La política de achatamiento de la pirámide jubilatoria que se reeditó el viernes, y generar un ahorro presupuestario de casi $5.500 millones mensuales respecto de lo que hubiera significado aplicar la anterior “ley de movilidad”, parece una señal de lo que el Gobierno pretende en materia de ingresos en general: ralentizar el ritmo para reducir la “nominalidad” de la economía y bajar así la tasa de inflación sin aplicar nuevas dosis de ajuste fiscal y descartando cualquier forma de apretón monetario.
Esa intención será puesta a prueba en las paritarias salariales que tendrán lugar entre marzo y abril y en una segunda ronda a mediados de año, cuando venza el convenio 2019 de Camioneros y Hugo y Pablo Moyano decidan qué balance hacer entre sus bases, las cámaras de transportistas y el gobierno de Alberto Fernández.
El presidente les pidió a los gremios negociaciones “prudentes”, pero aunque en la Casa Rosada los popes sindicales le sonríen, en las reuniones de la CGT y en las negociaciones que ha habido hasta ahora no hay plafond para los deseos oficiales, en particular, para el pedido de que no haya “cláusula gatillo”.
Según el consultor y experto laboralista Julián de Diego, en una reunión reciente en el gremio de Sanidad, en la que el titular del gremio, Carlos West Ocampo hizo de anfitrión del secretario general de la CGT, Héctor Daer, los gremios resolvieron algo “completamente distinto” a los pedidos oficiales y acordaron que los gremios pujen por recuperar lo perdido en los últimos acuerdos, preservar las “cláusulas gatillo” y discutir cada convenio según sus posibilidades.
De los convenios del último período, los únicos que le ganaron a la inflación fueron Encargados de Edificios, Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), Construcción (Uocra), Estaciones de Servicio y Bancarios, con aumentos de entre 59 y 54 por ciento. El gremio que encabeza el dirigente peronista porteño Víctor Santamaría fue el que más consiguió. Es la única paritaria en la que no participan los que pagan: propietarios e inquilinos de edificios de propiedad horizontal.
Los cinco gremios que más perdieron fueron Textiles, Plásticos, Madera, Maestranza y Comercio, que tuvieron aumentos en un rango de 18 a 38 por ciento.
A su vez, según el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, entre 2015 y 2019 los salarios reales de convenio de todos los sectores tuvieron caídas. Algunas, leves, como Aceiteros (-0.1%) y Bancarios (-2,2%) y otras grandes, como Prensa (-35,9%) y Textiles (-38,7%).
El primer acuerdo 2020 fue el de Utedyc, que encabeza el moyanista Carlos Bonjour: aumento de 20% en tres cuotas hasta julio, cuando volverán a reunirse con su contraparte (Clubes, ONGs, Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) para negociar los aumentos del resto del año. Hay ahí un cálculo implícito de inflación anual de 40 a 44 por ciento.
“También Smata y Bancarios ya empezaron a negociar los convenios 2020”, dice Luis Campos, coordinador del Observatorio de la CTA Autónoma. Smata negocia trimestralmente con las terminales automotrices (Adefa) y los concesionarios (Acara), además de algunos convenios más chicos que para el primer trimestre acordaron aumentos de 9 a 11,5 por ciento. Comercio, UOM y Alimentación todavía tienen pendientes “revisiones” de los acuerdos 2019.
En tanto, Camioneros logró un 26% para el primer semestre de este año, que es en verdad el cierre del convenio en curso que corre de julio 2019 a junio 2020 y acumulará una suba de 49,5 por ciento.
La Asociación Bancaria, encabezada por su secretario general, Sergio Palazzo, negoció aumentos de “suma fija”, de 4.000 a 10.500 pesos según escalafón (7 a 9% en el primer trimestre) antes de sentarse a discutir la paritaria 2020, y la UTA, del secretario general Roberto Fernández a quien su opositor, Miguel Bustinduy, acusa de “convertir a los choferes de larga distancia en asesinos” y negociar un “Ahora 12 vergonzoso”, firmó recientemente en Trabajo el pago de “diferencias salariales” que se empezaron a abonar este viernes, un “aumento solidario” de suma fija a pagar en febrero y marzo y el inicio de paritarias ese mes, aunque aclaró que el aumento acumulado del convenio vigente fue de sólo 41,3%, por lo que “resta recomponer los meses remanentes de la paritaria 2019”.
La clave del momento son las paritarias docentes, que entre viernes y lunes se iniciaron o inician en Buenos Aires, CABA, Misiones, Chaco, Chubut, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Los gobiernos provinciales, que en enero tuvieron la más fuerte caída de ingresos por coparticipación de los últimos tres años, y los gremios negocian con un ojo en la “paritaria docente nacional” que el gobierno nacional reinstaló por decreto pero a la que todavía no convocó
El gobierno de Mauricio Macri había obviado esa instancia al fijar por decreto que el salario mínimo docente para todos los distritos era igual al Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en el “Consejo del Salario”, más un 20 por ciento. Al respecto, también es una incógnita cuándo convocará el ministerio de Trabajo al “Consejo del Salario” para establecer el nuevo salario mínimo, que desde octubre pasado quedó en $16.875.
