A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las arcas del Estado y también de los beneficiarios que cobran la mínima. Según voceros del Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo en una reunión de gabinete económico que el el Poder Ejecutivo otorgará un aumento por decreto con suma fija para todos los jubilados durante el mes de marzo aunque todavía no está definido el monto.
En este contexto, abogados previsionales consultados por Infobae señalaron que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una catarata de juicios. En pocas palabras, los especialistas coincidieron en que podría darse un nuevo caso Badaro.
El jubilado Adolfo Badaro obtuvo sentencia en 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsional del Estudio Jubilarnos.com.
Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio (Falcone)
Sostuvo que sería distinto si el Gobierno modificara la ley y cambiara la forma de calcular la movilidad en un sentido solidario pero a partir de julio y no ahora. “Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio. Sobre todo teniendo en cuenta que los jubilados con mayores haberes tienen abogados y van a reclamar”, advirtió. “Sin dudas que esto puede generar nuevos casos como el de Badaro aunque en este caso se trata de jubilados que cobran más haberes”, agregó.
En esa misma línea, el abogado Adrián Tróccoli, del Estudio homónimo, detalló que en casos de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos al tiempo que añadió que no se puede hacerlo de forma indefinida y de manera confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Te pueden reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.
Para Tróccoli, en junio la reducción del aumento va a ser confiscatoria. Asimismo, indicó que para que haya un juicio, tiene que haber un daño resarcible. “Si le sacas un 1% a un jubilado por un tiempo no pasa nada. Si le quitan 10% hasta junio y en septiembre se lo retribuyen, tampoco pasa nada. El problema es que parece que van a achatar la pirámide, pero no por unos día sino sostenido en el tiempo”, describió.
Según el abogado previsionalista, el problema grave no es que le den un aumento insuficiente por 6 meses a los jubilados sino que al mes 7 no se lo recuperen. “Si esto se consolida y el daño se mantiene a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas va a haber muchos juicios”, aclaró.
Los aumentos se calculan según semestres anteriores. Con la ley de movilidad se sabía que los jubilados iban a cobrar en marzo el 11,56% y en junio entre un 14 y un 15%.
Cabe destacar que lo que trascendió este miércoles es que el Gobierno otorgará un aumento con suma fija para todos los jubilados durante marzo. “Todavía no está definido el monto. Cualquier cifra que se informe es especulación y será inexacta” porque hay que "ser responsables ante la aguda crisis que estamos viviendo”, informó una fuente de la Casa Rosada.
A su turno, Federico Bobrovsky, abogado previsionalista del estudio homónimo, coincidió con sus colegas al afirmar que ya está devengado el 11,56% de aumento de haberes correspondientes a marzo por lo que el Gobierno “no le pueden aumentar menos a los jubilados”.
“Hay que ver qué pasa con las movilidades siguientes a las de marzo y junio, sobre todo lo que pasa con los salarios de actividad. Porque si las paritarias empiezan a cerrar con aumentos mayores de lo que es la movilidad, habrá un argumento fuerte para que se puedan empezar a hacer presentaciones de juicios nuevos o le puede sumar argumentos para los juicios que ya están en curso”, manifestó.
Sostuvo asimismo que si el periodo de aumento de haberes de marzo estaba devengado y se había incorporado al patrimonio de los jubilados, más allá de que el pago está diferido, “existe una afectación a los derechos de propiedad”.
“Están generando problemas judiciales. De seguir por este camino se puede gestar un nuevo caso Badaro sin lugar a dudas. Estas diferencias entre lo que se le da a los jubilados que menos cobran y lo que se les da a los que más cobran, sumado a paritarias con aumentos importantes, va a generar las condiciones para que se genere un nuevo caso Badaro”, insistió.
Para Bobrovsky, el Gobierno podría haber suspendido la movilidad para que no se devengue otro período a partir de septiembre. “Pero este período de acá a junio lo tenés que pagar sí o sí”, aclaró.
Asimismo, Silvia Arce, abogada y socia del estudio Jubilarnos.com se expresó en ese sentido: “Ya los aumentos de marzo y junio están devengados por una ley existente. Los aumentos se calculan según semestres anteriores. Con la ley de movilidad se sabía que los jubilados iban a cobrar en marzo el 11,56% y en junio entre un 14 y un 15%”.
