El Gobierno contratará la semana próxima a una entidad financiera para diseñar la renegociación de la deuda con los acreedores privados, en un contexto más hostil luego del episodio del bono de la provincia de Buenos Aires.
Luego de que los acreedores más dialoguistas quedaran golpeados por el desenlace del pago de la deuda bonaerense de USD 250 millones, la Nación apretará el acelerador para llegar a un acuerdo a fines de marzo, con más fondos dispuestos a litigar que antes.
En la competencia figuran al menos cuatro firmas internacionales que están en condiciones de ser elegidas como agentes de información y que se asociarían con socios locales.
Este viernes el Ministerio de Economía que conduce Martin Guzmán lanzará las condiciones para elegir a este agente, un rol que en 2004 ocupó la firma Lazard Freres.
Ahora, además de esta boutique francesa, están en carrera Rothschild, Guggenheim y GSA, según indicaron fuentes del mercado a Infobae. La semana próxima, mientras llega la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires, se elegirá a uno de estos jugadores si se cumplen los plazos legales.
En paralelo, el ministro presentará ante el Congreso los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.
En las últimas dos semanas del mes se seleccionarán a los asesores financieros o agentes de distribución y comenzará el intercambio con los bonistas, apuntando a presentar en marzo la oferta de renegociación.
Escenario más complejo
Pero más allá del cronograma formal, uno de los participantes del proceso afirmó que el desarrollo del proceso que desembocó en el pago del bono 2021 en la provincia de Buenos Aires dejó “heridos” a los bonistas más dialoguistas.
Cabe recordar que el comité de acreedores representado por el abogado Marcelo Delmar, que aseguraba tener cerca del 50% de los USD 250 millones que pagó la Provincia, aceptó de inmediato el lunes pasado la propuesta de recibir el 30% del total. Sin embargo, como Fidelity y otros fondos tenían cerca del 25%, se bloqueó la aceptación de esta oferta y el gobernador Axel Kicillof optó por pagar el monto completo el miércoles para no caer en default.
“Este bloqueo de Fidelity dejó en una mala posición a los acreedores con más voluntad para negociar en las conversaciones con el gobierno nacional, frente a los que prefieren esperar y optar por un litigio”, expresó la fuente del mercado.
En este sentido, el fondo de inversión Golden Tree (GT) comenzó a sumar voluntades para comprar deuda argentina a bajo precio. Fundado hace 20 años, GT es uno de los fondos más grandes de Estados Unidos que maneja una cartera de unos USD 32.000 millones de inversores institucionales como fondos de pensión, compañías de seguro y fondos soberanos.
Dado el fracaso del “comité de acreedores” en la negociación con la Provincia, los incentivos ahora están colocados del lado de los fondos que jugarán a “todo o nada” y apostarán también a bloquear el éxito de la oferta que presente la Nación si se basa en una quita importante. Los bonistas aceptan una postergación del pago de capital pero quieren que haya “endulzantes”, como un bono por los intereses que también se aplacen.
De todos modos, abogados que conocen el caso argentino aseguran que el camino para los litigantes será más complejo que en el período 2011-2014, cuando la justicia norteamericana falló en contra del gobierno argentino por haberle cerrado el camino a los holdouts a través de la “ley cerrojo”.
En este sentido, el especialista destacó que el gobierno de Alberto Fernández demostró una clara voluntad de pago al aumentar los impuestos y congelar la fórmula de ajuste de las jubilaciones.
Guzmán debe desarrollar tres negociaciones en paralelo: con los acreedores privados, con el FMI y con el Club de París, para postergar los abultados pagos de los próximos tres años. El ministro expresó esta semana en un seminario en el Vaticano que “la Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda desde 2020 a 2021 con el Club de París y eso no solo es insostenible sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración”.
Cabe recordar que fue Kicillof en su rol de ministro de Economía quien negoció el pago al Club de París sin ninguna quita, a diferencia de lo que los acreedores acostumbran a aceptar en los acuerdos de este grupo.
Esta quita hubiera implicado la participación del FMI, que el gobierno de Cristina Kirchner no estaba dispuesta a aceptar por la manipulación de las estadísticas oficiales. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández está en el medio de un programa firmado con el organismo multilateral, que también pretende renegociar para poder pagar los USD 44 mil millones recibidos entre 2018 y 2019 en un plazo más largo.
Dado que el menú de cambios es más limitado con el FMI que con los bonistas (no puede haber quita), se pasaría a un acuerdo de 10 años, a cambio de mencionar al menos la necesidad de aplicar “reformas estructurales”.
Y si bien esta semana se caracterizó por una serie de gestos diplomáticos positivos durante la gira del Presidente por Europa, todavía resta el veredicto de la misión del staff del organismo multilateral que, como dijo el auditor regional Alejandro Werner, quiere saber cuáles son las proyecciones y el plan económico del Gobierno para renegociar la deuda, dejar atrás la recesión, reducir la inflación y normalizar los precios relativos que quedarán congelados al menos durante el primer semestre.
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