El Gobierno busca poner en marcha una vieja promesa: terminar la usina de Río Turbio y hacer del yacimiento de carbón una empresa productiva

La designación de Aníbal Fernández como interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) sorprendió al mundo político y, en particular, a la llamada “Cuenca Carbonífera”, sede de la empresa fundada en 1958 como “Yacimientos Carboníferos Fiscales”.

“Es una figura políticamente fuerte que tendrá que resolver problemas como el de sectores sindicales ligados a Matías Mazú (el diputado provincial kirchnerista). YCRT no puede funcionar con turnos de 6 horas, una inmensa cantidad de feriados y otras condiciones bajo las cuales es imposible que una mina produzca eficientemente”, le dijo a Infobae Mario Capello, ex Gerente de Explotación de la empresa, cuyo status jurídico es desde 2002 el de una “hacienda productiva” bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.

Más allá de eventuales tareas vinculadas con la política y el mundo judicial, el ex jefe de Gabinete, ex ministro del Interior, ex Senador Nacional, ex ministro de Producción (en la presidencia interina de Eduardo Duhalde), ex secretario general de la gobernación bonaerense, ex intendente de Quilmes y –el año pasado- precandidato a Concejal de Pinamar, tendrá el desafío de avanzar uno de los proyectos que el kirchnerismo anunció con bombos y platillos pero que nunca estuvo siquiera cerca de concretar.

Ya en diciembre, según consignaron medios santacruceños ligados al gobierno provincial, la gobernadora Alicia Kirchner había reclamado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que designe al nuevo interventor de YCRT. Su candidato era Carlos Zannini. Pero la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner prefirió a Zannini en la Procuraduría del Tesoro de la Nación para que sea jefe del cuerpo de abogados del Estado.

El propio Aníbal Fernández le dijo a Infobae que se enteró de la designación por llamado de Alicia Kirchner y que el presidente le pidió “que ponga todo a funcionar”, desafío que –agregó– afrontará sin problemas porque “cuando tenés disciplina intelectual hacés la diferencia”.

Además, en la semana que pasó, la vicepresidente visitó la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, en compañía no sólo de la gobernadora y parte de su gabinete; también estuvo allí Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, quien estuvo detenido en la causa de los Cuadernos. Electroingeniería es uno de los socios locales (el otro es la mendocina Hidrocuyo) de la UTE Represas Patagonia, que encabeza la china Gezhouba Group Corporation, que detenta 70% de las acciones y es el principal inversor y financista en las represas.

La idea del gobierno provincial sería terminar, vía Gezhouba o algún otro grupo chino y con palanca del gobierno nacional, la “Megausina termoeléctrica” de Río Turbio. Para ello, el actual jefe de Gabinete y ex ministro de Producción de Alicia Kirchner, Leonardo Álvarez –señalado en su momento por el senador opositor Eduardo Costa porque una empresa de su familia, Transporte Álvarez, prestó servicios para la UTE encabezada por Gezhouba– constituyó un área de “Relaciones Internacionales”.

La apuesta por China tiene larga data: comenzó con un muy promocionado pero finalmente nonato “megapréstamo” de 20.000 millones de dólares en 2004 y tuvo expresiones concretas en el primer “canje de monedas” que engordó las reservas del Banco Central, en la concesión por 50 años de un área de 200 hectáreas en Neuquén, para la construcción de una “Base Espacial China” cuya actividad está exenta de impuestos, y en las represas patagónicas.

Más arduo será que los chinos terminen la “megausina” prometida en Río Turbio y logren que YCRT alcance estándares de productividad internacionales.

Usina y carbón

“La usina es una ínfima parte de lo que necesita YCRT para ser sustentable”, dice Capello, quien cree que el verdadero negocio no es la generación eléctrica, sino la extracción y venta de carbón. China es, de hecho, el principal productor y consumidor mundial y, según Capello el de Río Turbio “es un yacimiento de clase mundial, con más de 700 millones de toneladas de reservas de un carbón demandado en el mundo por su alto poder calórico (5.400 kilocalorías/kilo) y bajo contenido de azufre (menos del 0,7%)”.

