Ni la cuarentena, que cambió todo de un día para otro, pudo frenar la compulsión argentina por el efectivo

La cuarentena consiguió que en la Argentina cambie todo, de un día para otro. Suspendió la mayoría de las actividades económicas, metió a millones de personas en sus casas y las privó de sus ingresos. Cambió la vida social y hasta la forma de saludarse. Hizo detener a miles de personas por circular por la calle. Renegoció contratos y hasta hizo que algunos políticos se bajaran el sueldo. Suspendió el fútbol y los recitales. Sentó en la misma mesa al oficialismo y la oposición. Pero no pudo, ni siquiera ante el temor a la pandemia, frenar la compulsión argentina por el efectivo.

Tras dos semanas de cuarentena total, el primer conflicto grave no vino por alimentos ni remedios sino por el dinero. El aluvión de ayuda social no encontró escollos de tipo fiscal, sino en la forma de pagarlo. El colapso llegó entre el apuro político por empezar a pagar y las debilidades estructurales del sistema financiero de la Argentina, el país que vive en efectivo.

En vastas zonas del conurbano se combinaron la poca densidad de cajeros automáticos, muchos comercios que no aceptan tarjeta, jubilados que acostumbran a cobrar con su DNI sin poder tocar su plata desde hace días y una necesidad de ingresos acuciante.

A estas cosas que se sabe que ocurren, se sumaron las que no ocurrieron. Hubo más exhortación desde los bancos a pagar con tarjeta pero no la hubo desde organismos oficiales. La posibilidad de un conflicto en la distribución del efectivo, o su contracara, la necesidad de pagar con tarjeta, no tuvieron lugar en mensajes oficiales.

Si el presidente, con buen tino, usó con éxito cada micrófono para hacer que los argentinos se queden en casa y hasta decirles cómo lavarse las manos y cómo estornudar, ¿por qué motivo no podría haber convocado a usar la tarjeta de débito para comprar en el supermercado durante la cuarentena? Nadie le advirtió sobre un colapso que era esperable y que pegaba sobre el segmento más crítico: los jubilados. Su fuerte enojo con sus funcionarios tal vez se extienda a los sindicalistas de la Asociación Bancaria, de extrema cercanía al Presidente.

Usar tarjetas y otros medios electrónicos de pago es recomendable por muchas razones ya que formalizan las operaciones y dan eficiencia a los pagos. Pero en esta coyuntura, era además una necesidad sanitaria, no financiera.

Cada jubilado, pensionado, beneficiario de Asignación Universal Por Hijo o cualquier otro plan de Anses es dueño de una caja de ahorro y de la tarjeta de débito asociada a esa cuenta, aunque no siempre lo sabe porque no le explicaron que no necesita ir al banco, sí o sí, el día de cobro.

Por otro lado, la cuarentena restringe al máximo las posiblidades de consumir. La mayoría del dinero tortuosamente retirado de los cajeros en estos días, suele ser gastado en 3 destinos: comida, medicamentos y pago de servicios. Todos pueden cubrirse con tarjeta de débito.

Es real que en muchos barrios y en muchos comercios no se aceptan tarjetas. Pero también lo es que gran parte del efectivo extraído ayer de los bancos terminará en supermercados y otros comercios que sí las aceptan. En la emergencia, promover su uso hubiera liberado billetes y los recursos para recargar cajeros para las zonas y los clientes críticos, en particular, aquellos jubilados que no usan la tarjeta. Hay 350.000 de ellos solamente en el Banco Nación.

Otro argumento habitual contra el dinero electrónico es que la gente no lo usa porque no sabe hacerlo y también va perdiendo certeza. Más allá de los jubilados, entre los receptores de AUH hay gente de todas las edades que incorporó a su vida cotidiana el uso de redes sociales y otras aplicaciones en su celular. ¿Cuántos obstáculos pueden encontrar en aprender a usar una tarjeta de débito, un cajero automático o la app de un banco si de ello depende acceder a su dinero? Tampoco fue aprovechada la amplia red para extraer efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios, que llega a 17.000 puntos de entrega de dinero en todo el país.

Antes de que aparecieran las restricciones por la pandemia, el gobierno había tomado una medida destinada a reducir el efectivo en los sectores de menores recursos: devolver el 15% del monto de las compras con tarjeta de débito a jubilados y pensionados con la mínima y beneficiarios de AUH, un universo de 7 millones de personas. La medida rige desde el 1° de marzo y se anunció una campaña de difusión que nunca existió y que hubiera colaborado para que hoy los bancos no estén atestados de gente.

Aunque se entremezclan las causas, la compulsión por el efectivo está directamente ligada a la informalidad del sistema económico argentino. La tecnología trae en forma permanente nuevos mecanismos, más simples y seguros para usuarios y comerciantes, pero en el 40% de la economía que funciona en negro es difícil ingresar.

Recibir pagos con tarjeta es obligatorio desde 2018, pero muchos comerciantes minoristas siguen rehusándose a aceptarlas. Saben que en el posnet o en el pago QR se van parte de sus ganancias por las retenciones impositivas de toda índole. Prefieren la inseguridad de acumular efectivo. Tampoco el gobierno aprovechó la oportunidad para fiscalizar la aceptación de los pagos electrónicos, como sí lo hizo con la aplicación de precios máximos.

En un banco cuentan que algunos gerentes del conurbano, aún experimentados, ayer vivieron situaciones que los dejaron asombrados. La necesidad de cobrar, la confusión entre los calendarios y la falta de costumbre para usar el cajero, en medio de la intención de protegerse de la pandemia armaron un panorama caótico. “Hay gente que hizo la preinscripción para el IFE por Internet y se presentó a cobrar; otros con la tarjeta en la mano que no querían ir al cajero automático; y otros que no pueden decirte los últimos 4 dígitos de su DNI”, explicó.

Con todos estos elementos, el Gobierno está replanteando el esquema. Desde los bancos explican que el cronograma de Anses era difícil de cumplir sin problemas. De allí, los cambios en la planificación que arrancaron hoy mismo y se decidieron directamente en la Quinta de Olivos.

En algunos despachos oficiales alertan por el plato fuerte, que aunque no parezca todavía no llegó. La primera etapa del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) incluyó solamente a quienes cobran la AUH, ya identificados por la Anses. Una vez cumplida, hay 11 millones de inscriptos en la web de Anses que aspiran a cobrar. Ese pago aún no tiene fecha de inicio.

Se estima que ese número descenderá, una vez que pase por los distintos tamices y se incluya solo a los beneficiarios correctos. Se incorporarán Mercado Pago y otras billeteras electrónicas como opción de pago, según adelantó ayer Infobae, como una vía para aliviar al circuito bancario que tiene un pedido concreto: pagar el IFE en 10 jornadas, una por cada terminación del DNI.

Mientras se apuran los planes, hay también cruces políticos evidentes. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, empujó y aceleró el pago de los planes de un modo que el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la banca pública no compartieron.

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