Por qué Domingo Cavallo aseguró que en Argentina el coronavirus complica el futuro más que en la mayoría de los países

Después de un paréntesis de ausencia de casi dos meses, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, actualizó su blog motivado por el difícil momento que enfrenta el mundo, con foco crucial en la salud, pero con impactos singular presentes y por venir sobre las economías. Su texto lleva el título: “En Argentina, el coronavirus complica el futuro más que en la mayoría de los países”.

En un análisis comparativo de las políticas que están adoptando los países desarrollados y “bien organizados” y las que comenzó a aplicar el gobierno argentino, el ex ministro destaca las enormes asimetrías y por tanto las severas limitaciones del país para disponer de los mismos instrumentos y efectividad esperados.

El texto completo de la columna

La pandemia del coronavirus ha desatado una crisis global que se va a sentir en todos los países del mundo. En el aspecto sanitario, es probable que Argentina pueda superar esta crisis con menos costo de vidas que otros países que se demoraron en adoptar las medidas de aislamiento social que recomiendan los especialistas en salud.

Sin embargo, las consecuencias económicas y sociales inmediatas de esas medidas van a ser mucho más agudas que en la mayoría de los países, y, si no se adoptan reformas claves en la organización económica, los desequilibrios adicionales a los que ya existían antes del coronavirus, pueden comprometer seriamente el futuro de nuestra sociedad.

Lamentablemente, viejas disputas en materia de ideología económica, totalmente saldadas en la mayoría de los países, están a la orden del día en el nuestro, y pueden constituirse en un obstáculo muy serio para avanzar hacia esas reformas.

¿Por qué los efectos económicos y sociales inmediatos serán más agudos que en otros países?

En todas las economías nacionales la producción y distribución de bienes y servicios es un sistema muy complejo que involucra a toda su población activa, a instituciones públicas y privadas y sobre todo, a empresas de distinto tamaño, así como a trabajadores independientes y cuentapropistas, encargados de producir los bienes y de prestar servicios a través de complejos mecanismos que las interconectan, en especial los sistemas: monetario, financiero, de transporte y de comunicaciones.

El cierre obligatorio de muchos establecimientos y las restricciones a la salida de las personas de sus domicilios, provoca a la vez, fuertes disminuciones de la oferta de bienes y servicios y de los ingresos de las familias afectadas por la pérdida de sus empleos.

Esto ocurre en todos los países, pero en aquellos que tienen sistemas ágiles de seguro de desempleo y poca economía informal, los pagos del seguro actúan inmediatamente como amortiguadores de la caída de ingresos familiares. Lamentablemente, en nuestro país no existe un buen sistema de seguro de desempleo y la economía informal representa el 40% de la población. Por consiguiente, no funciona este mecanismo amortiguador.

Si los gobiernos de los países bien organizados deciden ayudar a las familias de ingresos bajos con pagos adicionales, lo pueden hacer de manera ágil, enviándoles cheques o depositándoles en sus cuentas de ahorro, porque prácticamente el 100% de los trabajadores en relación de dependencia y por cuenta propia, están bancarizados y registrados en la seguridad social con el dato de sus ingresos. Se trata de un operativo sumamente simple desde el punto de vista administrativo. Nuevamente, en Argentina muchos trabajadores de la economía informal no están bancarizados ni registrados en la seguridad social.

Algo similar ocurre con la posibilidad de que los gobiernos y los bancos centrales apoyen financieramente a las empresas y familias. En los países con sistemas financieros de amplia cobertura y mercados de capitales fluidos y eficientes, sólo se necesita que las autoridades monetarias y fiscales asignen recursos suficientes para inyectar liquidez y ayudar a mantener la solvencia de prestatarios y prestamistas. Pero en Argentina, que no cuenta con crédito, ni interno ni externo, y donde el Banco Central emite una moneda incapaz de mantener su valor, esta posibilidad está severamente limitada.

En los países con buenos sistemas de transporte y comunicaciones, el comercio on-line, con entrega a domicilio, funciona amplia y eficientemente. En esos países, se ha atemperado la caída de demanda de los bienes que pueden adquirirse poniendo una orden a través de la web para recibirlos en el domicilio del comprador. Lamentablemente, en Argentina estos sistemas están poco desarrollados y los que existen están paralizados por congestionamiento. No sólo están insuficientemente desarrollados, sino que, además, algunos sindicatos y organizaciones sociales, vienen demandando más restricciones en el futuro.

