El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Marcos Galperin y a los integrantes del directorio de Mercado Libre por considerarlos autores de los delitos de defraudación contra la administración pública, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
La denuncia, basada en información periodística de La Política Online, está sustentada en que los imputados habrían recibido información privilegiada para vender Letras del Tesoro 12 días antes del reperfilamiento de esos títulos que anunció el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Así, la empresa habría evitado que esos papeles quedaran atrapados en el default, como detalla la denuncia de Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en el Criminal y Correccional Federal Nº 9.
En diálogo con este medio, voceros de Mercado Libre destacaron que “nunca accedieron a información clasificada de ningún tipo", que el fondo común de inversiones donde estaban esos títulos lo maneja el Banco Industrial en su nombre y que ese tipo de venta de activos fue “una constante” de las carteras de inversión luego de las PASO. Además, explican que como el reperfilamiento sólo alcanzó a las personas jurídicas y no a las humanas, que son más del 98% de los integrantes de su fondo, tampoco sus clientes se hubieran visto afectados luego de esa medida del gobierno de Cambiemos.
Con todo, muchos fondos comunes de inversión estuvieron sin actividad por varios días y cuando volvieron a operar algunos cuotapartistas tuvieron fuertes pérdidas.
Lecaps
Según la denuncia, Mercado Libre se desprendió de $1.126,4 millones en Lecaps S30G9, $151,9 millones en Lecaps S13S9 y $18,1 millones en Letes L2DG9.
La denuncia, siempre basada en datos periodísticos, también menciona “otras acontecimientos que exponen presuntos beneficios” que habría obtenido la sociedad. Por ejemplo, una devolución a la AFIP por $500 millones que nunca sucedió, en 2017, un cuestionado crédito con el Banco Nación por $4.000 millones y beneficios del 70% en contribuciones y 60% del impuesto a las Ganancias que corresponden a la ley de Economía del Conocimiento, que se votó el año pasado y que dejó en stand by la actual administración.
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