Capello remonta las evidencias del plan provincial a 2019, cuando el 13 de agosto, dos días después de las PASO que prácticamente aseguraron la derrota de la candidatura a la reelección del entonces presidente Mauricio Macri, los gremios paralizaron YCRT, que bajo la intervención de Omar Zeidán, miembro de una familia de largo arraigo en Río Turbio (su hermano Samir es además Concejal de la localidad) había logrado rehabilitar la línea ferroviaria de Río Turbio a Río Gallegos y exportar dos cargas de 30.000 toneladas de carbón a Brasil. Ahora, el gobierno provincial acusa a Zeidán de haber sumado 400 empleados en el último año y el ex interventor responde diciendo que se necesitaban para trabajar en dos nuevos “frentes de mina”.

Se estima que sin esa paralización YCRT podría haber llegado a cinco embarques, al punto que se recibió un pedido de 100.000 toneladas mensuales (nivel de producción lejano a sus posibilidades actuales) de una trader norteamericana; EEUU es otro gran consumidor mundial de carbón.

Concretar ese proyecto no será sencillo. Terminar el primero de los dos módulos de la “megausina” demandaría unos 30 millones de dólares, y terminar los dos insumiría más de 200 millones. Además, habría que garantizar la provisión de al menos 600.000 toneladas anuales de carbón y exportar el excedente.

Con semejante nivel de inversión y una lógica expectativa de renta, no es sencillo atraer empresas (chinas o no) interesadas. Pero, dice Capello, las posibilidades están. Pese a las preocupaciones ambientales, en lo que va del siglo el consumo mundial de carbón aumentó 54% y no deja de ser una esperanza para Río Turbio, la vecina 28 de Noviembre, el paraje Julia Dufour y el regimiento del Ejército en Rospentek, únicos enclaves de población en esa parte de la Argentina. Del otro lado de la frontera están Puerto Natales y, más abajo, Punta Arenas, la principal ciudad del sur chileno.

Más allá de las consideraciones geopolíticas, la idea de una YCRT productiva y eficiente corre a contramano de la historia de las últimas décadas.

Un paper en base a datos de YCRT y las Sindicatura y Auditoría General de la Nación (Sigen y AGN) elaborado por el economista energético Alejandro Einstoss Tinto, y publicado por la Fundación Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE) de la Universidad de Belgrano, destaca algunos hitos del carbón de Río Turbio:

- En 1892 se descubrieron los primeros “afloramientos naturales” en la zona de Cancha Carrera, al norte de Rio Turbio

- Durante la Segunda Guerra Mundial, las restricciones a la importación de carbón y las eventuales posibilidades de exportación impulsaron los planes de producción: en 1943 se creó la Dirección de Combustibles Sólidos Minerales y se inició la apertura de la mina de Río Turbio y la producción de carbón con destino a Buenos Aires.

- En 1950 se inauguró la planta depuradora y en 1951 el ramal ferroviario Río Turbio-Río Gallegos, iniciándose el asentamiento de familiares de los mineros. Finalmente, en 1958, tres años del derrocamiento de Perón, que había dado el impulso inicial, el gobierno de la llamada “Revolución Libertadora” creó Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y comenzó la explotación a gran escala.

- El pico de producción se alcanzó en 1980, con la extracción de un millón y medio de toneladas de carbón bruto, a lo que siguió un proceso de declive debido al hallazgo del megayacimiento de Gas Natural Loma de la Lata, en Neuquén, fuente de combustible más abundante, limpio y barato.

- En 1993, el gobierno de Carlos Menem privatizó YCF bajo modalidad de concesión a 10 años al empresario Sergio Taselli, quien en 2002 entró en concurso de acreedores y el gobierno de Eduardo Duhalde, en acuerdo con el gobernador Néstor Kirchner, revoca la concesión e interviene la empresa. Desde entonces se sucedieron siete interventores. Aníbal Fernández es el octavo.

Tragedia

En 2004 ocurrió la más grande tragedia en la historia de YCF/YCRT: 14 mineros murieron en un incendio. La respuesta del gobierno nacional, ya en manos de Kirchner, fue el “programa de Reconversión de YCRT”, anunciado en 2006, de transformar YCRT en empresa carboeléctrica con la construcción de una Usina de 240 MW (dos módulos de 120 MW) y la puesta en valor de la mina, el ramal ferroviario y los puertos de Punta Loyola y Río Gallegos.

El plan prometía llevar la producción a 2 millones de toneladas/año de carbón y aumentar las reservas a un horizonte de explotación de 30 años. Además de alimentar la usina, se vendería carbón y energía a los mercados interno y externo.

