Las misiones de “revisión” del FMI del tipo de la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordó con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, son una tarea casi cotidiana del organismo.
Esta actividad, que el Fondo incluye entre sus responsabilidad de “vigilancia” (surveillance) está reglamentada por el Artículo 4 de su Convenio Constitutivo, acordado en 1944, sobre el fin de la segunda guerra mundial, en los llamados “acuerdos de Bretton Woods”, por el lugar de New Hampshire, EEUU, en que se reunieron los 44 miembros originales y fundadores del FMI y el Banco Mundial.
Estas “misiones” equivalen a una suerte de chequeo anual de las condiciones de salud fiscal y monetaria de los miembros del Fondo y de hecho son uno de los principales ítems del presupuesto anual del organismo. Baste decir que los 2.700 miembros del Staff del Fondo en las 52 semanas que tiene cada año deben realizar el “artículo 4” de 189 países.
El viernes 21, por caso, el Fondo concluyó el “artículo 4” de Uruguay, el jueves había concluido el de Colombia y diez días antes había terminado de realizar esa misma suerte de verificación técnica vehicular a su tercer principal accionista, Japón.
De la rutina al conflicto
Las misiones pueden ser breves y puramente burocráticas para países que no tienen problemas ni créditos del Fondo, pero se hacen más exhaustivas y conflictivas cuando el gobierno en cuestión está embarcado en un “programa” con el organismo.
Un “programa”, como la propia Georgieva dijo en su comunicado que el Fondo intentará conseguir con la Argentina, implica un conjunto de “condicionalidades” a cumplir por el receptor del crédito (metas fiscales, metas monetarias y de crédito, ciertas “reformas estructurales” según de qué tipo de programa se trate) a cambio de los “desembolsos” que el organismo va haciendo a medida que se cumplen esos requisitos.
Los países que más recurren al Fondo, como la Argentina, son casi por definición los que tienen más problemas o desórdenes macroeconómicos, que se suelen reflejar en su “cuenta de balanza de pagos”. De hecho, en las misiones del Fondo suele haber especialistas fiscales, especialistas monetarios y los que en la jerga interna llaman especialistas “bioupí” (por BOP, Balance of Payments).
Normalmente, las misiones de artículo 4 pasan sin que mucha gente del país en cuestión se entere. Distinto es cuando el gobierno o el país están en ascuas por un desembolso de dinero o por alguna opinión del Fondo que pueda influir sobre el ánimo de prestamistas e inversores privados. Son climas habitualmente “ de ajuste”, políticamente conflictivos y las visitas del organismo tienen gran eco mediático, como sucede en la Argentina y como sucedía en la década del ochenta en varios países latinoamericanos más, particularmente en Brasil.
Por esa razón, los funcionarios del Fondo son celosos de que sus nombres y fotos se difundan demasiado. Ser un nombre y una cara muy conocidos puede ser un problema, como por ejemplo le ocurrió a principios de este siglo al jefe de la misión del Fondo en Turquía, el italiano Carlo Cottarelli, a quien le recomendaron bajar su recio perfil, que aparentemente caía muy bien entre las mujeres turcas y llegó a valerle amenazas de muerte.
En la Argentina las cosas nunca llegaron a tanto. Las visitas suelen generar marchas de repudio, pero los funcionarios enviados no han sufrido consecuencias físicas, aunque se recuerda el caso del peruano Jorge Baca Campodónico, un experto en cuestiones fiscales (no miembro del “staff”, pero sí “asesor” del Fondo) que en febrero de 2003, como miembro de una misión del organismo fue detenido por Interpol en Buenos Aires a raíz de una publicación periodística que delató su presencia. Baca Campodónico había sido funcionario del gobierno de Alberto Fujimori y tenía causas pendientes por uso persecutorio de los datos del Sunat, la AFIP peruana, y una cuestionada compra de aviones de combate a Rusia.
En nuestro país, cliente recurrente del FMI, a partir de 2018 las misiones “artículo 4” del Fondo se hicieron innecesarias, ya que el acuerdo implicaba revisiones trimestrales. Pero los funcionarios que negociaron y supervisaron el fallido programa con el gobierno de Mauricio Macri fueron desplazados de su función: el italiano Roberto Cardarelli fue reemplazado como “jefe de misión” para la Argentina por el economista venezolano Luis Cubeddu. En tanto, al director del Departamento Hemisferio Occidental, el mexicano Alejandro Werner, le designaron como subdirectora a la norteamericana Julie Kozack.
Tanto Kozack como Cubeddu fueron elegidos personalmente por Georgieva.
Lo más destacado del “regreso” al país de estas misiones, que implicarán la llegada de un grupo más numeroso de técnicos ansiosos por revisar los datos oficiales, es que representan un cambio de posición del gobierno de Alberto Fernández respecto de la que en su momento asumieron Néstor y Cristina Kirchner.
Durante el kirchnerismo, la última “misión de artículo 4” del Fondo fue en julio de 2006. Kirchner detestaba que los burócratas del FMI husmearan las cuentas públicas. Ese rechazo se volvió insuperable en 2007, luego de que, en enero de ese año, el gobierno inició la intervención de facto del Indec y la era de la estadística fantástica.
Así, entre 2007 y 2015 la Argentina fue el único país sudamericano que no recibió las “misiones artículo 4” del Fondo, que no se hacen si el país huésped no las acepta. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, siguieron teniendo misiones artículo 4 del Fondo, pero no la Argentina.
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