En medio de su afán por influir el ritmo de avance de los precios de bienes de consumo, lejos de poner el foco en lo que haga el Banco Central con la política monetaria el Gobierno de Alberto Fernández blande en estos días la amenaza de avanzar con la Ley de Góndolas como una de sus principales cartas a la hora de sentar a negociar a los grandes comercios.
El proyecto impulsado por la bancada del Peronismo Federal consiguió la media sanción en noviembre pasado y según el propio presidente llegará al Senado para ser incluida dentro de las sesiones extraordinarias. La iniciativa, que pesa sólo sobre supermercados y otras grandes superficies, busca regular qué porción de las góndolas puede ser ocupada por un mismo producto o proveedor, con el objetivo de pisar los precios a fuerza de competencia. Entre los supermercados, por su parte, se quejan por los costos que esto generaría, por el hecho de que la mayor parte de los comercios no quedaría sometido a estas nuevas normas y porque, dicen, no en todos los productos existe variedad suficiente como para alcanzar los estándares que fija el proyecto.
¿Cuál es el eje del proyecto?
Esencialmente apunta a regular la exhibición de productos en supermercados. Tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto establece que para cada categoría de productos, ninguna marca individual -o marcas de una misma empresa o grupo económico- podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% a partir del segundo año. Establece además un mínimo de cinco proveedores por producto. Aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listados de productos incluidos que se elaboraría en caso de que el proyecto se transforme en ley.
La norma establece que una empresa no pueda tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y establece un mínimo de cinco proveedores por cada uno
Espacio para pymes
Los establecimientos alcanzados deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. Se establece también la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales. Los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola.
Regulaciones sobre pagos y condiciones
Además de fijar espacios en góndolas, la norma se detiene en las condiciones de pago que pueden fijar los supermercados a sus proveedores. Para empezar, el plazo máximo de pagos no podrá superar los 90 días. Los sujetos no podrán exigirles a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. En la negociación contractual entre los supermercados y el proveedor de uno o varios productos determinados no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión. Tampoco podrán interponerse las condiciones o variaciones de los precios de terceros proveedores.
¿Sobre quiénes pesa la regulación?
Las normas sobre exposición en góndolas se aplican sobre un universo muy acotado de comercios, los más grandes. Pesa solamente sobre “supermercados y supermercados totales o hipermercados”, que cuenten con más de 50 bocas de expendio en el país. Tal como está delimitado, ese universo comprende a 13 empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden en torno al 26% de la cadena comercial del país. Las empresas más chicas, con menos de 345 empleados, quedarían excentas de cumplir esta normativa.
Tal como está diseñada, la ley afecta a sólo trece empresas dueñas de supermercados de todo el país que facturan $1.700 millones al año y comprenden en torno al 26% de la cadena comercial
¿Qué objetivo busca y quién controla?
El fin es bajar los precios que pagan los consumidores en supermercados. La estimación de los autores al momento de la elaboración del proyecto era ambiciosa. Hablaban de una reducción de entre 25% y 35% en los precios al público. El proyecto de Ley ubica al programa bajo la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, que será la encargada del control.
¿Cuáles son las críticas?
En primer lugar, al influir sólo sobre las grandes superficies comerciales se señala que no llegará a buena parte de la población que no accede fácilmente a ese segmento. Desde los principales supermercados y sus más grandes proveedores, por otra parte, hablan de una suba de costos por los problemas de stock que generaría sostener en exhibición marcas que no tienen la misma rotación que las líderes de un segmento. La Cámara de Comercio americana (Amcham), puso en números su rechazo al proyecto. Habló de aumentos de costos laborales en la cadena de comercialización del 20%, estimó además la pérdida de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo en el sector por por pérdida de rentabilidad y, por último, un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%
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