos, hasta ahora dicha extensión no está bajo el análisis del equipo económico.

Por otro lado, el presidente se despegó del proyecto que impulsa el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, de imponer un tributo a quienes ingresaron al último blanqueo. “Yo no hablé de un impuesto al blanqueo”, sostuvo el jefe del Estado.

De inmediato, aclaró que sí estaría de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas, pero que se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso por tratarse de un nuevo tributo. En particular, recordó una conversación que tuvo con la premier alemana, Angela Merkel, sobre el alto nivel de evasión que hay en la Argentina.

“Necesitamos que todos paguen”, enfatizó Fernández.

Al respecto, el presidente de la comisión de presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados, Carlos Heller, trabaja para presentar la semana próxima un proyecto que establecería una alícuota del 1% a los patrimonios más altos, con carácter de emergencia y una asignación específica (la atención de la salud) y no para Rentas Generales.

Heller defiende la iniciativa en este contexto de la crisis global, aunque muchas empresas aclaran que, en este contexto de recesión y alta inflación que atraviesa el país, la mayoría no tiene ganancias reales.

Cabe recordar que la recaudación de marzo presentó una suba del 35%, 12 puntos por debajo de la inflación del último año, con un efecto parcial de la pandemia y del consecuente aislamiento, que se potenciará en las cifras de este mes.

Por esta razón, en la AFIP no querían impulsar una prórroga en el calendario de vencimientos, aunque muchos contadores ya dieron a entender que contribuyentes y empresas priorizarán el cumplimiento de sus obligaciones básicas y se financiarán con el fisco.

Al respecto, el contador Ezequiel Passarelli dijo que “el Gobierno sabe lo grave que es la situación para la mayoría de las pymes; su plan, primero, es que los bancos financien una parte de la crisis; pero sabe que, con esa ayuda de un crédito equivalente a un mes de sueldo, no va a alcanzar porque, sin ingresos, no se pueden pagar todos los gastos, incluidos los impuestos, que son tan altos en Argentina”.

Por esta razón, salió el decreto 332, “con los diversos y muy buenos beneficios, como la reducción o postergación de cargas sociales y el pago de una parte del sueldo por parte del Estado”, aclaró.

Sin embargo, enfatizó que “esos beneficios no van a ser inmediatos y no van a aplicar a todas las empresas y, aun a las que les apliquen, tampoco van a ser suficientes”.

“La recaudación estuvo muy por debajo de la inflación y, este mes, seguro va a seguir cayendo. Por este motivo, sin duda, se debe ampliar la fecha de corte de la moratoria, por lo menos, hasta este mes y con una puerta abierta hacia el futuro si este parate económico continúa”, explicó.

Por otro lado, luego de que el Presidente relativizara el proyecto para gravar a quienes ingresaron al blanqueo, los tributaristas consideraron que se trata de un cambio de postura razonable. Fuentes oficiales aclararon que la medida no estaba en estudio en el Ministerio de Economía.

Sobre esta cuestión, Passarelli dijo que “imponer un impuesto solamente a los que blanquearon no es justo; por empezar hay que preguntarse: ¿de qué blanqueo hablamos?: recordemos que casi todos los gobiernos tuvieron su blanqueo. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Cristina y Macri”.

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, recordó que “en la Argentina el que tiene más de USD 25.000 dólares, ya paga el Impuesto a los Bienes Personales”, cuya alícuota volvió a subir y hasta se fijó una del 2,25% para los bienes en el exterior.

Por su parte, el tributarista César Litvin dijo que no es lógico aplicar “un nuevo impuesto a la riqueza, considerando que la Ley de Solidaridad 27.541 y sus normas reglamentarias, potenciaron la alícuota de impuesto sobre los Bienes Personales para activos del exterior. Ninguna renta lícita puede tener un incremento tan exorbitante entre un año a otro”.