También por el lado de la demanda, la falta de una moneda que sirva como depósito de valor, dificulta la utilización de los ahorros para complementar los ingresos familiares cuando éstos sufren caídas transitorias. La mayoría de las familias que pudieron ahorrar en el pasado, mantienen sus ahorros en dólares y, si los quieren convertir legalmente en pesos, deben venderlos en el mercado controlado o incurrir en fuertes costos de intermediación en el mercado de bonos, amén de que muchos no saben cómo acceder a ese mercado. Esto no ocurre en la mayoría de los países con buenos sistemas monetarios y cambiarios, porque tienen sus ahorros en la moneda local o acceden a mercados cambiarios libres.

Así como no es fácil en Argentina recurrir a los ahorros del pasado para moderar las oscilaciones de los ingresos corrientes, tampoco es fácil utilizar el financiamiento bancario con ese mismo objetivo, porque el costo del crédito en pesos para los consumidores es muy alto y cuantitativamente muy limitado.

Desequilibrios adicionales que condicionarán el futuro

Antes de que se desatara la crisis del coronavirus, la economía argentina ya sufría fuertes desequilibrios en sus cuentas fiscales, en la estructura de los precios relativos y se había quedado sin crédito público y con muy reducido crédito privado. Desde 2011 la economía estuvo en estanflación. La inversión tanto pública como privada estaba declinando rápidamente y la inflación estaba en el nivel récord de los últimos 30 años.

El esfuerzo fiscal que el Gobierno va a tener que realizar y la emisión monetaria que el Banco Central tendrá que admitir para intentar atenuar los efectos recesivos y empobrecedores de las medidas de aislamiento social, son peligrosamente desestabilizantes.

Suponiendo que las restricciones al transporte y al funcionamiento de las empresas industriales y de la construcción, tiendan a normalizarse en el segundo semestre, el déficit fiscal, aún sin contar el pago de intereses, puede llegar a superar el 5% del PBI y la base monetaria difícilmente aumente menos del 100% durante este año.

Definitivamente, la deuda pública en dólares no podrá ser atendida, por lo que, o se logra reestructurarla de una forma que no requiera pago de capital ni de intereses en los próximos 2 a 4 años, o se caerá en un default desordenado.

A la deuda en pesos, en el mejor de los casos, sólo se logrará mantenerla en los niveles actuales como porcentaje del PBI, pero refinanciada a través de bonos ajustables por inflación. Por consiguiente, sólo la emisión monetaria quedará como mecanismo de financiamiento de los déficits fiscales de la Nación, de las provincias y de las situaciones de insolvencia del sector privado que activen mecanismos de garantías oficiales.

Las empresas privadas, aún en el caso de las que no hayan quebrado, quedarán fuertemente descapitalizadas por las pérdidas acumuladas, sin capital de trabajo y, por supuesto, con imposibilidad de autofinanciar inversiones.

El desempleo abierto más el que quede oculto tras la obligación de evitar despidos que se impondrá al sector privado que pueda soportarlo, probablemente supere el 25 % de la población económicamente activa.

Mientras todos estos desequilibrios se van acumulando, la inflación y el desabastecimiento de los bienes de consumo, agravarán la situación de los sectores más carenciados y, aún con todo el esfuerzo que el Gobierno intentará hacer para paliar sus efectos, la insatisfacción social se manifestará de muchas maneras. Las oportunidades para los que quieren acceder al poder y empujar reformas sociales a través de la violencia se multiplicarán y, en ese contexto, recrudecerá la discusión política con anteojeras ideológicas de cuño setentista.

Si predominan las tendencias estatistas, intervencionistas y aislacionistas que aún con el tono moderado que caracteriza al discurso del Presidente, asoman frecuentemente en el mensaje oficial y si en la búsqueda de chivos expiatorios los dirigentes políticos más influyentes elijen al empresariado, el final de esta crisis puede ser la hiperinflación, como predicen Diego Giacomini y Javier Milei.

Para escapar de este dramático destino, el presidente Alberto Fernández y su gobierno deben advertir que sólo con una reorganización económica de raíz Alberdiana podrá crear un clima de confianza que consiga que los cientos de millones de dólares que los argentinos mantienen en sus cajas de seguridad o en el exterior, vuelvan para financiar inversiones productivas.

Sólo entonces podrá lograrse un clima de estabilidad que posibilite el crecimiento sostenido. El presidente Carlos Menem consiguió hacerlo a principios de los 90s. Lamentablemente, el presidente Fernández, en lugar de consultarlo a él o a quienes lo ayudamos a encontrar aquellas soluciones, se reúne con Eduardo Duhalde, el responsable de que, a partir de 2002, Argentina haya regresado a la desorganización económica de los años 70s y 80s.

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