En medio de la pandemia mundial y con un crecimiento continuo de casos de infectados en el país, los prestadores de servicios médicos le pidieron al Gobierno una reunión con urgencia ya que aseguran estar en crisis y no poder enfrentar ni los aumentos salariales otorgados por ley ni los costos extras que trae aparejado la atención en medio de la crisis del coronavirus.
La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) le envió una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la que asegura que el sector afronta una “gravísima crisis económica y financiera que sumada a la situación de emergencia que ha generado el virus COVID-19, le impiden contar con los recursos para afrontar cualquier negociación de recomposición salarial que se plantee, con una propuesta mínimamente conducente”.
Los empresarios tienen programado un encuentro el próximo 19 de marzo con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad para la negociación de la revisión del acuerdo salarial celebrado en 2019.
Los empresarios de la salud señalaron que ya realizaron varias presentaciones a la administración nacional en donde todas las entidades reunidas en la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud solicitaron “medidas urgentes y de corto alcance para alivianar su crítica situación en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Aportes Patronales, Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Bancaria, No Remuneratividad, Implementación de una moratoria especial para el sector de la Salud respecto de sus deudas impositivas y sociales, Suspensión de Inspecciones, Multas y Embargos y firma de un acta compromiso sobre los puntos tratados”.
La carta enviada por Adecra señala que aún no recibieron respuesta de parte del Gobierno de los reclamos anteriores y que eso “agravó la situación” y que la crisis generada por la pandemia generó “una demanda extraordinaria de servicios a los prestadores que integran la entidad". Jorge Cherra, presidente de la Asociación, destacó que el sector señala que considera que "el tratamiento de esta crisis requiere compromisos y responsabilidad de todos los actores sociales y políticos en aras del bien común, aún cuando la aceleración de los hechos nos obliga a solicitar medidas para atemperar el impacto económico en que nos vemos insertos”.
El sector de la salud lleva 17 años declarado en emergencia, situación que le permitió a algunos sanatorios no realizar los aportes para financiarse a través de esa diferencia y sortear el estiramiento de los plazos de pago del Estado nacional y provincial cada más largo. Esto generó una situación de virtual quebranto que, según explicó el Cherro significa “una deuda de alrededor de $10.000 millones sin contar intereses y punitorios que si la AFIP la reclama significa el cierre del sector privado de la salud”.
En ese contexto el sector pidió al ministro una reunión “urgente y previa” a la audiencia ya fijada, “con convocatoria de todos aquellos organismos que puedan dar una respuesta a los requerimientos efectuados entendiendo que ésta es imprescindible para nuestro sector para poder afrontar a la negociación convocada".
Los pedidos:
– Dar libre disponibilidad para la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de IVA a las obras sociales y prepagas;
– No aplicar IVA en la importación directa de bienes de capital, insumos médicos y medicamentos dado que se acumulan como créditos no recuperados;
– Eximir del impuesto a las ganancias lo pagado por las familias en concepto de cuota a las empresas de medicina prepaga o adicionales de aportes;
– Nivelar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales lo cual implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%;
– Adecuar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas que le emiten a las obras sociales y prepagas;
– Tender hacia la eliminación del impuesto a los ingresos brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales a los financiadores y prestadores privados de la salud;
– Creación de un contrato laboral especial para las relaciones entre las instituciones prestadores y los profesionales en ejercicio liberal de la medicina; Sustituir en la definición de PYME a la variable personal ocupado por número de camas en el sector médico prestador;
– Establecer un arancel cero a la importación de bienes de capital e insumos específicos para la atención médica que no se produzcan en el país;
– Exclusión del régimen de factura de crédito para empresa del sector salud;
– Adelantar la unificación de la alícuota de contribuciones patronales a 19,5 para todos los empleadores, la cual está pautada para el año 2022;
– Prórroga de la emergencia sanitaria y moratoria especial con reducción de intereses resarcitorios, plazos extendidos y eximición de sanciones.
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