La saga del BP21, el bono bonaerense que el Tesoro provincial finalmente pagó el 5 de febrero, al límite del plazo establecido para evitar el default, atrajo la atención sobre Axel Kicillof y su estilo negociador. El desenlace del caso podría afectar la negociación de la deuda nacional, en manos del ministro de Economía, Martín Guzmán, porque restó credibilidad a la dureza del planteo inicial.
Pero, ¿cuáles fueron las experiencias de Kicillof como negociador? ¿Podía esperarse algo distinto? Los antecedentes a repasar son tres: el pago a Repsol, la negociación con el Club de París y la negociación con buitres y holdouts, todas ocurridas en 2014.
En las dos primeras, Kicillof negoció el costo de decisiones previas: la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, de la que había sido cerebro y ejecutor, y casi 13 años ininterrumpidos de default al Club de París, de los que había sido mero observador hasta que en noviembre de 2013 asumió como ministro de Economía.
Por último, ante la Corte de Manhattan del juez Thomas Griesa, el entonces ministro y hoy gobernador incurrió en lo que un libro Martín Kanenguiser, periodista de Infobae, llamó “el default más tonto de la historia” y dejó un precedente jurídico (la llamada “cláusula de pari passu” en el juicio del fondo buitre NML) que podría afectar la próxima negociación argentina e incluso otras negociaciones soberanas.
Caso Repsol
Se trató del acuerdo para resarcir a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF. El propio Kicillof había sido artífice de esa expropiación, ocurrida en abril de 2012, once meses después del anuncio por parte de la empresa española del descubrimiento de una de las principales vetas de hidrocarburos no convencionales en la formación “Vaca Muerta”, identificada casi 90 años antes por el geólogo norteamericano Charles Weavers, pero factible de explotación recién en el siglo XXI con la aplicación de nuevas técnicas de extracción, en particular la fractura hidráulica, o fracking.
Desde el 27 de enero, cuando se filtró la idea oficial, hasta el 16 de abril de 2012, cuando se produjo la expropiación, la acción de la empresa cayó 41%, puntuada por la cancelación de concesiones por parte de varias provincias y una suerte de asedio declarativo.
En las audiencias ante el Congreso, consultado sobre el costo de la expropiación, Kicillof sugirió la posibilidad de demandar a Repsol por “pasivos ambientales” y en otra ocasión dijo textualmente: “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10 mil millones de dólares. ¿Y eso dónde está?”, desafió. “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”.
El desafío tuvo una doble refutación.
La primera ocurrió en 2014, cuando Kicillof acordó la indemnización a Repsol, consistente en un pago con tres bonos diferentes por un “valor presente” de 5.000 millones de dólares y un flujo de fondos que se estira hasta el año 2034 y suma, en el tiempo, cerca de 9.000 millones de dólares.
Un mes después del acuerdo, Repsol vendió no solamente los bonos que recibió del gobierno sino también el 6% de acciones remanentes y se hizo así, según consignó el diario El País, de España, de USD 6.309 millones. Fue lo que se llevó por “desposeerse” del 57% de YPF. En tanto, Kicillof pagó 5.000 millones de dólares -y dejó más del 90% del flujo de pago de intereses y capital a los gobiernos subsiguientes- por el 51% de una compañía que al momento de ser expropiada tenía una “capitalización de mercado” de 7.700 millones y que hoy cotiza en poco menos de 3.900 millones de dólares.
La segunda refutación llegó en la forma de un juicio contra la Argentina, de un valor potencial de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, del bufete Burford Capital, que se había hecho de acciones minoritarias de YPF. Tal vez el mejor argumento de la demanda, que se tramita ante una Corte de Nueva York y en la que el viernes la Argentina hizo un último intento de traer a la justicia argentina, es el video de Kicillof hablando en el Congreso de "los tarados que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir lo que dice la empresa”.
Es que el estatuto de YPF, de 1993, incluye dos artículos (el 7 y el 28) en defensa de los accionistas minoritarios. El artículo 28 establece la obligación de un oferente por una parte sustancial de la empresa de extender su oferta a todos los accionistas. Y el 7 describe cuatro métodos de valuación, del cuál el adquirente debe pagar el mayor valor. A eso se refirió el actual presidente de YPF, Guillermo Nielsen, cuando en julio del año pasado, en una entrevista con Perfil trató a Kicillof de “ignorante”.
“Si uno va y emite deuda con legislación de Nueva York, o lleva el estatuto de YPF y lo homologa ante la Security Exchange Commission, la SEC de New York, que es la que regula el mercado de Wall Street, eso tiene fuerza de ley .... No podés ser ministro de Economía si ignorás la importancia de las normas de los mercados de capitales", dijo quien era visto entonces como potencial ministro de Economía.
