El ministro de Economía dispuso este fin de semana, y formalizó el lunes a través del decreto 346, postergar el pago de intereses y capital de un conjunto de títulos de la deuda pública bajo legislación argentina que vencen en lo que resta del año, mientras se propone avanzar con los acreedores de títulos emitidos al amparo de normas internacionales, para una reestructuración ordenada.
Sin embargo, la división de aguas parece tan lineal como sugiere la diferenciación de bonos por jurisdicción en caso de litigio por incumplimiento de pago, ya que hay fondos extranjeros que tienen títulos bajo ley local, sobre todo el Bonar 24. Una fuente de los acreedores dijo a Infobae: “Fidelity y Pimco tienen un stock importante de esta deuda. Además, ya hubo alguna interpretación de abogados de fondos de inversión extranjeros que consideraban que, si se incumplía con el pago de estos títulos, podían reclamar un default cruzado por su tenencia en bonos bajo ley extranjera”.
Claramente la profundización de la recesión y la consecuente pérdida de recursos fiscales, al disminuir la base de tributación de las empresas y también de los trabajadores, en forma directa e indirecta, a caer sus consumos, llevó a acudir al “ahorro” de recursos que presupuestarios, incluidos los vinculados con el servicio de la deuda del sector público nacional.
La profundización de la recesión y la consecuente pérdida de recursos fiscales, al disminuir la base de tributación de las empresas y también de los trabajadores, llevó a acudir al “ahorro” de recursos que presupuestarios
El reperfilamiento de parte de los servicios de la deuda pública fue una de las herencias que recibió Martín Guzmán de su antecesor, Hernán Lacunza, cuando el escenario para la economía cambió sustancialmente tras el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 11 de agosto de 2019, y que desde el primer día se 2020 se manifestó en el desempeño de las finanzas públicas.
Sin duda que el costo de esa estrategia no es menor, porque se intensificó el aislamiento de la Argentina del mercado de deuda internacional, con excepción de los organismos de crédito multilateral como el BID, Banco Mundial, e incluso el Fondo Monetario Internacional, y el índice de riesgo país escaló desde casi 900 puntos básicos a más de 3.600 ahora, tras tocar picos superior a 4.000 unidades.
Según los últimos datos de ejecución del Presupuesto 2020, sobre la base de la extensión del año anterior, al 3 de abril, la Administración Central tenía comprometida una partida de $578.012 millones para el pago de servicios de la deuda pública, pero sólo había ejecutado $126.353 millones y efectivamente pagados $121.938 millones. De ahí surge un ahorro transitorio de $456.074 millones.
La Administración Central tenía comprometida al 3 de abril último una partida de $578.012 millones para el pago de servicios de la deuda pública, pero sólo había ejecutado $126.353 millones y efectivamente pagados $121.938 millones
Desde el ángulo que se lo mire el ahorro logrado con el reperfilamiento de pagos significa un monto singular: representa el 39% del gasto devengado en los primeros tres meses del año y poco más del 42% de los recursos efectivamente ingresados a la Administración Central.
Además, supera con creces la asistencia directa prevista por el Gobierno nacional para el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, Ministerio de Promoción y Asistencia Social, Salud y mipymes, para paliar los efectos de pérdida de ingresos de los sectores de ingresos más vulnerables, como los jubilados y pensionados que perciben haberes próximos a la mínima y los inscriptos en las categorías A y B del Monotributo, y al conjunto de trabajadores informales sin otro recurso monetario, a través del Ingreso Familiar de Emergencia; y a mipymes con créditos a tasas “blandas” de 24% anual.
Otras fuentes de ahorro
Y así como en los considerandos del Decreto 346 se hace referencia a que la pandemia del coronavirus “ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’” y que su dinámica e impacto "sobre la salud pública sumado a la situación económica y social imperante hace imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes”, también se advierte subejecución del gasto presupuestario en diversas áreas, como diferencia entre el monto comprometido para el trimestre y lo efectivamente devengado:
• - $42.960 millones en Seguridad interior;
• - $28.680 millones en Salud,
• - $23.870 millones en Defensa;
• -$14.440 millones en Ciencia y Técnica;
• -14.171 millones en Educación y Cultura;
• - $9.528 millones en Relaciones Exteriores;
• -$9.079 millones en Poder Judicial;
• -$7.305 millones en Sistema Penal;
• -$2.325 millones en subsidios al sector energético, en su conjunto, aunque se eleva a casi $32.000 millones si se observa que pese a haber transcurrido poco más de un cuarto del año apenas llevaba ejecutado al viernes 3 de abril el 13,1% de la partida asignada para todo el ejercicio.
Por el contrario, del uso de partidas del Presupuesto 2020 provisorio surge también una sobrejecución por parte del Sistema de Seguridad Social en casi $70.000 millones, vinculada con la emergencia sanitaria; en la Administración Gubernamental en Relaciones Interiores por casi $21.000 millones, por refuerzo de giros no automáticos a provincias; Promoción y Asistencia Social en algo más de $7.400 millones; y en servicios sociales de Agua Potable y Alcantarillado $1.100 millones, principalmente.
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