Prohibición de despidos: ahora las empresas esperan más medidas para poder pagar los salarios

Luego de publicado el decreto del Gobierno que prohibió despidos y suspensiones por 60 días, desde el sector empresario cuestionaron la extensión de la medida y también la falta de otras alternativas de apoyo desde el Estado que les permitan sostener el pago de salarios de sus empleados frente a la falta de actividad.

“La medida de suspender los despidos se justifica en situación de catástrofe. Filosóficamente, no comparto la suspensión de los despidos. La entiendo por la situación, pero no entiendo por qué es por 60 días y no hasta que termine la cuarentena”, señaló Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en declaraciones a Radio Rivadavia.

Los dueños de pequeños comercios consideraron que, en la práctica, el decreto no va a tener ningún efecto. “Ningún empresario despide porque se le antoja, siempre hay una causa justificada. Pero por más decreto o leyes que haya, el comercio que está en esta situación de crisis después de tantos días cerrados, sin flujo de caja, puede haber una quiebra y los despidos van a ser automáticos. El asalariado va a tener que ir a la Justicia a reclamar porque el empleador no va a tener los fondos”, explicó un empresario del sector comercial. Por eso, desde las pequeñas empresas vinculadas al comercio solicitaron al Gobierno la oferta de créditos a tasa cero para poder pagar salarios.

El presidente Alberto Fernández había cuestionado públicamente a los empresarios que decidieron despedir a trabajadores en medio de la pandemia de coronavirus y el parate económico producto del aislamiento social obligatorio.

Desde el sector de aerocomercial y de turismo —uno de los más golpeados y paralizados por los efectos de la pandemia— señalaron que siguen a la expectativa, en el caso de que el proyecto de baja de aportes pueda resultar de ayuda para esa la industria y les permita contener los ingresos de los empleados y resistir por lo menos seis meses, hasta que haya un repunte de actividad.

Según explicó Julián de Diego, especialista en derecho laboral, la intención del Gobierno es que las empresas apliquen el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —incorporado en 1996—, un mecanismo que les permite, en la crisis más profundas, pagar una parte del salario como no remunerativo y no producir despidos. La empresa tiene que negociar el porcentaje del salario bruto que va a pagar a sus trabajadores como no remunerativo (no se contabiliza para aportes, aguinaldo, entre otros ítems), puede ser 50% o 60%.

“La intención del Gobierno es un mensaje a las compañías grandes de que traten de buscar la forma de sostenerse por estos 60 o 90 días. Por eso es muy importante cuál es la respuesta para ayudar a las empresas a pasar estos días sin que las agobien vencimientos como Ganancias, que este año ya están todas comprometidas. El problema de las empresas es que tienen ingresos cero que a duras penas les va a permitir pagar los salarios de marzo”, señaló el especialista en declaraciones a Radio Mitre.

“Es muy importante ver los auxilios que va a promover el Estado a las empresas, que tienen enormes dificultades para atravesar estos 60 días. Tenemos que hacer un impasse durante este tiempo. Para las empresas de menos de 50 trabajadores que tienen ingresos cero, es inviable. Y esas empresas representan dos tercios del empleo de la Argentina, que son pequeñas empresas”, agregó.

Por su parte, desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas aseguraron que el decreto es una “herramienta indispensable” para proteger a los sectores más vulnerables. “Asistimos, desde el comienzo de la emergencia, a numerosos ejemplos de empresarios que, lejos de todo gesto de solidaridad social, aprovecharon el aislamiento obligatorio para ensayar despidos con indemnizaciones reducidas, entre tantos otros incumplimientos”, explicaron en un comunicado.

Los abogados laboralistas aseguran que también se registraron casos de empresas que presionaban a trabajadores de actividades no esenciales a asistir igualmente a los establecimientos de trabajo. “El DNU cumple un doble objetivo: la protección de las trabajadoras y los trabajadores pero, a un mismo tiempo, garantiza el cumplimiento del aislamiento”, señalaron.

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