Nadie sabe con exactitud qué es lo que convenció a Alberto Fernández para elegir a Martín Guzmán para hacerse cargo de un puesto caliente como es el ministerio de Economía. Pero es casi seguro que haya sido seducido por la idea del discípulo de Joseph Stiglitz de exigir a los bonistas un largo período de gracia para volver a pagar la deuda una vez reestructurada. Así lo mencionaba en un paper que presentó en la ONU a fines de noviembre, apenas un par de semanas antes de haber sido confirmado como uno de los funcionarios clave de la nueva administración.
El Presidente tiene en su cabeza el modelo que permitió el “milagro” del gobierno de Néstor Kirchner, entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. La economía argentina logró una asombrosa expansión, con tasas de crecimiento anual que llegaron al 8 por ciento. Nadie apostaba por semejante repunte luego del estallido de la Convertibilidad, el “corralito” y la pesificación asimétrica. Pero sucedió. Y lo que resulta aún más increíble es que ocurrió mientras el país se encontraba en default, es decir no pagaba la deuda. Recién a fines de 2005 el tándem Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen logró cerrar la negociación, aunque consiguieron sólo 76% de aceptación.
Alberto Fernández tiene en su cabeza el modelo que le permitió a Néstor Kirchner crecer a tasas chinas, justamente cuando él era jefe de Gabinete. En aquella instancia, a causa del default no se pagaba la deuda. Ahora se buscaría lo mismo, aunque evitando la cesación de pagos
Para Alberto Fernández y Martín Guzmán es clave repetir ese modelo. Con el detalle no menor de evitar formalmente el default, en la práctica la idea es no pagar ni el capital ni los intereses de la deuda por un largo período de tiempo, por lo menos hasta 2023. Es decir, durante la mayor parte de la gestión del actual Presidente.
Aunque desde el Gobierno hablan de una propuesta amigable y de buena fe, esta idea de renegociar pero no pagar un solo centavo posteriormente es extremadamente difícil de digerir para los acreedores. Contradice la lógica de cualquier proceso de estas características. Cuando una empresa entra en convocatoria, los acreedores renegocian las condiciones de esa deuda para que la compañía vuelva ser solvente. El objetivo generalmente es que una vez llegado a un acuerdo (que puede incluir una reducción de intereses, alargamiento de plazos e incluso quita de capital) automáticamente la compañía vuelva a efectuar pagos en forma regular de la deuda ya renegociada.
La mayoría de los propuestas que bancos de inversión acercaron a Economía en las últimas semanas incluye este período de gracia, que los mercados ya consideran inevitable. La salvedad es que exigen un “endulzante”, es decir algo que haga un poco más atractiva la oferta, teniendo en cuenta que el país estará luego sin pagar durante varios años. Por ello piden que el Gobierno efectúe un pago inicial en efectivo.
Para los bonistas resulta muy difícil de digerir el período de gracia de tres años que impulsa el ministro de Economía. Para aceptarlo, exigen un “endulzante”, que consiste en un pago en efectivo inicial. Sería el tema más arduo en la discusión que se aproxima entre el Gobierno y los acreedores
Para los bonistas es fundamental cobrar “algo” de entrada, ya que consideran que de esa manera el Gobierno mostraría realmente buena fe en la negociación. De lo contrario, la propuesta se parecería a una suerte de “pagadios”, es decir patear para adelante los vencimientos de deuda sin mayores compromisos. ¿Y qué pasa si en tres años no se crece lo esperado ni se generan los dólares suficientes para hacer frente a los vencimientos? Es la pregunta que difícilmente puedan responder las autoridades.
La discusión del “endulzante” será posiblemente la que más tiempo lleve. Ese “plus” existió en la renegociación del 2005, pero con sabor a poco. Fue el cupón PBI. Los inversores lo valuaron casi en cero, es decir no lo consideraron atractivo en absoluto. Sin embargo, terminaron siendo un gran negocio, porque luego el crecimiento superó todas las expectativas. Por ahora nadie habló de incorporar un nuevo cupón PBI, pese a que este tipo de instrumentos estuvo presente en la renegociación de deuda de Ucrania en 2015, que contó con el apoyo del Fondo.
El FMI tendrá voz y voto en la renegociación con los bonistas. Para que el organismo acepte aplazar el cobro de los USD 44.000 millones que le prestó a la Argentina, lo primero que exigirá es una renegociación consistente con los acreedores privados. Tal como adelantó Infobae la semana pasada, los técnicos del organismo consideran que debería haber una quita nominal de entre 15% y 20%, además del alargamiento de plazos y la reducción de intereses. Además, también exigirá que el Gobierno se comprometa a recuperar el superávit fiscal. Esta semana llegan los técnicos del FMI al país y uno de los temas centrales será cómo ir hacia un nivel de deuda “sustentable”.
Un tema central de la renegociación que se aproxima es cuál será la tasa que tendrán los nuevos bonos argentinos. Los analistas descuentan que superará el 10%, es decir que la Argentina en un primer momento será percibido -igual que ahora- como un país poco confiable y riesgoso.
El otro tema extremadamente sensible, y que ya no está en manos del Gobierno, es cuál será el rendimiento de los títulos argentinos una vez finalizada la reestructuración. En general, los analistas de mercado son bastante escépticos: consideran que la deuda rendirá por encima del 10% anual en dólares, cuando cualquier bono latinoamericano lo hace al 3% o 4% como mucho. Es decir, Argentina -al menos en una primera instancia- será percibido como un país riesgoso y poco confiable.
A partir de allí, tras la finalización de la renegociación de la deuda, empieza toda una nueva etapa. El Gobierno deberá enviar un proyecto de Presupuesto 2020 al Congreso, explicitar si tendrá o no superávit primario, cuál es el sendero para conseguirlo y sobre todo cuál es el plan económico para que la Argentina vuelva a crecer luego de una década de estancamiento, luego transformado en depresión.
Por el momento, la elevada presión impositiva, cambios permanentes de reglas de juego, la elevada inflación y la situación de cuasi default hacen casi imposible que se produzca un salto de las inversiones del sector privado. En este escenario, ni el alivio por el no pago de la deuda será suficiente para retomar el camino del crecimiento. Pero para llegar al famoso “plan” primero habrá que pasar estas próximas semanas de alto voltaje.
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