Tras un extenso diálogo con las cámaras que nuclean a las empresas del sector, el Gobierno finalmente terminó de delinear el proyecto de ley para contar con una nueva Ley de Economía del Conocimiento y lo enviará en las próximas horas al Congreso. Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa mantiene los beneficios de reducción de la alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y sobre el pago de las contribuciones patronales, pero mejora las condiciones de acceso para las Pymes. Por otro lado, la cláusula de estabilidad fiscal por 10 años que figuraba en la norma previa y que era clave para el sector no estará en el nuevo texto.
“La modificación de la Ley está orientada a promover las facilidades de ingresos de las Pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso (porcentaje de inversión en I&D, de capacitación, y de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios)”, aseguraron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Tal como había trascendido, el proyecto mantiene los beneficios de descuentos para el pago de ambos impuestos, pero modifica el modo de cálculo. Lo que hace el proyecto es volver al método de porcentajes que regía con la vieja Ley de Software: 60% de reducción en el caso de Ganancias y 70 % de rebaja en las contribuciones patronales.
Pero las empresas del sector no podrán gozar del beneficio en la rebaja de cargas patronales para todos sus empleados dedicados a la actividad del conocimiento, sino que habrá un tope. Ese techo es equivalente a 7 veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II (535 empleados), lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados.
“De esta manera, las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen porque son empresas emblemáticas de Argentina, que mueven la economía y el empleo del país. Todas las empresas con beneficios de la Ley de Software tienen una cantidad menor de beneficiarios a la que establece el nuevo tope”, dijeron en la cartera que preside Matías Kulfas.
Pero este tope no actúa en detrimento de la generación de nuevo empleo. Si al momento de inscribirse al régimen, la empresa contara con 5.000 trabajadores dedicados a la actividad del conocimiento, sólo podrá utilizar el beneficio del descuento del 70% de las cargas patronales sobre 3.745. Pero si luego incorpora empleados por sobre esos 5.000, la compañía podrá acceder a la ventaja impositiva por esos nuevos trabajadores. “De esta manera, también estamos promoviendo el nuevo empleo vinculado a las actividades promovidas en la ley”, remarcaron las fuentes.
Además, la iniciativa busca tener una orientación inclusiva y federal, según explicaron desde el Gobierno. Tal es así que las empresas podrán acceder a 10 puntos adicionales de descuento en las contribuciones patronales, es decir 80%, en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados; y personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. Este beneficio se aplica a todo el empleo incremental.
Respecto a los beneficios y su estabilidad, la iniciativa se propone modificar la concepción de estabilidad prevista originalmente basada en la estabilidad fiscal, por una visión enfocada en la estabilidad de los beneficios por el período de vigencia del régimen. En este sentido, dice el texto del proyecto, se garantiza a las empresas adherentes que se les mantendrán las condiciones de los beneficios previstos mientras se mantengan dentro del mismo y durante su vigencia. “A la vez, tampoco condiciona al Estado para la imposición de nuevos tributos, lo cual podría afectar las condiciones de equidad y justicia con otros sectores sociales y productivos”, agrega el texto.
Por otra parte, en la nueva iniciativa se ajustó la forma de encuadramiento para aquellas empresas pertenecientes a los nuevos sectores cuyo ingreso al régimen no estaba definido claramente. Concretamente, para acceder, su actividad principal (70% de la facturación) deberá estar ligada al conocimiento. “Una empresa que utiliza nanotecnología en su proceso productivo no necesariamente factura nanotecnología”, aclararon desde Desarrollo Productivo.
De esta manera, se trata de limitar el ingreso de las empresas vinculadas con “servicios profesionales", “tratando de ajustar a parámetros que se acerquen a los objetivos de las actividades promovidas en lo que se entiende Economía del Conocimiento y de fomentar solo aquellas empresas que generen divisas y empleo de calidad”, según detalla el Gobierno en el proyecto enviado al Parlamento.
El texto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación y fija criterios para definir el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades que incluye la ley frente a una experiencia de varios años que tenía a la industria del software como única destinataria.
Además, se crea un Fondo con un porcentaje que van a aportar las empresas del beneficio que ya estaba previsto en la Ley, pero tendrá otro destino. En este caso, se utilizará para la promoción de la Economía del Conocimiento para financiar capacitación, formación de recursos humanos, proyectos de inversión productiva, internacionalización de Pymes y actividades de innovación. Será de apoyo exclusivo para las pequeñas y medianas empresas.
Según recordaron las fuentes, la ley aprobada el año pasado obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales. Estas leyes provinciales debían dictarse antes del 31 de diciembre de 2019; a esa fecha, sólo 6 provincias habían cumplido con este requisito, por lo que un número importante de potenciales beneficiarios del régimen quedaban fuera porque las provincias donde estaban radicadas las empresas no habían adherido a la Ley en estos términos. Para el Gobierno, “esta situación atentaba contra el sentido federal de un régimen de promoción de estas características”. Ahora, la exigencia de que las provincias deban adherir a la ley fue eliminada.
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