La batería de medidas que está tomando el Gobierno para paliar el demoledor efecto de la pandemia del coronavirus sobre la economía tendrá un alto costo fiscal, sólo financiable con emisión monetaria, pero ningún impacto en el nivel de presión impositiva.
La estrategia con la que el equipo económico decidió encarar la emergencia parece tener una lógica implacable: aumentar el déficit fiscal en base una fuerte expansión del gasto para contener a los sectores más vulnerables, pero sin modificar en absoluto la política tributaria. Se trata, en definitiva, del espíritu que predominó la política económica al menos desde 2007 hasta 2015, en los que tanto el gasto público como la presión impositiva y también el déficit fiscal tuvieron una marcada tendencia alcista.
En el menú de acciones anunciadas -muchas de ellas en etapa de implementación en estos días- se cuentan, por ejemplo, los refuerzos a los planes sociales, la creación de un ingreso de emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las dos categorías más bajas, además de asistencia crediticia a tasa real negativa para el pago de salarios. Pero no se determinó aún ninguna medida que implique un paliativo impositivo. Aunque es reclamado por amplios sectores productivos y de servicios, hoy parados en función del aislamiento obligatorio, no se anunció, ni está previsto hacerlo en lo inmediato según fuentes oficiales, ninguna eximición, diferimiento ni reducción, al menos transitoria, de los impuestos vigentes.
En los primeros meses del año ya se registró una caída real de la recaudación en torno 10%, cifra que será mayor para marzo y, según los analistas, mucho peor en abril.
En virtud de ello, los monotributistas que facturan más de $26.500 mensuales, los autónomos que dejaron de percibir ingresos y también empresas de todos los tamaños que han dejado de funcionar deben abonar las cuotas habituales para no caer en mora y afrontar el mismo calendario de vencimientos que estaba vigente cuando la economía, aún en caída durante los primeros meses del año, funcionaba normalmente.
A última hora de ayer se conocía una excepción provincial desde el gobierno bonaerense: ARBA postergó para mayo y junio el vencimiento de Ingresos Brutos para pymes, autónomos y monotributistas. Pero, a nivel nacional, el único alivio fiscal anunciado relacionado a las cargas patronales de los sectores directamente impactados por el cierre total de actividad como la industria del turismo y el entretenimiento, fue derogado por una nueva resolución del Ministerio de Trabajo.
Claro que, en el contexto actual, mantener las alícuotas y el calendario de vencimientos impositivos, sin diferimientos ni eximiciones transitorias tanto para contribuyentes particulares como para empresas grandes, medianas o chicas, estará lejos de garantizar el nivel de recaudación. El dato de la AFIP, que dará cuenta de los ingresos fiscales de marzo, se conocerá mañana y será una primera medida del impacto de la crisis. Lo cierto es que en los primeros meses del año ya se registró una caída real de la recaudación en torno 10%, cifra que será mayor para marzo y, según los analistas, mucho peor en abril. Será en ese mes cuando ingresan los pagos de IVA de marzo, cuando se sienta el impacto pleno en la economía.
Por lo pronto, según se desprende del nivel de coparticipación, es decir, la recaudación de impuestos que se gira a las provincias, principalmente IVA y Ganancias, se registrará una caída de 11,3% para marzo, caída que triplica la merma en los giros durante el primer bimestre.
“La realidad es que para el sector productivo formal no ha habido medidas fiscales paliativas, como diferimiento de vencimientos o eximiciones puntuales”, dijo Ariel Barraud, director de IERAL. El instituto de estudios económicos realizó un relevamiento de las medidas tomadas por los distintos países cuya conclusión arrojó que aproximadamente el 60% de las iniciativas oficiales para amortiguar el impacto económico se basó en medidas fiscales de índole impositivo.
“Es clave atender la caída de la recaudación, que de todos modos va a ocurrir, porque lo que hoy ocurre en el sector privado, se va a trasladar al sector público y a partir de ahí, se puede generar un gran desorden federal”, advirtió Barraud, para quien la falta de recursos a nivel provincial y municipal puede desembocar nuevamente en el uso discrecional de aportes del Tesoro nacional (ATN) y la emisión de cuasimonedas.
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