Todos los que queden fuera del aumento del 11,56% van a poder iniciar juicio porque les generan un perjuicio (Arce)
“Una cosa es que la ley esté suspendida y después en septiembre y diciembre podes bajar el aumento. Pero lo que ya tiene efecto para marzo y junio es un derecho adquirido. Van a generar una contingencia previsional si no dan el aumento previsto. Falta definir cuál va a ser la medida concreta del Gobierno. Todos los que queden fuera del aumento del 11,56% van a poder iniciar juicio porque les generan un perjuicio. Es totalmente probable que se venga una ola de juicios en el caso que haya jubilados que no tengan aumentos del 11,56% en marzo y del 14% en junio, que son subas ya devengadas”, concluyó.
Escenarios posibles
"Mientras se trabaja en la nueva fórmula y, probablemente se espera un marco de negociación con el FMI para incluir esa modificación bajo el mote de reforma estructural, los aumentos se otorgarán de forma trimestral por decreto del Poder Ejecutivo”, señaló un informe de la consultora PxQ, que dirige el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. Agregó que actualmente, cerca del 50% de los jubilados cobran por debajo del haber mínimo, con lo cual la medida implicaría achicar la pirámide previsional.
A partir de estos primeros trascendidos, PxQ simuló tres escenarios en los que se aplican fórmulas de ajuste que respetan la premisa de dar un aumento que represente un incremento de 11,6% para los jubilados de la mínima.
En el Escenario A se aplica un aumento de suma fija para todos los jubilados de $1.632 en marzo de este año. Esto significaría un 11,6% de incremento para los que cobran la mínima (cerca del 50% del total). Para los que reciben entre uno y dos haberes mínimos (aproximadamente 25% del total) este aumento representaría en promedio un 8% de aumento y para el resto, los de los deciles más altos, la suma implicaría entre un 2% y un 5%.
“Este escenario supone que durante todo 2020 se aplique un esquema similar, otorgando aumentos trimestrales de suma fija que se establecen de forma tal que para los jubilados que cobren la mínima el incremento en términos porcentuales sea similar al que recibirían con la vieja fórmula. Así, en diciembre de este año el haber mínimo estaría 50,2% por encima del valor actual, los jubilados que cobran entre una y dos jubilaciones mínimas recibirían un incremento anual cercano al 30% y los ingresos de los escalones más altos subirían 17% anual en promedio”, sostiene la consultora.
En el Escenario B se aplica el aumento de 11,6% para los jubilados que cobren hasta dos haberes mínimos ($28.136). En este caso los beneficiarios que están por encima de dicho límite cobrarían una suma fija de $3.264 (el 11,6% de $28.136). De esta forma, a finales de 2020 los ingresos de aproximadamente el 75% de los jubilados habrían subido 50% en comparación con diciembre de 2019. El 25% de los beneficiarios que reciben mayores ingresos recibirían un aumento anual de 25%, en promedio.
Por último, en el Escenario C la fórmula de actualización se aplica sobre el monto total, pero se modifica el esquema de distribución. Es decir, en marzo de 2020 aumentaría 11,6% el total del gasto en jubilaciones, pero en lugar de aplicarse ese incremento sobre todos los haberes, se otorga un aumento mayor (15%) a los jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas y un 8% en promedio al resto. “En este escenario los beneficiarios que hoy perciben hasta $28.136 recibirían en 2020 un aumento de 69% mientras que el haber de los jubilados con más altos ingresos aumentaría en ese período cerca de 33%”, señala la consultora.
Y concluye: “Lo que se puede apreciar a partir de este ejercicio es que se podría lograr el objetivo de mejorar el resultado primario reduciendo el monto total que se gasta en jubilaciones sin perjudicar a los sectores de menos ingresos. En estos casos el costo lo pagarían los jubilados que se ubican en los eslabones de ingresos más altos (relativamente) ya que recibirían un porcentaje de aumento menor, lo que podría implicar una contingencia legal a futuro para el fisco”.
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