Poco antes de las 15 horas terminó en Olivos la reunión del gabinete económico-social convocada por el presidente Alberto Fernández, en la que se hizo un repaso a las medidas tomadas hasta ahora y probables ajustes a realizarse los próximos días.
Básicamente, contó a Infobae uno de los participantes de la reunión, se repasó la situación de sectores de actividad a los que habrá que ayudar con nuevas medidas para evitar consecuencias sociales y económicas aún más gravosas que las provocadas por el impacto económico del coronavirus y la cuarentena decretada hasta el 31 de marzo.
Del encuentro participaron el presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el de Trabajo, Claudio Moroni, el de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Esta vez, aunque había participado de la reunión del mismo gabinete realizada la semana pasada, no estuvo Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes, dos de las áreas casi totalmente paralizadas por el coronavirus y la cuarentena. Tampoco fue de la partida la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que no pudo concurrir. NI estuvo el ministro de Salud, Ginés González García, sobre quien recae la responsabilidad principal de lo que es, en primera instancia, una crisis sanitaria que repercute sobre todas las demás áreas de gobierno.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue la voz cantante de la reunión, por el impacto fiscal de las recientes medidas y por la demanda de medidas adicionales para evitar el agravamiento de sectores con serias dificultades, como aquellos vinculados al Turismo y otros, como servicios profesionales, construcción y actividad inmobiliaria, monotributistas y cuentapropistas, expuestos al colapso de la actividad en los sectores informales de la economía.
De hecho, en declaraciones periodísticas, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que el Gobierno pondrá en marcha “una política específica para el sector informal y monotributista” que alcanza, estimó, “a casi un millón de personas en la Argentina”.
"El mozo, el carpintero, el taxista o remisero”, señaló el ministro, “vive directamente de su propio ingreso y ahora no tiene para moverse ni tiene trabajo”.
En tanto, las empresas constructoras, con sus obras paralizadas, reclaman al gobierno no sólo que se posponga el pago de impuestos, sino que, a los fines fiscales, los días de aislamiento sean tomados como que directamente no existieron. Las inmobiliarias, en tanto, ya estaban en una crisis de dimensiones históricas y dicen que las pymes del sector, e incluso algunas grandes, podrían ir en semanas a la quiebra.
Tarea para el hogar
Pero aunque la preocupación giró en buena medida en torno de los sectores “parados”, un capítulo aparte fue el incipiente problema que representan para sectores que se mantienen en actividad, como el de los supermercados, los agujeros –como la suspensión del clearing de cheques- en el sistema de pagos, lo que a su vez repercute sobre productores y distribuidores de alimentos y, yendo hacia atrás, se estira hasta el sector agropecuario.
Por eso, si bien la sangre aún no llegó al río y los supermercadistas y comercios hasta ahora se las han arreglado con las transportadoras de caudales, uno de los sectores que sigue funcionando, al titular del BCRA, Miguel Pesce, le quedó la tarea de instrumentar medidas durante la próxima semana para asegurar que la cadena de pagos no se corte.
Otro aspecto destacado de la reunión fue la ratificación, por parte de Guzmán, de que el gobierno definitivamente hará la oferta de restructuración de la deuda –por USD 68.842 millones- antes de fin de mes, como se había establecido en el cronograma original.
El ministro estaba envalentonado por el éxito en el reciente reperfilamiento de la deuda en pesos y la “nota técnica” difundida por el Fondo Monetario Internacional que señaló que la Argentina debe hacer una quita a su deuda de hasta 85.000 millones de dólares para que su pasivo sea “sustentable, con alta probabilidad” en los próximos años. De hecho, esa novedad, difundida el viernes, motivó un llamado telefónico del presidente Fernández a Kristalian Georgieva, para agradecerle lo que hasta ahora parece ser un apoyo del organismo de cara a la negociación con los acreedores privados.
La fuente a la que accedió Infobae buscó restar dramatismo a la reunión de ese mini-gabinete: dijo que se hacen habitualmente casi desde el inicio del gobierno, aunque reconoció que la situación actual suscita mayor expectativa sobre el día a día de una crisis sanitaria destinada a agravarse en las próximas semanas y que ahondó los problemas económicos y sociales que el gobierno arrastra desde el mismo comienzo de su gestión.
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