El proyecto fue adjudicado a una UTE encabezada por la española Isolux-Corsan y en junio de 2008 se suscribió el contrato: la “nueva YCRT” comenzaría a funcionar en diciembre de 2011. Según la Sigen, la obra, inicialmente presupuestada en 857 millones de dólares, sufrió once modificaciones aprobadas por el ministerio de Planificación Federal, entonces bajo la égida de Julio De Vido, terminó insumiendo 1.631 millones de dólares. Una “inauguración” forzada" terminó quemando la caldera del primer módulo y la usina debió apagarse a las dos semanas, para nunca volver a encenderse.

El paper precisa que entre 2003 y 2016, entre aportes salariales y aportes de capital para el proyecto, la Nación transfirió a YCRT $26.047millones a valores históricos, que actualizados por el costo de la construcción equivalían a $102.800 millones en septiembre de 2017. Aplicando el mismo índice para llevar los valores a diciembre 2019, la suma resultante es $225.000 millones.

Hay allí más que excesos presupuestarios del proyecto, supuestas triangulaciones con una Fundación de la sede Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional, pagos de “logística” por $157 millones a una empresa del entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, contratos en los que incluso una empresa de catering dio como referencia al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y adelantos para obras que ni se iniciaron, sino también una “explosión” de empleo: en 2013, la cantidad de empleados se había casi cuadruplicado respecto de 2004, cuando ocurrió la muerte de 14 mineros.

La conjunción de presupuesto, fallas de planificación y explosión de empleo resultaron en una brutal caída de productividad: en el quinquenio que va de 2011 (fecha en que debía inaugurarse la usina) a 2015 (cuando se inauguró de apuro) la extracción total de carbón fue de 842.000 toneladas, 85% por debajo de lo planeado y poco más de la mitad de lo extraído en un sólo año: 1980. Los ingresos por venta de carbón cubrieron apenas el 0,01% de los gastos operativos y de capital de YCRT y la productividad, en toneladas anuales de carbón extraído por empleado, cayó también 85%.

La baja producción al menos sirve para no agravar demasiado la cuestión ambiental. En un libro a publicarse en marzo sobre el sistema energético argentino, Einstoss Tinto dice que el principal problema histórico de YCRT en materia ambiental es la acumulación de residuos y el vertido de efluentes del proceso de “lavado del carbón” acumulado en los márgenes de los arroyos que alimentan el Río Turbio. Ya en 2008, precisa, el volumen de “materia estéril” alcanzaba los 30 millones de toneladas, que contaminan el suelo, napas freáticas y cursos de agua.

La “megausina” proyectada prevé utilizar carbón sin tratamiento, eliminando el proceso de depuración, lo que lleva a otro problema, dice el especialista: “el tratamiento y disposición de las cenizas”. De hecho, según Capello, la disposición de ceniza es uno de los costos más importantes a afrontar por cualquier operador si el yacimiento alguna vez empieza a funcionar cerca de lo que dicen los planes.

Otro problema ambiental es la acumulación de maquinaria herrumbrada, como el “cementerio de locomotoras”, que la agrupación “Los Verdes” publicado por Greenpeace, incluyó en un exhaustivo estudio sobre YCRT.

En cualquier caso, si Aníbal Fernández no logra recuperar el mínimo orden como para atraer la inversión y el expertise carbonífero chino, quedará el recurso al presupuesto nacional. Ése fue el camino que intentó Cristina Fernández cuando en noviembre de 2015 envió al Congreso el proyecto de reestatización de YCRT, aprobado por Diputados el 26 de ese mes: YCRT sería una empresa mixta con mayoría estatal con una partida inicial de $5.000 millones de la Nación.

El 9 de diciembre, último día de mandato de la ahora vicepresidente, el oficialismo buscó la aprobación del Senado, pero no la logró. Entre los peronistas que se negaron estaba Miguel Ángel Pichetto, aunque el senador que rechazó más enfáticamente la iniciativa, invocando la cuestión ambiental, fue Fernando “Pino” Solanas, hoy designado embajador en la Unesco del gobierno de Alberto Fernández. En un duro cruce con el senador santacruceño Pablo González, luego vicegobernador de Alicia Kirchner, Solanas también le enrostró “el nido de corrupción en que convirtieron el yacimiento".

Por eso YCRT siguió siendo una dependencia sin personería jurídica, una “hacienda productiva” que el gobierno de Mauricio Macri puso inicialmente bajo el ministerio de Energía y luego pasó al de Producción.

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