Los contadores le pidieron al Gobierno que flexibilice las condiciones para que las empresas ingresen a la moratoria aprobada por el Congreso

Los contadores le pidieron al Ministerio de Economía que flexibilice las condiciones para que las pequeñas empresas puedan adherir a la moratoria incluida en la ley de emergencia económica.

En una reunión entre la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Gabriela Russo, se habló sobre el paquete impositivo incluido en la Emergencia votada por el Congreso Nacional.

“A la moratoria votada por el Congreso entran las Pyme que están registradas como tales; pero la obtención del certificado exige demasiados requisitos. Deberían flexibilizar esas condiciones”, explicó Russo a Infobae.

Otros contadores consideraron que la moratoria debería incluir a todas las empresas, no solo a las Pyme, debido a la recesión de los últimos años.

Julián Ruiz dijo que “la definición de Pyme la determina la Secretaría de Pequeña y Mediana empresa, que no tomó en cuenta la inflación, así que muchas empresas quedan afuera de esta categorización en forma artificial. Así que sería prudente que hubiera una rápida actualización para que entren en la moratoria más empresas, en un contexto de problemas económicos, con el objetivo de que no se pierdan fuentes de trabajo”.

Más allá de la moratoria, la presidenta del Consejo consideró que hay varios puntos que todavía deben ser aclarados por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont. “Salió todo muy rápido y estamos colaborando con el gobierno para la reglamentación de la nueva ley”, aclaró.

El abogado tributarista Diego Fraga dijo que “todas las empresas que no encuadren como MiPyME o entidad sin fin de lucro se pierden los importantes beneficios que traen esas moratorias: condonación de multas e intereses y de sanciones penales, además de un plan de pagos bastante generoso, de hasta 120 cuotas”.

“Las leyes aprobadas hacen una discriminación irrazonable sobre la base de un parámetro arbitrario como es la facturación, a pesar de que la crisis les ha pegado a todas las empresas, sin importar el tamaño”, expresó Fraga.

Según el abogado, “no sólo están perjudicando a las empresas, sino que también al Estado, que pierde bastante recaudación por las empresas que no encuadren en la calidad de PyME, o entidades sin fines de lucro”.

“Al no poder entrar en las moratorias van a seguir discutiendo los ajustes por las vías que habilita la legislación. Son procesos que insumen muchos años frente a la posibilidad de asegurarse un flujo por un acceso más amplio a la moratoria”, concluyó.

Ezequiel Passarelli dijo que “si la empresa está mal, el que termina sufriendo es el trabajador, en definitiva; por eso, si bien existe un discurso políticamente aceptado en cuanto a que las Pymes son buenas y las grandes empresas son malas”.

“En definitiva, la moratoria debería ser para todos. Porque los empleados de las grandes empresas, muchas de capitales nacionales, si a esta le va mal, se queda sin trabajo. Y la economía los golpeó a todos por igual”, aclaró.

Más allá de la moratoria, la presidenta del Consejo consideró que hay varios puntos que todavía deben ser aclarados por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont. “Salió todo muy rápido y estamos colaborando con el gobierno para la reglamentación de la nueva ley”, aclaró.

Una de las consecuencias de este apuro es que las empresas pequeñas no pudieron gozar del beneficio impositivo de reducción de las contribuciones patronales que estaba contemplada para enero de hasta $10 mil. “Habrá que rectificar las declaraciones juradas de enero y febrero y utilizar el beneficio recién en marzo”, expresó Russo.

De todos modos, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont ya les aclaró algunas cuestiones a los contadores. Por ejemplo, que el contribuyente que reingrese el 5% de sus activos financieros al país para no pagar la tasa del 2,25%, debe hacerlo en cada ejercicio fiscal y no una sola vez.

A su vez, el sector de la construcción le propuso al Gobierno que permita que ese porcentaje que reingresa al país, en lugar de quedar inmovilizado en una cuenta bancaria todo el año, pueda utilizarse para la generación de nuevas viviendas.

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