“Además en una gran cantidad de casos, el 2,25% de impuesto supera el test de confiscatoriedad que garantiza la Constitución Nacional , tutelando el Derecho de Propiedad. ¿Cual será la idea del nuevo impuesto: duplicar el impuesto a la riqueza? Debemos recordar que Bienes Personales nació y perdura como un tributo a la riqueza”, indicó.

Además, expresó que “más allá de la pandemia y de la crítica situación de las finanzas públicas, resulta contraproducente seguir exigiendo más esfuerzo al sector privado sin una contrapartida que acompañe con un fehaciente sacrificio la clase política”.

En esta sintonía, el abogado experto en temas tributarios Diego Fraga dijo que la idea de imponer un impuesto al último blanqueo “no pasaba ningún test de constitucionalidad”.

“Muchas veces se hacen trascender medidas absurdas para luego avanzar con otras con mejor sustento jurídico. Pero tampoco hay margen para aumentar o crear nuevos impuestos. Hace muy poco se aumentó el impuesto sobre los bienes personales, con resultados que no fueron los esperados, ya que impulsó a que algunas fortunas se relocalicen en otras jurisdicciones más amigables”, aclaró.

Fraga opinó que “ahora lo que deben primar son las medidas de alivio sobre las empresas y una reasignación del gasto público, para poder dar aire al sector privado. Y deben generarse las condiciones para formalizar la economía”.

“Dada la convulsión mundial y la inexistencia de inversiones extranjeras durante bastante tiempo, seguramente el Presidente deba impulsar un nuevo blanqueo y una moratoria amplia, para que los argentinos vuelquen el dinero que está debajo del colchón a la reactivación de la economía”, opinó.

De hecho, una versión indica que algunos legisladores importantes del oficialismo y de la oposición venían trabajando en un nuevo blanqueo y que la difusión del proyecto de Máximo Kirchner bloqueó esta idea.

Propuesta empresaria

En este sentido, el grupo de empresarios nucleados en “Nuestra Voz”, difundió un documento que contiene una serie de medidas de alivio impositivo:

-Postergación de vencimientos hasta el 30 de junio.

-Permitir el pago de impuestos con títulos soberanos a la par.

-Ampliar el alcance de la Moratoria que abarque deudas vencidas al 31 de marzo, incorporando a todo el universo de contribuyentes, no sólo a las pymes

-Postergar el plazo para la repatriación de activos en el exterior al 30 de junio y ampliar las opciones del destino de esos fondos a inversiones, en bienes registrables, donaciones a la Cruz Roja u otras instituciones similares con destino a equipamiento hospitalario, comedores y víctimas del Coronavirus.

-Eliminar el tope del 5% de la ganancia bruta para las donaciones destinadas a fines sanitarios, comedores y equipamiento hospitalario.

-Transformar los saldos a favor técnicos en el IVA por saldos de libre disponibilidad a los efectos de poder utilizarlos en la cancelación de obligaciones impositivas y previsionales.

-Permitir la compensación de obligaciones de la Seguridad Social con saldos a favor de libre disponibilidad de IVA y ganancias.

-Establecer la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias de los bienes del activo fijo, excluido automóviles.

-Permitir el cómputo del 100% del impuesto a los débitos y créditos e impuesto sobre los combustibles como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

-Deducción especial adicional en el Impuesto a las Ganancias de los sueldos totales abonados durante la pandemia, premiando a quienes mantengan personal.

-Ampliación del plazo de ingresos de divisas por exportación a 360 días, dado que la pandemia es global y su impacto también afecta a compradores del exterior.

-Aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales hasta $30.000 por cada trabajador.

-Suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias para trabajadores solteros y para los casados con dos hijos, equiparando a los autónomos con las mismas deducciones personales.

Entre las ideas del Ejecutivo, del Congreso, de los contadores y los empresarios hay muchas diferencias, pero todas reflejan que la crisis se prolongará más de lo esperado y que es necesario un abordaje fiscal más amplio que el desarrollado hasta ahora por el equipo económico.

Seguí leyendo: