A medida que se acerca el primer mes de mandato, el Gobierno acelera decisiones con un objetivo coincidente: evitar que los ingresos sigan perdiendo la carrera contra la inflación. El primer trimestre es siempre complicado en la Argentina, porque la inflación se mantiene alta pero los aumentos salariales recién llegan entre mayo y junio. Eso explica la suba por decreto que se anunció el viernes. Una suerte de “puente” para que los empleados no sigan perdiendo la carrera contra los precios. La idea es primero detener la caída del consumo y un poco más adelante apuntar a una recuperación, en un país cuya economía depende en buena medida de la demanda interna.
Las idas y vueltas del precio alrededor de un posible aumento del precio de la nafta esta semana reflejó claramente cuál es la prioridad en esta etapa. Un incremento de los combustibles hubiera impactado favorablemente entre las empresas petroleras, enviando una señal sobre la importancia de no alejarse del valor internacional, sobre todo pensando en el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, se privilegió mantener el precio congelado en el arranque de 2020.
La intención fue básicamente evitar otro golpe al bolsillo y usar al precio del combustible como “ancla” para conseguir una baja en la inflación de enero, el primer dato del primer mes completo de gestión de Alberto Fernández. La estabilidad del dólar y el congelamiento tarifario son los otros elementos que permitirían que la inflación baje del 4% este mes. ¿Y la señal para los inversores? Evidentemente no es prioridad al menos en este momento.
Una serie de políticas activas por parte del Gobierno buscan revivir el consumo interno, muy golpeado en 2019 por efecto de una inflación galopante. Los aumentos salariales por decreto son un “puente” hasta las paritarias, que recién definen aumentos para mayo o junio
Los bonos a jubilados y planes sociales, más el aumento por decreto a asalariados son sólo una parte de la estrategia oficial. Pero hay varias decisiones adicionales ya en marcha, que definieron entre el propio Presidente Alberto Fernández y sus referentes económicos: el ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Producción, Matías Kulfas y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca:
- Congelamiento tarifario hasta mediados de año para luz y gas y por 120 días para el transporte.
- Dólar estable en el corto plazo para evitar mayor traslado a precios de una eventual devaluación. Las presiones para conseguir un tipo de cambio más alto por ahora se canalizaron a través del diferencial de 30% para turismo.
- Relanzamiento del programa “Precios Cuidados”: con el regreso de marcas de primera línea, habrá un listado ampliado de productos. El objetivo es compensar al menos parcialmente la reimplantación del IVA para productos de la canasta básica.
- Créditos a tasas subsidiadas y bajas de encajes para financiar a las pymes: la Anses ya anunció que quienes tomaron préstamos a través del organismo tendrán tres meses de gracia y luego baja de tasas sobre las líneas ya tomadas. Por otra parte, el Central anunció que rebajará encajes para aquellos bancos que le presten a pequeñas empresas a tasas no mayores del 40% anual. Esto permitiría financiar capital de trabajo a tasas mucho más bajas que las vigentes en la actualidad.
Junto a los aumentos puntuales de ingresos se complementan otras medidas: congelamiento tarifario, ancla del dólar para evitar un mayor salto de la inflación y créditos subsidiados con tasas negativas
La estrategia de revivir la economía interna no está exenta de peligros. Uno de ellos es que las “políticas activas” provoque un impacto sobre el gasto público y aumente el rojo de las cuentas públicas. Un informe para inversores de Consultatio indica que “si durante el primer trimestre no se dan signos de recuperación, habría un aumento mayor del gasto público y esto impactaría negativamente en los resultados fiscales”.
La megaley aprobada en el Congreso procuró aumentar los ingresos públicos a través de una serie de aumentos de impuestos, pero al mismo tiempo también hay presión para un mayor incremento de gasto. El peor escenario es que suba la presión impositiva, pero que no se logre el ajuste de las cuentas públicas. Sería una señal extremadamente negativa para los inversores, en un momento en el que el Gobierno precisa ir hacia un canje de deuda y dar señales de austeridad.
El otro gran peligro es el de un posible abuso de la política monetaria, más concretamente de la emisión de pesos por parte del Banco Central. Sólo en el último bimestre de 2019 se emitieron casi 500.000 millones de pesos, entre compra de dólares y financiamiento al Tesoro, a través de adelantos transitorios. Claro que es un período de mayor demanda de dinero, por lo que la oferta de pesos del BCRA es recibida adecuadamente en el mercado.
El peor mensaje para los inversores sería que el aumento de la presión tributaria sólo servirá para solventar un aumento del gasto, sin avanzar en un ajuste real de las cuentas públicas. Pero el gran dato que miran los mercados es qué pasará con la renegociación de la deuda en este primer trimestre
La gran prueba ocurrirá en febrero, cuando el titular del BCRA, Miguel Pesce, tenga que salir a absorber esos pesos excedentes, en medio de un proceso de baja de tasas de interés y más flexiblidad a los bancos para que otorguen crédito. Si la “sintonía fina” no funciona, puede producirse un recrudecimiento de la inflación, generando un retroceso en el proceso de salida de la crisis.
En el medio de las políticas activas del flamante Gobierno para salir de la crisis, la renegociación de la deuda aparece como el gran hecho relevante del primer trimestre. El avance o no para salir del “default virtual” será lo que marque si las chances de recuperación son reales o sólo otro intento por conseguir una mejoría artificial y de corto plazo.
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