De regreso en Buenos Aires tras su gira por Arabia, Washington y Nueva York, el ministro de Economía, Martín Guzmán, activaría en las próximas horas los pasos previos indispensables para el lanzamiento de la primera oferta a los acreedores privados de la deuda. Los bancos y entidades financieras que presentaron propuestas y participan del proceso de selección para convertirse en agentes de información, colocadores y asesores del Gobierno esperan para última hora de hoy -”si no hay nuevas demoras”- la designación oficial. Eso es, al menos lo que les comunicaron el viernes pasado, previo al viaje de Guzmán, en reuniones que se mantuvieron con representantes de varias de esas entidades.
Aunque no es un negocio de enorme relevancia en términos económicos para los grandes bancos globales ya que las comisiones establecidas no podrán superar por ley el 0,1% del volumen involucrado en la operación -cifra por debajo del mercado-, las principales entidades del mercado mostraron su interés y algunos avanzaron en las negociaciones hasta la semana pasada. Entre ellos, Citi, Lazard y Rothschild, aunque la lista es más larga e incluye también al HSBC y otros principales jugadores. En tanto, con el rol de identificar a los bonistas, trascendió que sería designada Morrow Sodali, consultora global especializada en esta tarea.
Superada esa instancia, clave para dar forma a la propuesta oficial, la semana próxima se retomaría el contacto con los inversores. En coincidencia con la nueva visita de los enviados del FMI, Julie Kozack y Luis Cubeddu, se espera la llegada de un grupo de acreedores agrupados en el comité que intenta crear el titular de Greylock Capital, Hans Hume.
La consigna básica de la que parte el ministro, se sabe, es una prórroga lo más amplia posible, hasta 2023 como plan de máxima, para el pago tanto de capital como de intereses. A partir de ahí, podría evitarse una quita de capital pero no un recorte de los intereses
Los bonistas buscarían no sólo reunirse con funcionarios del Palacio de Hacienda sino ampliar el espectro a políticos y empresarios para tener una visión más amplia del contexto económico y social del país. El deseo de máxima apuntaba a lograr un encuentro con el presidente Alberto Fernández, reunión que fue descartada de plano en la Casa Rosada. La negativa a entrar en tratativas de manera directa con los acreedores incluye al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien suele recibir pedidos de reunión que son religiosamente derivados a Economía. Esta vez no será la excepción y todo indica que los bonistas serían recibidos a nivel oficial exclusivamente por funcionarios del área económica.
Aunque con algunas dilaciones y a un ritmo que el mercado considera más lento que el previsto, el proceso de reestructuración entró en una secuencia lógica. La designación de las entidades que darán soporte a Guzmán y al equipo de Finanzas es clave en el diseño de la propuesta. Lo mismo que el equipo de abogados que asiste al país, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Ambas partes son vitales para estructurar la oferta, una vez que se haya logrado definir cómo se distribuye la tenencia de títulos, los distintos tipos de fondos (y sus objetivos) y diferentes escenarios con probabilidades de éxito de cada propuesta. A ese análisis de riesgos tanto financieros como legales habría dedicado Guzmán parte de su tiempo en Nueva York, donde algunos de fondos que no lograron acceder a su encuentro serían también agendados a partir de la semana próxima.
La consigna básica de la que parte el ministro, se sabe, es una prórroga lo más amplia posible, hasta 2023 como plan de máxima, para el pago tanto de capital como de intereses. A partir de ahí, podría evitarse una quita de capital pero no un recorte de los intereses. La magnitud y alcance a lo largo de la vida del bono de ese recorte es la parte más delicada a definir, ya que depende de los plazos y las características de cada bono qué tanto se afectaría su valor. Por lo tanto, es lo que definiría lo posibilidad de reunir los mínimos de aceptación necesarios en cada serie emitida.
La complejidad es mayor en aquellos bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, ya que requieren niveles de aceptación más altos (75% de la emisión) y son los que están mayormente en manos de fondos de riesgo. Ese tipo de inversor está, explican entre los propios acreedores, más atento a la estrategia legal, además de los efectos inmediatos del canje. Es decir, no ponen tanto foco en el plan económico de mediano plazo ni en la dinámica macro, que advierten compleja. Se asume que este grupo será el más inflexible en la negociación, de ahí que no se descarta que, eventualmente, los títulos PAR y Discount terminen quedando fuera de la operación si no se advierten mínimas chance de éxito.
“La primera propuesta que se tire a la mesa va a ser la de máxima, como en cualquier negociación. Después se encontrará el punto intermedio”, aseguró una fuente involucrada en el proceso.
Lo que parece claro es que, tal como Economía planteó el cronograma para la reestructuración, los tiempos son difíciles de cumplir. Y, en paralelo a esa negociación, se espera que avancen las discusiones con el Fondo Monetario. El Gobierno busca cerrar un acuerdo cuanto antes con el organismo pero se descuenta que, dada la burocracia y los tiempos que el propio FMI está imprimiendo a las conversaciones, eso no ocurriría antes del canje con los acreedores. Sin embargo, sí se espera un “acompañamiento” del organismo durante el proceso. Por ejemplo, un comunicado “favorable” tras la revisión del Artículo IV.
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