A pocos días de la realización de una manifestación que se espera multitudinaria y de que expire la “Conciliación Voluntaria” entre empresas y sindicatos del sector petrolero por el despido de 685 y la suspensión de más de 1.200 trabajadores en Neuquén, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibirá hoy a las 17 horas a cámaras del sector y, del lado gremial, a Guillermo Pereyra, secretario del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y a Manuel Arévalo, del sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales del Petróleo de las mismas provincias.
Recién la semana pasada el gobierno reaccionó al conflicto, tal vez consciente de lo poco que resta para una potencial escalada.
El jueves, el presidente Alberto Fernández, recibió a los ejecutivos y el viernes los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, escucharon la versión de los sindicatos. El mismo día, la cartera de Kulfas indicó que el gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, que incluirá desde el “blindaje” de Vaca Muerta hasta normas para la recuperación secundaria y terciaria de pozos petroleros y gasíferos.
Mientras, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, fatigó pasillos y despachos ministeriales para alertar sobre la gravedad de la situación y pedir definiciones de política petrolera y energética, que hasta el anuncio del viernes se limitaron al congelamiento por 180 días del precio de los hidrocarburos y de la electricidad mediante la “ley de emergencia”, y al congelamiento de facto y sin plazo de las naftas, aunque hubo un amago de aumento del 5% que se postergó hasta nuevo aviso.
La cuestión trasciende a las empresas y trabajadores del sector. También gobernadores e intendentes están preocupados por el congelamiento del precio de los hidrocarburos “en boca de pozo”, que carcome sus ingresos por regalías e Ingresos Brutos.
Muchos intendentes, dijo Pereyra a Infobae, comprometieron su apoyo a la protesta del jueves 23 en Neuquén, en la que esperan juntar no menos de 30.000 manifestantes.
El conflicto se desató el 6 de diciembre, cuando las empresas empezaron los despidos y suspensiones por turno y se dictó la Conciliación Obligatoria. “No tenía sentido pedirle reunión al gobierno de Macri, así que esperamos hasta el 11 de diciembre para ver cómo seguíamos. Pero no nos llamó nadie, ni el gobierno ni las empresas, y decidimos seguir esperando hasta el fin de la conciliación obligatoria, que expiró el 27 de diciembre”, recordó Pereyra.
Ahí los trabajadores “dimos otra señal”, prosiguió el representante gremial, y se inició una “Conciliación Voluntaria” con las empresas, que siguieron con las suspensiones por turno pero postergaron los despidos de los 685 trabajadores a los que habían enviado telegrama. Ese plazo vence el martes 28. Si para entonces no hay acuerdo y las empresas proceden con los despidos “se activa el paro”, dijo Pereyra.
Los problemas comenzaron con el decreto 566, de Macri, que congeló hidrocarburos y combustibles para morigerar la escalada inflacionaria tras su derrota en las elecciones primarias (PASO) de agosto pasado. Los gobernadores aliados al kirchnerismo, alegando un asalto a sus ingresos por regalías, recurrieron a la Justicia, que rechazó el planteo. Macri inició el descongelamiento en octubre y aprobó otros dos aumentos en noviembre,
Pero el nuevo gobierno endureció lo que los gobiernos aliados habían criticado tan enfáticamente.
Paciencia e inversiones
En la reunión del jueves, el presidente les dijo a los empresarios que la energía es un sector “estratégico”, les pidió paciencia y les prometió un “sendero” de precios para que puedan planificar sus actividades e inversiones.
Según Pereyra, dos empresas de servicios petroleros que operan en Neuquén, San Antonio y Halliburton, le adelantaron que dejarían sin efecto los despidos, que en el caso de San Antonio son nada menos que 170. “Pero queremos que lo comuniquen a través de las cámaras petroleras”, enfatizó.
El CEO de San Antonio es Jesús Grande, quien fue mano derecha en YPF de Miguel Galuccio, cuando éste fue importado por consejo de gobernador entrerriano Sergio Urribarri y decisión de Cristina Kirchner, para presidir la petrolera de mayoría estatal.
El plan de inversiones de YPF es, precisamente, una de las preocupaciones de gobernadores, intendentes y trabajadores de las provincias petroleras. Según José Lludgar, secretario del sindicato de Petroleros Jerárquicos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la empresa que ahora preside Guillermo Nielsen recortará en nada menos que 25% (unos 900 millones de dólares) su inversión respecto de 2019, por el congelamiento de los combustibles. Eso fue al menos lo que le dijo al diario Río Negro luego de acompañar al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y a su ministro de Hidrocarburos, Martín Cerda, a una reunión con Nielsen y con el secretario de Energía, Sergio Lanziani.
En la petrolera estatal nadie quiere decir “esta boca es mía”, pero es palpable la preocupación por el congelamiento, que afecta su plan de inversiones y podría llevarla a pedir subsidios del gobierno nacional.
Entre las empresas privadas, en particular las extranjeras con inversiones en Vaca Muerta, causaron preocupación las declaraciones del presidente en la entrevista que concedió al portal “El cohete a la Luna”, de Horacio Verbitsky, en las que relativizó la importancia de la formación más grande de hidrocarburos del país y pareció conceder que el gobierno priorizaría la “recuperación terciaria” en yacimientos convencionales.
“¿Sabés cuántas empresas extranjeras, con toda su tecnología, están haciendo recuperación terciaria en la Argentina?, preguntó retóricamente a Infobae un importantísimo actor del sector petrolero. “Cero”, se auto-respondió. “En Vaca Muerta, en cambio, hay más de quince”.
Esas cuestiones están detrás de la reunión de hoy, en la que Moroni, un viejo amigo de Alberto Fernández, intentará poner paños fríos al conflicto inmediato en Neuquén, mientras el presidente decide cuál será, finalmente, la política energética de su gobierno.
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