Otro ex directivo de YPF. que pidió reserva de su nombre, apuntó a otra anomalía de aquel acuerdo, la “garantía” otorgada a Repsol del pago de un valor mínimo, debajo del cual el Tesoro argentino se vería obligado a emitir más títulos a modo de compensación.
Caso Club de París
El segundo test negociador siguió de inmediato. con el Club de París. Aquí la prehistoria es larga y Kicillof no estuvo involucrado.
La agrupación informal de países acreedores con fuerte predominio europeo se formó precisamente para el primer acuerdo, en mayo de 1956, con la Argentina, por USD 500 millones, cuentan Marcos Ochoa y Maximiliano Albornoz, ambos economistas graduados en la Universidad de La Plata, en un paper publicado por el “Centro de Estudios para el Cambio Estructural”. Al BCRA le quedaban apenas 250 millones de reservas y no estaba en condiciones de cumplir compromisos previamente adquiridos con agencias gubernamentales de garantía de comercio e inversión.
La relación refleja la histórica inconducta argentina en materia de deuda: de los 433 convenios del Club con más de 90 países en sus casi 64 años de historia. la Argentina, con 9, es noveno en el ranking, solo superado por países africanos y a la cabeza de los latinoamericanos.
En diciembre de 2001, durante la presidencia semanal de Adolfo Rodríguez Sáa, la Argentina había entrado en default con varias agencias gubernamentales y diversos países europeos. Después, pasaron casi 13 años hasta que en 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) encargó la cuestión a Kicillof. De la deuda total con el Club, 37% era con el gobierno o agencias de Alemania, 22% de Japón y 8% de Holanda, podio que identifica a los países usualmente más críticos con la Argentina en el directorio del FMI.
Al 30 de abril de 2014, punto de partida de la negociación, la deuda total era de USD 9.690 millones, pero 49% eran intereses por mora y “punitorios” (Gráfico). El entonces ministro encaró la cuestión con ímpetu y firmó el primer acuerdo “ad hoc” en la historia de los convenios argentinos con el Club. Todo para evitar un acuerdo “clásico”, que hubiera exigido la “Auditoría” del FMI, posibilidad explícita y reiteradamente rechazada por voceros del gobierno de CFK. Darse ese gusto implicó aceptar pagar todos los intereses y punitorios y un plazo muy estrecho de pago: apenas 5 años, hasta 2019, con la condición extra de que si la Argentina se retrasaba, a partir de 2020 la tasa de interés se elevaría de 3 a 9%.
El acuerdo anterior (el octavo de los nueve) con el Club de París lo había hecho en 1992 el secretario de Coordinación Técnica de Domingo Cavallo, Horacio Tomás Liendo: consistía en pagar una deuda de USD 2.700 millones en 16 años y con 4 de gracia.
Pero, fundamentalmente, señalan Ochoa y Albornoz, el acuerdo negociado por Kicillof compara desfavorablemente con otros contemporáneos y de similar monto. “El Club de Paris ha celebrado 21 convenios de pagos entre 2010 y 2015 y de los últimos acuerdos firmados con otros países, el de la Argentina es solamente comparable a los de Birmania y Cuba por los montos involucrados y por las características de los acuerdos firmados”, precisan.
En el caso de Birmania, sobre un monto total de USD 9.868 millones, se cancelaron USD 5.556 millones y el resto (4.312 millones) se refinanció a 15 años, con 7 de gracia. En el de Cuba, el monto del acuerdo fue por USD 10.600 millones, con una condonación de deuda de USD 8.500 millones, 5 años de gracia para los intereses y un plazo total de 18 años. El de la Argentina, concluyen, “es el único que no tiene periodo de gracia, es el de más corto plazo y no contempla quita de deuda”.
Eso fue más o menos lo que le dijo al entonces diputado Kicillof el entonces ministro Alfonso Prat Gay en un fuerte cruce en el Congreso, en marzo de 2016, cuando le enrostró haber negociado ese acuerdo “a tontas y locas”.
Entre julio de 2014 y mayo de 2015, el gobierno de Cristina Fernández pagó USD 1.642 millones de aquel acuerdo. Luego, entre mayo de 2016 y mayo de 2019, el de Mauricio Macri pagó vencimientos por USD 6.200 millones (64% del total) pero dejó impaga una última cuota, en noviembre de 2019, por “cuidar las reservas”, como le había pedido el ya entonces presidente electo, Alberto Fernández.
