En el inicio de una nueva política económica, algo esperable dado el insostenible sendero de inestabilidad y empobrecimiento arrastrado desde abril de 2018 y la inviabilidad del programa de ajuste financiado por el FMI, el Gobierno anunció transferencias a sectores de menores ingresos que apuntan a reactivar el mercado interno vía promoción del consumo. Pero, además, se instrumentó suba de impuestos y diversas medidas de control de cambios y de precios.
Según el Gobierno, no se anunciará ningún programa de estabilización ni de crecimiento hasta que no se reestructuren los vencimientos de la deuda pública. Pero no pocos inversores locales y del exterior, sostienen que si no se devela tal plan de esa reestructuración no se puede comenzar ni a hablar.
La apuesta oficial es a ganar credibilidad mientras se mantienen congeladas las tarifas y los combustibles hasta mediados de año. Pero las paritarias laborales siguen su rumbo, el mecanismo de ajuste jubilatorio es incierto, y el Consejo Económico y Social anunciado para estabilizar pujas y reclamos sectoriales, todavía no existe. Y los recientes episodios en materia de administración de la deuda pública generan no pocas dudas.
Confiar así en los controles de precios como único instrumento de estabilización no es más que voluntarismo. Si se pretende crecer con menor inflación, es claro que la oferta debe crecer a una mayor velocidad que la demanda de bienes. Inevitablemente debería bajar de alguna forma el gasto público y promoverse la inversión con menor burocracia, impuestos y regulaciones ineficientes. Sin nada en el horizonte al respecto, y sin un plan conocido, emergen varios problemas con los controles vigentes:
a) en el caso de tarifas, combustibles y costos de transporte, no es claro si se mantendrán en el segundo semestre del año, o no, y en caso negativo, ni el incremento futuro, ni el criterio subyacente son hoy conocidos ni predecibles;
b) en el caso de las jubilaciones y salarios, se prevén aumentos de sumas fijas, pero la frecuencia de ajuste no es homogénea, por tanto la dinámica para el resto del año también es incierta;
c) el esquema de Precios Cuidados de referencia, más las exigencias de las autoridades de información de costos y precios para poner topes compulsivos, desalientan la oferta y pueden conducir a desabastecimiento;
d) la inflación núcleo (de precios no estacionales ni controlados) sigue su propia dinámica, lo cual dificultará comprender si una decisión de política monetaria o fiscal futura es transitoria o permanente.
Si el sector privado prevé que el Gobierno no puede controlar la totalidad de precios e ingresos de la economía, al menos en los sectores no regulados se observarán subas permanentes, no transitorias. Y en ese caso, el resultado puede terminar siendo el opuesto al buscado: más inercia inflacionaria. La experiencia de 1987-89 y de 2011-15 es más que convincente al respecto. La inflación no cedió, se aceleró. Y también en otros países, los congelamientos de precios no acompañados por políticas monetarias y fiscales apropiadas, terminaron en saltos inflacionarios luego de estabilizaciones transitorias.
Por estos días, los inversores exigen un plan macro concreto para evaluar la futura capacidad de pago que perciben las autoridades. También lo requiere el resto del sector privado, para entender la futura coherencia y sostenibilidad de las políticas fiscal y monetaria. Específicamente, sin un programa fiscal y monetario austero, claramente explicado a la sociedad y creíble, se complicará no sólo la renegociación de la deuda, sino la viabilidad de los controles de precios. Las expectativas de su abandono pueden terminar exacerbando la inflación inercial que se pretende combatir con controles y congelamientos selectivos. Cuando se pierda la credibilidad en los controles de precios por su inviabilidad práctica, la inflación se acelerará. Es cuestión de tiempo.
El desafío es, entonces, el de evitar el retorno de expectativas de futuras expansiones fiscales a ser financiadas con mayor endeudamiento público o emisión monetaria. De lo contrario, persistir con controles de precios sólo conduce a esas expectativas que finalmente terminarán llevando a la economía hacia un sendero de alta inflación, un camino que sólo conduce a más pobreza y mayores dificultades para volver a crecer.
El autor es economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad del Salvador (USAL)
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