El gobierno restableció por decreto la “paritaria nacional docente”, pero aún no la convocó. Macri había prescindido de esa instancia fijando por decreto que el mínimo docente fuera igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil más un 20 por ciento
La “paritaria nacional” dijo a Infobae Javier Almirón, secretario de Prensa de la Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe), que el viernes se reunió con el gobierno provincial, “es importante como símbolo y también concretamente, porque la Nación se compromete a aportar fondos”. Y agregó: “el sistema de gobierno anterior sólo le servía (a los docentes de) 3 ó 4 provincias”. La próxima reunión con el gobierno del peronista Omar Perotti será el 20 de febrero; allí Amsafe espera recibir una primera oferta a evaluar contrarreloj en asambleas departamentales y en la provincial, antes del 2 de marzo, fecha en que, en todo el país, debe iniciarse el ciclo lectivo.
La expectativa de los docentes es el temor de los gobernadores: los salarios del sector insumen entre 25 y 30% de los presupuestos provinciales. La eventual munificencia nacional para dar aumentos que pagan las provincias podría disparar situaciones como la de 2007, cuando como ministro de Educación y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Daniel Filmus, anunció un aumento que provocó problemas en varias provincias, incluida una rebelión docente en Santa Cruz.
Por de pronto, una cuestión es si habrá “cláusula gatillo” o de revisión. “Ya lo dijo el Presidente: en Argentina no hay más cláusula gatillo”, dijo el tucumano Juan Manzur. También la ministra de Educación bonaerense, Mara Ruiz Malec, cuestionó esa cláusula y admitió que será difícil cerrar un “acuerdo largo”. La cláusula tampoco parece del agrado de Adriana Cantero, ministra de Educación de Santa Fe; “es una metodología, pero no es la única”, señaló.
En Buenos Aires, al cabo de la primera reunión, Roberto Baradel dijo que “el gobierno provincial tiene los recursos para dar respuesta a los docentes”, aunque supeditó la negociación a “lo que suceda en la paritaria nacional”. El titular de Suteba –cuya esposa, Lorena Riesgo de Baradel, es funcionaria del gobierno de Axel Kicillof– ya no amenaza con el no inicio de clases pero, en prevención de una eventual oferta de suma fija, insistió en la necesidad de una “recomposición del básico que respete la escala salarial”.
La posibilidad de que Nación y Provincias propicien para los docentes aumentos de suma fija invocando un principio de “solidaridad”, como se hizo con los jubilados, es más que una conjetura. Fue exactamente lo que hizo el viernes, en la primera reunión paritaria, el gobierno de Alicia Kirchner, que ofreció a los docentes de Santa Cruz un aumento “remunerativo” de suma fija de $2.000, unos $1.600 de bolsillo.
Antes que la cifra, lo más llamativo fue que el gobierno santacruceño, que participa en la “Mesa Nacional” docente, señaló que allí la Nación plantea “reducir la diferencia entre el trabajador que menos gana y el que más gana” y por eso “se recomienda desde la Mesa Nacional trabajar con una suma fija”. La oferta a los docentes santacruceños equivale a un aumento promedio de 7% a partir de marzo, en una provincia cuyo presupuesto 2020, de poco más de 95.000 millones de pesos, contiene un aumento de 63% respecto de 2019.
En todo caso, por tamaño y cantidad de docentes alcanzados (unos 360.000), la paritaria provincial más importante es la bonaerense. “En Buenos Aires, entre activos y pasivos, los docentes son un tercio del presupuesto provincial. Dijeron que van a esperar la paritaria nacional, lo que implicaría que comparte el concepto del gobierno de ‘mirar para adelante’, pero sin cláusula gatillo negociarían a ciegas. Y el gobierno no da ninguna pauta sobre cuál va a ser la inflación; ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni el gasto público”, dijo Juan Luis Bour, economista de FIEL.
Aparte de la paritaria docente, el Estado tiene la de la Administración Pública Nacional, que a su vez repercute en Provincias y Municipios a través de los gremios ATE y UPCN. Bour se pregunta si esa negociación tendrá un “paraguas político”, porque nota que los más grandes conflictos están en el sector público.
El sector privado
“En los privados la negociación dependerá fundamentalmente de la actividad”, dijo Bour. En los últimos dos años, debido a la recesión –destacó– el desempleo aumentó de 8 a 10% y no más, porque el salario real en el sector privado formal cayó entre 12 y 15 por ciento.
“Los gremios buscarán recuperar lo perdido y sin restricciones; a los empresarios los veo desorientados, mínimamente quieren conocer las pautas del gobierno para ver si habrá crecimiento”, dijo De Diego. “En el Gobierno todos están pendientes de la deuda y mientras, salvo brotes verdes en el turismo, en todos los sectores la recesión continúa. Paliativos como las moratorias y planes de financiación sirven sin son puente a un plan de crecimiento, si no, las empresas después no tienen con qué pagar”, enfatizó.
El ejemplo a mano, explicó, es Vaca Muerta: “Está prácticamente paralizada, hubo despidos; el Gobierno no quiere que despidan más y las empresas quieren preservar la mano de obra, porque despedir gente entrenada es una pérdida enorme. Es un sector que atrae inversión y genera divisas; es un mirador internacional importante; 90% de las empresas que operan y prestan servicios allí son internacionales. Pero el gobierno no reacciona”.
Ahora se vienen las paritarias grandes o de consumo masivo: Comercio, Alimentación, Construcción, Servicios (Transporte, Ferroviarios), resumió De Diego. “El Estado quiere imponer reglas que los sindicatos no aceptan, aunque ya no hablan con la virulencia que lo hacían en el gobierno anterior”, cerró el laboralista.
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