¿Quién tiene razón en la discusión sobre la deuda bonaerense: el gobernador Axel Kicillof o su predecesora, María Eugenia Vidal? ¿Se puede pagar esta deuda sin una reestructuración?
Las cifras del informe de la Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires difundido en diciembre pasado le dan parcialmente la razón al actual gobernador. Sin embargo, su estrategia de confrontación puede terminar perjudicando a la Provincia y, tal vez, a la Nación en la renegociación de la deuda.
Uno de los ejes que expuso ayer Kicillof es la fuerte dolarización de los pasivos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. El otro es que creció demasiado la relación de deuda frente a los ingresos provinciales.
La composición por moneda de los servicios de la deuda pública es del 57,9% en dólares, del 36,6% en pesos y del 5,5% en euros.
El perfil de vencimientos es del 21,2% en el corto plazo, del 50,4% de mediano plazo y del 28,4% de largo plazo.
El stock de la deuda pública en pesos pasó del 42,1% al 19,8% entre 2015 y 2018 y, al tercer trimestre del 2019 (último dato oficial disponible), bajó al 18,5 por ciento. El promedio 2007-2015 había sido del 54,4 por ciento.
En cambio, el stock de la deuda en dólares pasó del 43% al 68,3% entre 2015 y 2019 y en euros pasó del 14,3% al 12,7%. En el período 2007-2015, habían sido de 30,8% y 14,2 por ciento, respectivamente.
En el caso de los servicios de la deuda, se pasó en pesos del 58,4% al 50,5% entre 2015 y 2019 y en dólares del 39% al 41,2 por ciento.
En términos de la composición de la deuda por jurisdicción, los bonos bajo ley local pasaron del 42,2% al 25,7% en los últimos cuatro años, frente a un promedio del 55% entre 2007 y 2015.
En cambio, los emitidos bajo ley externa crecieron del 57,8% al 72,7% en el mismo período.
La tasa promedio en pesos pasó del 12,5% al 37,5% y en dólares del 7,5% al 8%.
La variación anual del stock de deuda en pesos fue del 25,2% en 2015 y del 37,2% en 2019; en dólares, cayó el 11,4% en 2015 y el 1,3% en dólares.
En relación al perfil de vencimientos, el monto más alto es 2020 con pagos por $168.886 millones, seguido por $151.713 millones en 2021, $123.721 millones en 2022 y $131.175 millones en 2023; en 2024 baja a $60.563 millones y sube a $89.521 millones en 2025.
Según las estadísticas oficiales, entre los años 2007 y 2015, el porcentaje de deuda sobre los recursos totales de la provincia era del 71%; en 2019, subió al 72%. En tanto, la relación deuda-Producto Bruto Geográfico pasó del 8,3% al 9,8%, respectivamente.
“Al 30 de septiembre de 2019 la deuda pública estimada de la Provincia de Buenos Aires fue de $648.646,1 millones, equivalentes a USD 11.263,2 millones al tipo de cambio del cierre del tercer trimestre; ello se compara con un stock de $506.314,5 millones (equivalentes a USD 11.923,7 millones) al 30 de junio de 2019, y con $470.775,0 millones (equivalentes USD 11.412,7 millones) al 30 de septiembre de 2018”, comienza el reporte.
En dólares, el stock de deuda pública se redujo en USD 660,5 millones con respecto a junio 2019 y en USD 149,6 millones respecto a septiembre 2018.
Más allá de las cifras, cabe explicar las razones de los cambios registrados. Por un lado, el mercado de deuda en pesos había sido pulverizado por la manipulación de los datos del Indec entre 2007-2015; por el otro, la provincia, al igual que la Nación, pudo volver a financiarse en dólares cuando el país salió del default en 2016.
Además, como señaló el equipo de Hernán Lacunza, el aumento de la deuda durante la gestión de la ex gobernadora se canalizó en buena medida en un aumento de la inversión en obras de infraestructura, que había bajado abruptamente en el período de Daniel Scioli, el funcionario que aprobó la emisión del bono 2021 que ahora está bajo la mirada de todos.
La otra cuestión es si Kicillof podía elegir otro camino en lugar de plantear una postergación unilateral del pago de este bono y la respuesta es que sí, según los acreedores de la Provincia y los funcionarios de la gestión Vidal.
Al tanto del problema que enfrentaría apenas empezaba su gestión, pudo haber acordado una postergación en forma consensuada, ya que, a veces, gritarles a los acreedores no significa pagar menos, como lo demuestran las abultadas cuentas que dejó pendientes el propio Kicillof cuando fue ministro de Economía en la expropiación de YPF y en el pago al Club de París.
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