Para la calificadora de riesgo Fitch Ratings, hay chances de default argentino porque una reestructuración consensuada será difícil

La agencia dijo que la Argentina podría evitar una reestructuración si alcanzara un superávit fiscal de 3 puntos del PBI. Pero también que el país tiene baja tolerancia a la deuda y que la negociación con acreedores privados puede extenderse en el tiempo

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 EFE 163
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La calificadora de riesgo Fitch Ratings dijo que la Argentina necesita “un alivio significativo de la deuda para superar sus problemas de solvencia y liquidez”, tal como sostuvo el FMI. Aún así, los desacuerdos que puedan surgir con los bonistas privados respecto a cuál debería ser el nivel de quita y de esfuerzo fiscal que podría enfrentar el Estado podrían dificultar una reestructuración de deuda consensuada, sobre todo teniendo en cuenta el deadline del 31 de marzo que se impuso el Gobierno.

La oficina de deuda soberana de Fitch, a cargo de Todd Martínez, analizó en una nota la definición del FMI respecto a que la deuda argentina es “insostenible” y que apoya la búsqueda por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, de una quita a las tenencias de los acreedores privados.

Las conversaciones con los acreedores privados podrían girar en torno a sus opiniones sobre la situación de solvencia de la Argentina y el grado de ajuste fiscal que se puede lograr, así como sobre los planes del Gobierno para devolver a la economía al crecimiento que aún no se han establecido”, argumentó el informe. “Las opiniones divergentes de los acreedores sobre estas cuestiones podrían dificultar una reestructuración consensuada de la deuda, lo que plantearía el riesgo de un proceso prolongado o de impago total”, concluyó.

Fitch estima que un superávit del 3% del PIB estabilizaría la deuda sin la necesidad de una reestructuración con quita, pero los vientos políticos y económicos en contra hacen que esto no sea realista

El apetito de la Argentina y del actual presidente Alberto Fernández por medidas de austeridad es casi nulo, para Fitch. “La medición de la solvencia debe evaluarse en el contexto de la baja tolerancia de la Argentina a la deuda, que se refleja en su deficiente historial de pago. Esto se debe principalmente a la gran dependencia de las divisas para la obtención de préstamos y a la escasa capacidad para obtener divisas. La deuda soberana en moneda extranjera y la factura de intereses de la Argentina son las más elevadas de todos los soberanos calificados por Fitch en proporción a los ingresos externos actuales”, dijo la agencia de riesgo crediticio, agregó.

La magnitud del alivio de la deuda que restablecería la sostenibilidad de la deuda está inversamente relacionada con la capacidad de ajuste fiscal del soberano. El FMI estimó anteriormente que un superávit primario del 1% lograría la sostenibilidad, pero se basó en gran medida en hipótesis optimistas en torno a variables muy inciertas (el crecimiento del PIB, el tipo de cambio real y las primas de riesgo) que ahora son insostenibles”, analizó la calificadora.

Fitch estima que un superávit del 3% del PIB estabilizaría la deuda sin la necesidad de una reestructuración con quita, pero los vientos políticos y económicos en contra hacen que esto no sea realista”, consideró.

La medición de la solvencia debe evaluarse en el contexto de la baja tolerancia de la Argentina a la deuda, que se refleja en su deficiente historial de pago

La agencia de riesgo crediticio agregó, además, que el anunció de Guzmán de que las cuentas fiscales no se equilibrarán hasta 2023 es menos que lo que ofrecieron otros países que se embarcaron en reestructuraciones recientes y que lograron superávits primarios de 2 puntos del PBI poco después de sus operaciones de deuda.

“Argentina carece de la capacidad para un ajuste de esta magnitud. El ajuste fiscal desde 2018 se ha basado en gran medida en el aumento de los impuestos a los sectores económicos productivos y en el recorte del gasto público. Una mayor dependencia de esas medidas podría exacerbar los profundos problemas de competitividad. La consolidación centrada en el gasto puede ser más favorable para el crecimiento a largo plazo, pero podría provocar una reacción política o popular y desafíos legales. El gobierno de Alberto Fernández ha mostrado un apetito limitado por ello desde que asumió el cargo en diciembre pasado y todavía no ha aprobado un presupuesto para 2020”, dijo el análisis.

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