Mañana vence el plazo para que la provincia de Buenos Aires consiga la adhesión de los bonistas y no caer en default la semana próxima

Este viernes a las 13 se sabrá si llega o no al 75% de aceptación necesaria para postergar el pago del bono 2021 por USD 250 millones; el gobierno de Axel Kicillof asegura que mantiene un diálogo permanente con los acreedores; el 5 de febrero es la fecha límite para abonar

El gobernador y su ministro de Economía, en diálogo constante con los acreedores de la provincia para llegar a un consenso

El gobierno de la provincia de Buenos Aires entró en la cuenta regresiva para saber si entra o no en default la semana próxima.

Mañana a las 13 vence el plazo para saber si logró la aceptación del 75% de los bonistas que tienen el bono 2021 para postergar el pago de USD 250 millones hasta mayo próximo.

Fuentes del gobierno bonaerense indicaron a Infobae que tanto el gobernador Axel Kicillof como su ministro de Economía, Pablo López, mantienen un “diálogo permanente” con los bonistas para llegar a este porcentaje mínimo para cambiar una cláusula de este título público. En este caso, pasar la fecha de pago que venció el 26 de enero (y que cuenta con 10 días de gracia, hasta el 5 de febrero, antes de caer en default) o aplazarlo hasta mayo, como pidió el gobernador.

El gobernador y su ministro de Economía desarrollan en estas horas un diálogo constante con los acreedores de la Provincia para llegar a un acuerdo que, por ahora, luce difícil

Las fuentes admitieron que el diálogo es “muy difícil” dado el escaso tiempo que resta y la gran dispersión que existe entre los acreedores. “Están extremando posiciones”, agregó la fuente.

Por su parte, una calificada fuente del mercado coincidió en pronosticar que “va a ser muy complicado que el gobierno de la provincia llegue al consenso que necesita; de hecho, el mercado ya descuenta que no pagará a tiempo este bono y que en unos meses habrá una propuesta del gobierno nacional para toda la deuda del país para reestructurar los pagos”. Los precios de las cotizaciones de hoy, con una paridad de 35 a 40 centavos por lámina, reflejaban este ánimo.

Kicillof y Vidal, durante la transición provincial

En los últimos días, el gobernador subrayó la responsabilidad del gobierno de María Eugenia Vidal por el fuerte aumento del endeudamiento en dólares que registró la provincia desde 2016, mientras que el equipo de Cambiemos relativiza este aumento y asegura que el incremento que hubo se utilizó para aumentar el nivel de obra pública en la principal provincia del país. Atrás quedaron las sonrisas que habían caracterizado la transición entre ambos.

Equidistante de la discusión política, el mercado cree que el desenlace ya está escrito: “Los precios están entre 35 y 40, así que reflejan un evento de no pago”, agregó el ejecutivo del sistema financiero.

“A todos los fondos y en particular a los más grandes les cuesta firmar un consentimiento para aceptar la postergación de un pago contra una promesa de algo que no saben si se va a cumplir o no”, aclaró.

Según un análisis reservado que circula en el sistema financiero, la probabilidad implícita en el BP21 de que haya default en unos días es de 70%, frente al 20% que existía a principios de este mes, cuando el bono operaba en USD 70 (antes de la oferta de reperfilamiento por parte de la Provincia). Por lo tanto, aunque los inversores tomaron como real la advertencia de un default que realizaron en conjunto la Provincia y la Nación, aun así no aceptaron la propuesta de Kicillof, pese al escaso tiempo que resta hasta el deadline de mañana.

Este informe indica que seguramente los fondos de inversión que litigaron contra la Argentina hasta 2016 preferirán volver a los tribunales antes que aceptar un acuerdo de resultado incierto.

La duda en el mercado es si un default bonaerense complicará la renegociación de la deuda nacional o si, por el contrario, se utilizará como ejemplo de la dureza con la que el Gobierno encarará este proceso en marzo, tal como informó anoche el Ministerio de Economía.

Al respecto un informe de la consultora ECO GO que dirige Marina Dal Poggetto indicó que todos los escenarios son malos para la Provincia. “La opción de pagar en tiempo y forma con fondos propios evitaría el escenario de un default unilateral ante la negativa de los acreedores a postergar la obligación, aunque implicaría un daño a la credibilidad de la Provincia una vez que se afirmó que no hay posibilidad de pagar. Si la Provincia evita el default después de la amenaza y la Nación reestructura en forma amigable, se reducen los incentivos de los tenedores para iniciar una negociación con la Provincia para reestructurar el resto de la deuda", se indicó.

En tanto, “si el pago se hiciera vía un rescate de la Nación, el daño colateral podría filtrarse a esta última, que en un contexto de escasez de recursos terminaría sumando el “rescate a Provincias” como un pasivo contingente a futuro (riesgo moral); esta última opción fue descartada por el ministro de Economía en su conferencia del martes 21 de enero”.

Por último, “la materialización de un default unilateral abriría un escenario incierto, con cláusulas de cross default respecto a otras emisiones internacionales del sub-soberano y donde aparecen las dudas sobre si los acreedores forzarían una aceleración del capital (se requiere un 25% de las tenencias para acelerar y un 50% para rescindir una aceleración)”, indicó la consultora.

Por lo tanto, concluyó, el “mejor escenario para la Provincia consistiría en lograr la aceptación de la propuesta de postergación del pago, ganando tiempo a la espera del avance de las negociaciones de la Nación, que actuarían como señal y referencia para las demás provincias que elijan reestructurar; el mayor riesgo en este punto se materializaría si la Nación no logra avanzar en una reestructuración exitosa o si hay dilaciones en el tiempo, dejando de lado la posibilidad de que la Provincia se suba” al acuerdo de la Nación, aumentando las chances de un default".

La duda es qué efecto podría tener un default sobre el resto de la economía, en medio de un proceso de alta inflación y sin un plan económico que pueda generar confianza entre los inversores nacionales y extranjeros.

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