Por eso este año la Argentina no registra vencimientos con el FMI (comienzan en 2021 y son muy grandes en 2022 y 2023) pero sí uno grande con el Club de París. Es un saldo de cerca de 1.900 millones de dólares, pero ahora con un interés de 9%, que en su reciente viaje a Europa pidió renegociar el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Caso Holdouts
La última e inconclusa negociación de Kicillof como ministro fue el intento, también en 2014, por evitar el “default técnico” ante la Corte de Nueva York entonces a cargo del juez Thomas Griesa, por las demandas que holdouts (bonistas que no habían ingresado al canje de deuda de 2005, durante la gestión de Lavagna, ni al de 2010, durante la de Amado Boudou) y fondos buitre. Griesa llegó a designar un componedor, el abogado Daniel Pollack, que hizo gestiones entre las partes,
El entonces presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, coordinó el apoyo de un grupo de bancos argentinos a un acuerdo que parecía a mano. Pero a último momento Kicillof despachó esa posibilidad en una incendiaria rueda de prensa en el consulado argentino en Nueva York, flanqueado por su secretario de Finanzas, Pablo López, y de Legales, Federico Thea. Mientras, en Buenos Aires, aparecían los carteles con fondo de las banderas argentina y norteamericana y la leyenda “Ayer, Braden o Perón. Hoy, Griesa o Cristina”.
Una de las razones invocadas para no acordar fue la vigencia de la llamada “Cláusula RUFO", que expiraba a fin de 2014 y establecía que cualquier oferta mejor a quienes no habían ingresado a los canjes previos debía extenderse a quienes sí lo habían hecho. Pero en 2015 no hubo intento de arreglo. La Argentina salió del “default selectivo” recién en marzo de 2016, cuando el Tesoro pagó el reclamo de buitres y holdouts y recuperó el “acceso a los mercados de capital” del que el gobierno de Macri hizo uso y abuso hasta que las puertas del financiamiento privado se cerraron bruscamente en abril de 2018.
BP21
La última experiencia de Kicillof como “negociador externo” ya no fue en ropas de ministro sino de gobernador y es la más reciente: el vencimiento de la segunda cuota de capital del BP21, un bono emitido en 2011 por el gobierno de Daniel Scioli, con amortización en tres cuotas, los 26 de enero de 2019, 2020 y 2021. El 14 de enero, Buenos Aires adelantó que no pagaría el capital e invitó a los bonistas a prestar su “consentimiento” a una postergación hasta el primero de mayo.
Kicillof dijo que a la provincia no podía pagar y cargó las tintas sobre la gestión de María Eugenia Vidal, pero pospuso varias veces la fecha límite para que los acreedores aceptaran la postergación, ofreció compensar la mora de intereses y ofertó pagar el 30% de la cuota de capital. Finalmente, cuando todos los intentos fracasaron, decidió pagar el 100% del capital e intereses. En el ínterin, dólar y riesgo-país habían reflejado la negativa opinión del mercado sobre la saga del bono bonaerense.
Balance
Una consecuencia inmediata del desenlace del BP21 fue el resultado de la licitación para canjear el AF20, el “bono dual”; aceptaron el convite oficial, diseñado por el secretario de Finanzas de la Nación, Diego Bastourre, tenedores de sólo 10% del bono, lo que supone un desafío a resolver antes del vencimiento del bono, por 100.000 millones, el jueves 13.
“Lo que vemos en Kicillof es una actitud de bullying, que parece valiente, pero es temeraria. Un valiente mide sus actos y puede tomar decisiones difíciles, pero es consciente de lo que hace. En cambio, la actitud pendenciera de Kicillof tiene consecuencias económicas graves y afecta las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Por ejemplo, la expropiación de YPF puede terminar costándole al país 12.000 millones de dólares”, dijo a Infobae la ex senadora nacional María Eugenia Estensoro.
Otro posible efecto adverso sobre la restructuración de deuda que pretende hacer Guzmán es que en, en los reclamos de buitres y holdouts, en 2014 Griesa finalmente dio lugar al reclamo de “pari passu” de los acreedores, en particular el fondo buitre NML. Según Lee Buchheit, durante 40 años abogado del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende a la Argentina, Griesa accedió a la aplicación "falaz” de ese principio por dos errores del gobierno: la llamada “ley Cerrojo” y los “locuaces” funcionarios que, como Kicillof, repetían a voz en cuello que holdouts y buitres no cobrarían “nunca”.
En un fallo posterior (White Hawthorne vs Argentina) Griesa corrigió su error inicial, correción que reforzó otro fallo judicial sobre la restructuración de la deuda de la provincia de Mendoza. Pero el propio Buchheit, que en marzo de 2019 se retiró de “Cleary ...” y recientemente hizo su aporte a un importante volumen del FMI sobre “Deudas Soberanas”, teme que que el genio de esa “falacia” vuelva a salir de la botella. Si así sucede, el pasado de Kicillof puede complicar el futuro de Guzmán.
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