Con una suba promedio por año de 53,3% desde 1935, no hay inflación psicológica

El presidente Alberto Fernández sostuvo, en varias oportunidades, que los argentinos tenemos una inflación psicológica porque que las empresas aumentan los precios sin ninguna razón y obtienen utilidades que no son razonables.

En primer lugar, cabe destacar que entre 1935, cuando se creó el BCRA, y 2019, la inflación promedio anual fue del 53,3% acumulando una inflación de 386.829 billones por ciento, con lo cual haría 84 años que tenemos problemas psicológicos.

Es más, la tasa de inflación actual está en línea con la inflación promedio de los 83 años precedentes, así que más que problemas psicológicos tenemos claros problemas de pérdida en el poder adquisitivo del peso.

En realidad, la economía es la ciencia social que trata de explicar cómo funciona la economía en el contexto de la acción humana. Si se tiene en claro este punto, entonces, lo que el Presidente llama inflación psicológica, en rigor es expectativas inflacionarias, ya sea por nuestra memoria inflacionaria y por las expectativas que genera determinada política económica.

En rigor esas expectativas inflacionarias de los agentes económicos están basadas en políticas monetarias concretas. Más específicamente, en diciembre, el circulante, no la base monetaria sino el circulante, creció el 12,2% respecto a noviembre. Con la baja demanda de moneda que hay en Argentina, volcar al mercado un 12,2% de moneda no es gratis en materia inflacionaria.

Pero, ¿existe una inflación psicológica? En rigor lo que hay son comportamientos microeconómicos en base a las expectativas macroeconómicas. Si se espera que el gobierno de las señales de ir a un control de precios y salarios, lo más probable es que cada uno de los agentes económicos se anticipe a esas decisiones. ¿Es esto malo? En rigor el empresario está tratando de defender su capital de trabajo. Si tiene que vender sus productos por debajo del costo de reposición, pierde su capital de trabajo y entra en pérdidas.

Un país como la Argentina, en el cual desde 1935 se destruyeron 4 signos monetarios y éste está agonizando, es muy difícil hacer un cálculo económico. Por eso el argentino eligió el dólar como reserva de valor que le permite calcular precios y costos.

Incluso los alimentos, que en muchísimos casos son bienes transables con el resto del mundo, es lógico que el empresario los calcule en base al tipo de cambio de pesos por dólar. Que un bien sea transable quiere decir que si internamente el Estado obliga a venderlo a un precio menor al que puede venderse en el mercado internacional, el productor u oferente trata de anticiparse y ponerlo al precio internacional, antes que establezca el control de precios.

Los bienes no se definen por solamente por la evolución del tipo de cambio, sino por el costo interno y el precio externo que tienen si es un bien transable. Recordemos que en su momento, por establecer un precio en dólares para el gas menor al precio internacional, desaparecieron las inversiones del sector al punto que hubo que importar gas licuado.

El Estado fijador de precios

Pero nuevamente se habla de controlar costos y utilidades y no precios. Es lo que sostenía el ex secretario de comercio Guillermo Moreno: miraba los costos, establecía una ganancia “razonable” y en base a eso fijaba un precio de venta. Si un funcionario establece qué costos corresponden computar y cuáles no y además fija una ganancia “razonable”, en su teoría que los costos determinan los precios, de hecho está controlando los precios por más que diga que controla los costos y no los precios. Controlan los precios controlando costos de producción y rentabilidad.

Ahora bien, en la realidad, no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios que la gente está dispuesta a pagar por un bien los que determinan los costos en que puede incurrir una empresa.

Si quisiera cobrar USD 1.000.000 por cada conferencia, lo más probable es que no podría incurrir en ningún costo porque nadie me pagaría esos honorarios. Son los honorarios que están dispuestos a pagarme lo que determina la cantidad de conferencias que pueda dar en un período de tiempo, y los costos en que puedo incurrir. De manera que ya tenemos un primer problema de razonamiento en la formación de precios.

Pero hay un problema adicional. Se habla de rentabilidad razonable. ¿Qué es una rentabilidad razonable? ¿Quién determina lo que es razonable y lo que no es razonable? ¿Acaso es el mismo riesgo institucional invertir en Irlanda que en la Argentina? ¿Es lo mismo la previsibilidad de las reglas de juego en un país que en otro? Obviamente que la respuesta en negativa.

La Argentina tiene una larga tradición de confiscaciones, cambios abruptos en las reglas de juego, impuestos confiscatorios, falta de respeto por los derechos de propiedad, etc. Esto hace que el riesgo de hundir una inversión sea tan alto que sean muy pocos los potenciales negocios que puedan resistir una tasa rentabilidad esperada en base al riesgo país, no como la diferencia entre la tasa de un bono argentino respecto al norteamericano, sino como el riesgo de invertir bajo ciertas reglas de juego y encontrarse, en el medio de la inversión, con un cambio de reglas impuesto por el Estado.

No es casualidad que exista una extensa bibliografía que relaciona la economía con las instituciones.

Al respecto Mancur Olson tiene libros muy interesantes que muestran por qué unos países crecen y otros no. Auge y Decadencia de las Naciones y Poder y Prosperidad son dos de sus obras que pueden citarse, que relacionan como la calidad institucional y la previsibilidad en las reglas de juego influyen en el crecimiento económico de los países y el bienestar de su población.

Justamente, la larga decadencia argentina es consecuencia de la ausencia de reglas que sean previsibles para quien quiere hundir una inversión. Por eso el riesgo institucional de invertir en Argentina aumentó tanto que casi no hay tasas de rentabilidad que puedan cubrirse del riesgo institucional. Es de esta forma que se explica el aumento de la pobreza. Baja calidad institucional o medidas arbitrarias se traducen en más riesgo más, menos inversiones y menor salario real, como por ejemplo que el Estado defina una tasa de rentabilidad “razonable”.

En síntesis, si algún problema psicológico podemos señalar de la Argentina, es que constantemente elegimos reglas de juego arbitrarias, basadas en que unos son pobres porque otros son ricos. Por lo tanto hay que confiscarles a los ricos para darles a los pobres. Eso lleva a riesgos de institucionales tan altos que y cada vez somos menos productivos porque terminamos dándole a los gobierno los mismos poderes que gozaban las monarquías absolutistas. Justamente la inversa al constitucionalismo moderno que lucho por imponerle límites a los gobiernos para evitar la incertidumbre institucional.

Seguí leyendo: