Efecto “dominó” por Vicentín: una corredora de Santa Fe cortó la cadena de pagos y otra solicitó la quiebra de la exportadora

La estrategia financiera empleada por Vicentin fracasó en el intento por alcanzar un acuerdo consistente para la cancelación de deudas.

En este camino, la compañía exportadora de cereales, con una deuda que supera los USD 1.300 millones, no podrá evitar la instancia judicial, tras haber entrado en proceso de cesación de pagos el último 4 de diciembre. Pero eso no es todo, algunos de sus acreedores se enfrentan a la imposibilidad de cumplir con los compromisos contraídos con sus propios clientes, al cortarse la cadena de pagos.

Uno de estos acreedoras en la provincia de Santa Fe, GYT Plus (el acopio de Guardati Torti) señaló el jueves, a través de una nota remitida a la Bolsa de Comercio de Rosario, que no podrá honrar compromisos asumidos con sus clientes y que necesita ir a una reestructuración de pasivos.

GYT Plus emitió un comunicado con fecha 6 de febrero, en el que expresa que “debido a múltiples situaciones ajenas a nuestra voluntad, hemos sufrido un impacto de consideración en nuestras finanzas, que torna muy difícil el cumplimiento temporáneo (sic) de las obligaciones asumidas”. En este contexto, Rofex-Matba dispuso prohibirle la apertura de nuevas operaciones, de manera preventiva.

GYT Plus es una de las acopiadoras más importantes del sector y sus directivos conforman la mesa directiva de la Bolsa rosarina. La firma opera en el mercado de granos, y también en el de capitales bajo la razón social de Guardati Torti SA, aunque sobre esta última no hay riesgo financiero: los títulos que negocia están bajo custodia de la Caja de Valores, por lo tanto podrán ser liquidados.

Esta estrechez financiera que atraviesa la cadena del agro está ligada a los avatares políticos y económicos del país en el último año.

A falta de infraestructura para almacenar o exportar la cosecha gruesa en el momento de la recolección –más de 50 millones de toneladas de soja en el mes de mayo-, los productores entregan el poroto al exportador, pero no piden liquidarlo en el momento, si no que lo venden con el precio “a fijar”, para hacer efectiva la venta en meses de primavera y verano, con la esperanza de una mejor valuación ante la disminución estacional del producto disponible.

El economista Salvador Di Stefano explicó a Infobae que “después de las elecciones primarias, y ante la presunción de un aumento de las retenciones en caso de llegar Alberto Fernández a la Presidencia, muchos productores decidieron adelantar la liquidación de las ventas ‘a fijar’ acordadas con los exportadores”.

“La mayoría de las operaciones de soja se entregan con precio a fijar. Y lo que era una liquidación que se iba a producir de a poco en primavera y verano se hizo masiva. El productor dijo: ‘fijame el precio de la soja y pagame’. Cuando todos juntos van a hacer eso, Vicentín tiene que pedir crédito para afrontar los pagos, y cuando se corta el financiamiento, automáticamente se produce una situación de iliquidez”, graficó el reconocido asesor en negocios de Rosario.

“En el caso de Vicentín, no contaba con la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos, como le puede suceder a un banco si todos los clientes van a retirar los depósitos al mismo tiempo. Y en Argentina, desde el 12 de agosto no hubo uno solo banco que diera crédito a las empresas, que tuvieron un problema de liquidez”, apuntó Di Stefano.

Otro analista de agronegocios consultado por Infobae puntualizó que “desde fines de septiembre ya se comentaba esta complicación para los corredores, desde la caída en default de BLD, y después los rumores fueron mucho más importantes a partir de la crisis de Vicentín. Hay varios corredores que están más complicados, en particular los más chicos, porque el problema es la gente que entregó mercadería ‘a fijar’ y no sabe cómo cobrarla. En las últimas semanas hay productores que prefieren quedarse con la mercadería a colocarla en medio de esta incertidumbre”

“Esta vulnerabilidad financiera en la cadena del agro estalló con el reperfilamiento de la deuda. BLD cayó por un contexto local que permitió tomar deuda, apalancarse para aprovechar las altas tasas de interés. Con el reperfilamiento, se generó la situación de no poder cobrar esa plata colocada a tasa y se ‘cortó el chorro’, con sus acreedores que a la vez tampoco saben cómo ni cuándo van a cobrar y enfrentan su propia crisis”, agregó el experto.

En tanto, Gagliardo Agrícola Ganadera (GAGSA), de la ciudad santafesina de Pérez, efectuó la presentación de un pedido de quiebra de Vicentín para avanzar en el pago de la deuda contraída por la exportadora. La presentación se concretó ante el Juzgado Civil y Comercial 14 de Santa Fe, a cargo del magistrado Marcelo Quaglia.

GAGSA es una empresa productora de alimentos que pertenece al Grupo familiar RJG, con actividad en el mercado agrícola desde 1969. Su producción se centra específicamente en cereales, oleaginosas y ganado bovino y porcino.

EFECTO “DOMINÓ” POR LA DEUDA DE VICENTÍN

La dimensión de la deuda de Vicentín, una de las diez agroexportadoras más importantes del país, hacía previsible un efecto “dominó” que iba a comprometer la situación patrimonial de otras empresas corredoras y acopios que mantenían operaciones con la agroexportadora.

“El agro tiene un margen de rentabilidad muy bajo. Los políticos no explican la crisis en la cadena de comercialización, solo se enfocan en aumentar los impuestos al sector. Es muy probable que este proceso esté comenzando, en la medida que el Gobierno no tome cartas en el asunto para ayudar a salir a las empresas del problema con su liquidez”, enfatizó Salvador Di Stefano.

“Este es el primer capítulo de una problemática que va a tener el campo, porque los productores sembraron con una ecuación económica y van a cosechar con otra. El campo no necesita una devaluación, no lo beneficia porque tiene muchos costos e insumos dolarizados, lo que precisa es una política de Estado -pero no intervencionismo-, previsibilidad y reglas claras”, dijo Di Stefano.

El ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, se refirió este viernes a la situación generada por esta crisis. “Estamos sumamente preocupados por la implicancia de la empresa, por la magnitud y por su presencia en la provincia. Detrás de Vicentín hay muchos puestos de trabajo, son muchos productores, muchas cooperativas y acopios. Nos estamos ocupando y estamos preocupados por la situación”, sostuvo el funcionario en diálogo con radio LT9 de Rosario.

“Estamos manteniendo contacto con las empresas. Sabemos de la complejidad que lleva esta situación, pero en la próximas horas va a haber algunas novedades sobre esto”, agregó el funcionario.

Por su parte, Vicentín emitió un comunicado el jueves en el que garantizó que “todos los esfuerzos de la empresa se encuentran dedicados a alcanzar los objetivos prioritarios que ha hecho saber a los distintos interesados: la defensa de las fuentes de trabajo, la rehabilitación de su actividad productiva, el restablecimiento de su operatoria comercial con sus productores y la reestructuración de su pasivo financiero".

En la nota dejó entrever la posibilidad de presentar su concurso de acreedores ante su estado financiero al que definió como “un tema de liquidez y no patrimonial”.

Desde diciembre, la compañía que opera hace 90 años en la localidad de Avellaneda, al norte de Santa Fe, mantiene paradas sus plantas del Gran Rosario y sus casi 2.000 empleados están suspendidos.

Llegó a la situación de cesación de pagos con una deuda estimada en unos USD 1.300 millones, de la cual una tercera parte está contraída con bancos locales (al Banco Nación le debe $18.300 millones, hoy unos USD 300 millones) y otra tercera parte, con bancos internacionales.

La cerealera entró en cesación de pagos el 4 de diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares. El 24 de enero pasado Vicentín presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) a sus acreedores para evitar el concurso preventivo.

Además propuso un plan de pagos que contempla la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en un plazo de hasta ocho años para corredores y acopiadores, a quienes le reconocía la dolarización de los créditos y no les establecía ninguna quita.

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