¿Cuáles son los finales posibles de la saga del BP21, el bono bonaerense cuya segundo vencimiento de capital, por 250 millones de dólares, la provincia debía pagar originalmente el 26 de enero?
El 14 de ese mes, el gobierno bonaerense anunció mediante una solicitada que había pedido el consentimiento de los acreedores para extender el vencimiento al 1 de mayo, pero pagando los intereses, por 25 millones de la moneda norteamericana. De todos modos, aún no los pagó y tiene hasta un mes desde el vencimiento del plazo original para hacerlo. El consentimiento necesario para cambiar las condiciones sin incurrir en default es del 75% del valor de los bonos BP21.
Inicialmente, el plazo límite fue el mismo 26 de enero. Luego, Kicillof extendió el plazo al día de hoy, pero este mediodía decidió extenderlo hasta el lunes 3 a las 13 horas, dando tiempo a dos alternativas: lograr el 75% de aceptación o que el gobierno nacional, de algún modo, suministre los fondos para evitar el default, que, si no hay un pago, se materializaría el 5 de febrero; ese día habrán transcurridos 10 días corridos desde el 26 de enero.
De este modo, los posibles desenlaces son tres, a saber:
Aceptación
Si los tenedores de bonos de al menos el 75 % del valor de la emisión (que fue de 750 millones de dólares en 2011, por parte del primer gobierno de Daniel Scioli) aceptan el diferimiento, se habrá evitado el default y se abriría una etapa de negociación (hasta el 1 de mayo) en la que la provincia debería dar a conocer el cambio de condiciones que ofrece y que los bonistas deberían aceptar o rechazar. Esta posibilidad depende fundamentalmente de las agónicas negociaciones con el principal tenedor del BP21, Fidelity Investments, uno de los 10 fondos de inversión más grandes del mundo, y de gigantes como el Bank of America. De darse este desenlace, en la siguiente etapa la Provincia tendría como guía el resultado de la renegociación de la deuda federal, que el gobierno nacional pretende concluir el 31 de marzo.
Pago
La provincia o –menos improbable- el gobierno nacional hace un gesto conciliador y suministra los fondos para pagar el vencimiento y evitar el default, de modo de no complicar la negociación de la deuda federal, por un monto mucho mayor a la bonaerense. El dinero podría suministrarlo, por caso, contra futuras descuentos a los envíos de “coparticipación federal”. Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a Buenos Aires el 12 de febrero, una semana después de la fecha límite para incurrir o evitar el default. Difícilmente al FMI le guste un trasfondo de default “subnacional”, en especial de la provincia más grande del país y gobernada por el mismo signo político que el gobierno nacional.
En este caso, el principal costo sería político e interno: tanto el presidente Alberto Fernández como su ministro de Economía, Martín Guzmán habían dicho que las estrategias nacional y bonaerense estaban coordinadas y que la Nación no auxiliaría a Buenos Aires. Al doble pestañeo de Kicillof, que ya prorrogó dos veces su “ultimatum” a los bonistas, se sumaría el del gobierno nacional. Una posición incómoda de cara a los sectores más combativos de la coalición de gobierno.
Default (Cesación de pagos)
La provincia no paga y los bonistas denuncian a la justicia de Estados Unidos el incumplimiento del estado bonaerense, pidiendo además la declaración de default sobre toda la deuda provincial bajo ley de Nueva York, en virtud de las cláusulas de “default cruzado” con que se emitieron los distintos tipos de bonos. Declarado el default bonaerense, habría consecuencias en dos frentes. Por un lado, el default de la provincia más grande del país “contagiaría” a los demás bonos provinciales. Ni Buenos Aires ni las demás provincias tienen actualmente acceso al mercado internacional de bonos; lo que se le encarecería es el simple financiamiento bancario local, poniendo más presión sobre las finanzas provinciales y aumentando el riesgo de que más provincias entren en default. Las que tienen agendas de pago internacional más exigentes respecto de sus ingresos son, después de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Neuquén, Salta y Córdoba, precisa un informe de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (gráfico)
Pero la principal tensión recaería sobre la deuda federal, sometiendo a un estrés adicional a los bonos. Un efecto indeseable de tal desarrollo sería que algunos fondos realicen la pérdida de sus tenencias argentinas, vendiéndoselos a valores de default a especialistas en “distressed debt”, más conocidos como “vulture funds” o simplemente “fondos buitre”, especializados en litigar contra estados soberanos. La jurisprudencia de los litigios por las restructuraciones de 2005 y 2010, cuando la Justicia norteamericana falló en contra de la Argentina, jugaría a favor de futuros buitres y holdouts.
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